La participación ciudadana es “una forma de controlar y moderar el poder inevitablemente otorgado a los representantes políticos”, dice Mauricio Merino (La participación ciudadana en la democracia, IFE, México, 2001); Jorge Balbis, por su parte, la define como “toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor al Estado y que intenta –con éxito o no– influir sobre las decisiones de la agenda pública” (Participación e incidencia política de las OSC en América Latina, ALOP, 2005). “Ampliar la presencia de la sociedad en la determinación de las políticas públicas es un compromiso del gobierno federal”, se asegura en el Plan Nacional de Desarrollo del calderonato.
No hay tal. En las filas de la alianza gobernante hay perceptible pánico por la respuesta popular que está logrando la convocatoria a la consulta ciudadana que se organiza para conocer la opinión de la sociedad sobre el intento gubernamental de dar lo principal de la industria petrolera a la iniciativa privada, tentativa que afecta al conjunto de los mexicanos y que provocaría, en caso de que prosperara, pérdidas gravísimas en su nivel de vida, de por sí castigado, y en la soberanía e independencia del país. Pero según Los Pinos ese tema, como muchos otros, está cerrado a la participación ciudadana. En este punto el grupo en el poder no tiene fisuras –el no a la consulta transita desde Calderón hasta Peña Nieto, pasando por el arzobispado y por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado– y al México bonito le tiene sin cuidado lo que los de abajo puedan o quieran decir al respecto. Consúltese el regaño de un subsecretario de desgobernación a Marcelo Ebrard: el calderonato ya llevó a cabo “las consultas y foros ciudadanos” para elaborar su Plan Nacional de Desarrollo y quien no habló ahí, ahora que calle para siempre.
En cambio, se ha decidido abrir un espacio de participación a los ciudadanos en la delación de delincuentes. Así se le ocurrió ayer al propio Felipe Calderón: “Hago un llamado a todos los capitalinos y a todos los mexicanos en general para que proveamos de información a la Policía Federal (...), que podamos proveer de esa información a la policía y que ésta la organice en inteligencia, a que denunciemos y castiguemos hoy para evitar mañana que se atente contra nosotros, porque la denuncia y la información que se proporciona ahora, son delitos que se pueden evitar el día de mañana (...) La denuncia y la información ciudadana son armas poderosas y no debemos dar ninguna ventaja a los delincuentes y ninguna cobertura social”.
Volveos soplones y seréis felices. Bravo por eso, pero hay tres problemillas para acatar la consigna: el primero es que los criminales suelen tener armas un poquito más poderosas que “la denuncia y la información ciudadana”; el segundo es que la Policía Federal Preventiva, a la que Calderón pretende borrar el segundo apellido, según se ve, parece estar infiltrada por estamentos de la delincuencia organizada, como puede inferirse de las recientes ejecuciones de algunos de sus mandos; por eso, si uno atiende la petición calderonista, puede sucederle –nunca se sabe– que del otro lado del mostrador o de la línea telefónica se encuentre justamente con el sujeto al que se pretende denunciar. Tal vez eso pudiera facilitar el trámite (porque vuelve innecesaria la descripción del sospechoso: “si usted se conoce mejor que nadie”), pero hay una tercera objeción: la ciudadanía se ha cansado de señalar ante las autoridades federales a quienes habrían podido cometer delitos varios –Ulises Ruiz, Mario Marín, los Bribiesca, Romero Deschamps, Mouriño y sigue una larga lista– y de recibir, a cambio, la noticia de la absolución del señalado. Por esas razones es de dudar que la convocatoria a la delación despierte mucho entusiasmo de participación entre la ciudadanía.
