Coinciden hoy en México una serie de situaciones que ponen en evidencia las repercusiones adversas de las políticas públicas que se han tomado en el periodo de los últimos 30 años.
La administración del petróleo y sus derivados desde el auge de los precios a principios de la década de 1980 dejó, paradójicamente, en una condición de extrema fragilidad a una industria y una empresa claves para la economía. La conveniencia política y la comodidad fiscal que permitía a los sucesivos gobiernos la renta petrolera fue un despropósito de dimensiones históricas. No es el único.
Hoy, en pleno debate sobre el uso del petróleo, se nota la carencia de una visión estratégica para el uso de los recursos en el largo plazo. Si el asunto se aborda desde una perspectiva económica, dicha propuesta podría centrarse en el diseño de las mejores condiciones que, conforme a la información actual y las prospecciones disponibles, permiten planear razonablemente en torno a la industria petrolera en particular y el sector energético en general.
Sobre la base de los recursos de hidrocarburos con que se cuenta habría que concentrarse en pensar la forma de articular su explotación con las cadenas de producción de valor que sostengan un mayor crecimiento y, sobre todo, la productividad a lo largo del sistema económico.
Los recursos que se requieren para tender esa línea de industrialización podrían definirse en función de dicha estrategia y, entonces, decidir sobre su origen, ya sea público, privado, nacional o extranjero. Así tendría más sentido todo el argumento sobre la propiedad estatal de los recursos del subsuelo según establece hoy la Constitución. De igual modo, esta referencia serviría, en su caso, para ajustarla según sea necesario. No antes.
Una pregunta que habría que hacerse a partir del tortuoso camino que está siguiendo la reforma propuesta por Felipe Calderón es acerca de la enorme dificultad que entraña plantearse los debates que son esenciales. Es patente el desencuentro para sentar una plataforma que sirva para idear el país y, solo después, sobre ella, proponer las distintas visiones que existen desde las posiciones políticas que usualmente se identifican con la derecha y la izquierda. Hasta ahora el maniqueísmo de ambas partes ha sido la norma en este caso.
La experiencia durante 30 años no ha sido positiva en el diseño y la aplicación de las políticas públicas, y esta cuestión se asocia con las posturas ideológicas que han prevalecido; pero van más allá de ellas. Esto contribuye al estado actual del problema petrolero y energético.
Pero las definiciones de la gestión pública y sus efectos adversos se extienden por todo el territorio de la actividad del Estado y, por lo tanto por el de su contraparte, el sector privado. Es cada vez más difícil para este gobierno sostener una situación que no quiere cambiar de forma esencial y que cada vez menos puede alterar.
Así sucede ahora con el tema de la carestía de los alimentos. La administración de la producción agrícola en un entorno de fuerte desigualdad social en el campo ha dejado muy expuesta una actividad básica para la seguridad de la población. La política agrícola es central en las políticas de Estado en todas partes. Ahora el gobierno tiene que reaccionar con la reducción de los aranceles para importar comida, lo que ocurre en un mercado internacional de altos precios que se transmitirán al resto del sistema e incidirán en una mayor inflación, fenómeno que será otra carga para un gobierno cada vez más sacudido.
¿Qué va a pasar luego de eliminar estas restricciones a la importación? Esta medida podría ser útil en una situación carestía temporal, no obstante ese no es el escenario que hoy se prevé. La OCDE y la FAO han señalado en sus Perspectivas Agrícolas para 2008-2017 que el entorno de altos precios cederá relativamente pero que se espera que el alza sea duradera y esté por encima del nivel registrado por más de dos décadas.
El estudio de referencia indica que se espera que los precios a escala mundial estén alrededor de 20 por ciento más arriba en el caso de la carne de bovino y puerco, el azúcar 30, el trigo, maíz y la leche en polvo entre 40 y 60 y los aceites vegetales más de 80 por ciento. De tal manera, no se puede eludir proponer una política agrícola de más largo alcance y no se advierte hoy que el abultado aparato burocrático formado por las secretarías de Agricultura, Reforma Agraria, Recursos Naturales y Medio Ambiente y, por supuesto Hacienda y Economía, estén con la mira puesta en este problema.
Las tendencias que marca la globalización en la que México se propuso entrar de lleno, han puesto al país contra las cuerdas y será necesario un esfuerzo político muy grande para enfrentar los conflictos que se avecinan. La derecha no tiene un rumbo claro y se agota, la izquierda juega a provocar el fuera de lugar pero es ahí donde se pone cada vez más seguido.
En este marco quedan por revisar asuntos sin los cuales será muy difícil salir del pasmo actual en el que otras naciones nos rebasan sin que tengamos capacidad efectiva de reacción. A debate urgente deben ponerse además, cuestiones cruciales como el sistema educativo, las comunicaciones, el financiamiento, la salud y la seguridad públicas. Asuntos hay de sobra. ¿Qué falta?
