A diario descubrimos los faltantes que nos legó la Gran Transformación de fin de siglo. La democracia se muestra huérfana de instituciones y lealtades, mientras la economía sufre una agresiva mezcla de insuficiencias y excesos cuyo resultado desolador es su vulnerabilidad frente a las veleidades del ciclo internacional y su incapacidad para ofrecer empleo e ingreso a quienes lo requieren.
Esta situación la arrastramos desde que quedó claro que la coyuntura internacional favorable de fin de siglo era efímera. En el año 2000, el presidente Zedillo pudo presumir de entregar el mando con crecimiento económico alto y estabilidad financiera, junto con una alternancia en la Presidencia de la República en la que pocos creían incluso en ese año de (des)gracia. Pero la fiesta duró poco.
Lo que Zedillo no entregó, porque no era de su interés, fue un sistema político capaz de hacerse cargo de las enormes tareas de construcción institucional que el país tenía enfrente, y de producir el ingenio político-económico necesario para encaminar a México por una senda sustentable de expansión y redistribución como la que necesita. El saldo mental y social, además del estructural, es lamentable, y sólo los tontos pueden insistir en culpar al “sistema” presidencialista –el PRI-gobierno, como lo llamara don Manuel Moreno Sánchez– de lo ocurrido. Aquello de los 70 o 100 años perdidos con que Fox quiso inspirar su absurda alternancia sólo puede ser cultivado por vividores, aunque deba reconocerse que la ocurrencia ha dado a algunos pingües beneficios.
Abrumador es sin duda el déficit mental. Aquí no sólo impera el desorden, que tanto sufría el senador José Luis Lamadrid; la ignorancia y la falta de reflejos políticos e intelectuales se han apoderado de la escena pública y mandan a la esquina todo empeño, así sea solamente intuitivo, por pensar de nuevo el cambio sufrido para encontrarle algún sentido promisorio. Las arengas de Felipe Calderón a sus colaboradores no hacen sino confirmar patéticamente la situación. Mal hará, por otro lado, quien piense que este déficit fundamental se aloja sólo en los corredores de Palacio.
La embestida mediática contra el Congreso, los estudiosos y los partidos que debaten sobre el rumbo de Pemex, es insólita, y de eso habría que hablar mucho y reflexionar más. La primera deliberación pública y ordenada del siglo, en el marco de los órganos colegiados representativos del Estado, es tildada desde el púlpito electrónico o patronal de desperdicio y satanizada a más no poder. En el país de las maravillas, como diría Armando Labra, el debate es denostado y quienes lo hicieron posible satanizados por haber “impedido” una deliberación imaginada como trámite por el gobierno y sus asociados solícitos. Un gato con los pies de trapo.
Pero debate ha habido, y la idea de discutir y escuchar a expertos se instala como práctica de la democracia mexicana en los organismos del Estado, como las cámaras, proverbialmente alejadas de ella. El costo pudo haber sido alto, pero por lo visto había que pagarlo.
Ahora resulta, en el entender de muchos, que reclamar una consulta pública es extravagante, antidemocrático, táctica tropical dilatoria. Puede ser lo que se quiera, pero es sobre todo parte del inventario parlamentario que no se riñe con la doctrina ni la práctica constitucional, aquí y donde sea. Exigir una consulta no es contrario a lo que establece la Constitución en lo relativo a nuestro régimen representativo. En realidad, una consulta como la solicitada podría contribuir a transparentar un déficit mayor de nuestra democracia “otorgada”: el de la participación directa de la ciudadanía en asuntos considerados fundamentales, para los cuales los órganos normales de la democracia representativa pueden ser insuficientes para la legitimidad y la eficacia de la decisión que esté en juego.
Así ha ocurrido en democracias tan imperfectas como ejemplares como la italiana, en el divorcio; la tica, en las comunicaciones; la uruguaya, en la energía. Así podría ocurrir en nuestro caso si dejáramos los juegos de abalorios y el letrismo y admitiéramos la imperfección cada día más evidente del edificio democrático erigido a toda prisa al final del siglo XX.
La consulta no puede ser vinculante según la ley de hoy, pero no sobra ni es nociva u hostil al funcionamiento de una democracia que corre el grave riesgo de ser expropiada por los grupos de interés y por los negocios a futuro, con los que al parecer se comprometieron los de una “victoria” cultural que ya resulta pírrica y muy costosa. Para todos.
Lo que sigue: Calderón, enfrentado y vilipendiado por quienes lo apoyaron y financiaron. Ahora resulta que es pecado capital hablar en público de la política monetaria y de sus responsables. En mala hora, pero bienvenida, esta grotesca exhibición de cultura rentista de que han hecho gala columnistas y merolicos, y algunos editoriales y editorialistas. El gobernador Ortiz tal vez aprenda el significado del dicho aquel de “no me defiendas compadre”. Ojalá y que junto con él, los responsables del gobierno tomen nota del hallazgo presidencial y asuman que el juego de manos entre las autonomías tiene un límite.
