Aún no es tiempo de realizar un balance de las posiciones expresadas en el debate sobre las iniciativas calderonistas en materia de petróleo ni sobre el alcance de su difusión. Sin embargo, ya resulta evidente que ni sus partidarios han logrado justificar su congruencia desde el campo constitucional ni ocultar su perfil privatizador. Visto así, en términos formales, bastaría con que se rechazaran dichas propuestas por argumentos de notoria y previa inconstitucionalidad. Pero estamos en México, con la hegemonía de una clase política sujeta más a las dinámicas del mercadeo de votos legislativos que a los intereses populares. Por ello es importante la preparación de una consulta en el Distrito Federal para el próximo 27 de julio y sería ideal que buena parte de las entidades hicieran lo propio. Lo que no se ve factible es que la Junta de Coordinación Política del Senado tome alguna iniciativa a este respecto.
Este escenario supone que el Frente Amplio Progresista ya está claro de que no caminará la propuesta de aprobar el referendo confirmatorio antes de hacerlo respecto a las iniciativas a dictaminar. De manera implícita se dejó de lado una posibilidad que es básica para lograr un mecanismo de control sobre las decisiones del Congreso de la Unión, sobre todo las relativas a cuestiones fundamentales, como es el caso del petróleo.
Al entrar en el terreno de la consulta, nos encontraremos que en el Distrito Federal es un mecanismo legal de democracia participativa que supone impacto espacial para el ámbito de las facultades locales. Para el caso, deviene en la utilización de un mecanismo ante todo político de expresión de la voluntad popular sobre un tema fundamental para la nación con impacto en todo el país, pero sin carácter vinculatorio frente al Congreso de la Unión, por más que algunos juristas destacados le encuentren algún cobijo constitucional en el artículo 26 de la Carta Magna, que faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática; lo real es que no son equivalentes los ámbitos de la planeación con los de la facultad de legislar. Sin embargo, si los legisladores del PRIAN actúan en contra de la voluntad popular se elevará el costo político sobre sus decisiones en el relativamente cercano año electoral 2009. Es muy crudo plantearlo así, pero es el único impacto que a ellos puede eventualmente importarles.
Por otra parte, cabe aclarar que las diversas expresiones del Movimiento en Defensa del Petróleo o de las autoridades de las entidades que promuevan una consulta popular tienen el evidente respaldo garantista de la defensa de la nación; ése es el interés superior que guía el rechazo a la privatización del petróleo. Eso no está a discusión. Lo lamentable es que a estas alturas, con tantos años de movilizaciones democráticas, aún no se cuente a nivel federal con mecanismos de democracia participativa como el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular. Reformas “del Estado” van y vienen y sólo ajustan las reglas electorales.
Es con esos mecanismos que en otros países se han impuesto decisiones históricas: el plebiscito nacional chileno de 1988, con base constitucional, durante el régimen militar que votó por el no a la continuidad de Augusto Pinochet, lo que implicó la realización de elecciones democráticas y el fin de la dictadura. También la consulta popular fue un mecanismo legalmente establecido y utilizado en 2004 en Bolivia en el marco de la movilización conocida como la Guerra del Gas, si bien con fuerte polémica, incluso respecto al contenido de las preguntas.
Cabe recordar que en nuestro país, en el contexto del movimiento zapatista, se realizaron importantes consultas que congregaron a muy amplios sectores y se constituyeron en espacios de reflexión y discusión sobre el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, e incluso, la primera fue sobre la preeminencia de la vía política para el propio EZLN. Más recientemente está la consulta en torno al Fobaproa. Viene a cuento tenerlas en mente para analizar los escenarios próximos en la defensa del petróleo. Hoy por hoy está muy claro que la organización de ese movimiento impidió un contenido aún más profundo de la privatización deseada por el calderonismo y sus aliados; también se detuvo la aprobación rápida.
No tarda la campaña mediática en contra de la consulta popular, el desgarre de vestiduras en torno a la fuerza de las instituciones y las acusaciones sobre la aparente inutilidad del debate o sobre su manejo como “táctica dilatoria”. Sin embargo, pese a los espacios ganados para discutir posturas, es evidente que el Movimiento en Defensa del Petróleo no se puede cruzar de brazos a esperar la buena voluntad del PRIAN. El reto sigue presente: al impedir la aprobación de leyes privatizadoras se abona al fin último, que es detener el rumbo neoliberal que han impuesto al país.
