La Jornada, 25 de junio 2008
■ La privatización de las ganancias deriva en la socialización de las pérdidas
No es la primera vez que se registra, pero en el debate de ayer en el Senado de la República ciertos ponentes intentaron reivindicar lo que llamaron “grandes logros” y “buenos resultados” de la política privatizadora seguida a lo largo de los últimos 26 años en México, la misma que, faltaba más, insisten en aplicar en Petróleos Mexicanos. Dicho así, con entusiasmo de los panegiristas –un funcionario calderonista entre ellos– pero sin aportar mayores elementos, algunos incautos podrían caer en el garlito y compartir tal aseveración, aunque si se documenta de qué se tratan esos “logros” y “resultados” el discurso rápidamente termina en el bote de la basura, al igual que, para efectos sociales, la misma política privatizadora.
Para no darle muchas vueltas al asunto, la Cepal nos regala un ilustrativo paseo por algunos de los resultados concretos de la privatización en México, y de lo que los promotores de ésta pomposamente han llamado “alianza público privada”, un calificativo que resulta más fácil de entender, que no de digerir, si se recurre a una sentencia más exacta: alianza para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Tomen sus asientos:
Con el nuevo modelo económico (de Miguel de la Madrid en adelante), el Estado abandona su función de agente del desarrollo y en gran medida subordina su acción a las necesidades del empresariado. En primer lugar, la crisis de 1982 afectó de manera radical los recursos financieros del Estado y dio el golpe final al modelo económico de sustitución de importaciones. A partir de esa fecha, llega al poder una clase política favorable a los intereses empresariales que considera que el eje de la economía debía ser el empresariado y no el Estado.
El proceso de privatización (especial, pero no únicamente, en la etapa salinista) no sólo dio preferencia a ciertos individuos, sino que en muchos casos se llevó a cabo a partir de decisiones que reflejan acuerdos informales y poco transparentes entre el vendedor y el adquirente, como fue el caso de Aeroméxico o la venta de Cananea al Grupo Minera México (Germán Larrea). En otras ocasiones estableció condiciones que permitieron pasar de un monopolio estatal a uno privado, en una situación de privilegio: como fue el caso de Telmex. Muchos de los beneficiarios de esta política fueron los dueños de los grupos económicos (en muchas ocasiones familiares), que ocupan los principales puestos de representación de las organizaciones más influyentes del sector privado (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Banqueros, la de Instituciones de Seguros), que a inicios de los noventa sumaban apenas 121 personas, que controlaban los hilos de la representación y el poder de negociación del sector privado. De hecho, desde la campaña presidencial salinista, miembros notables del CMHN participaron en la Comisión de Financiamiento del PRI y luego como asesores en el gobierno de Salinas (Claudio X. González, por ejemplo).
Las políticas económicas seguidas hasta mediados de los 80 dieron lugar a una gran concentración económica en pocos consorcios. Se esperaba que la concentración de la economía mexicana se redujera, una vez que el gobierno aplicara políticas económicas liberales y se alejara de las políticas proteccionistas. Sucedió lo contrario: la privatización salinista sentó las bases de una mayor concentración de la economía nacional debido a la forma en que se realizaron las privatizaciones y por la debilidad de la regulación sectorial, así como la ausencia de un ente estatal de competencia (hasta 1992) y su fragilidad, una vez creado.
El proceso privatizador y una política deliberada del gobierno de Salinas para fortalecer algunos grupos económicos nacionales, acentuó el proceso de concentración que se venía dando desde los años 60. Esto resultó en la creación de monopolios u oligopolios que los gobiernos siguientes no han sido capaces de controlar, y que conforman uno de los principales obstáculos a la competitividad de la economía mexicana. Tampoco el aparato judicial mexicano ayudó a “democratizar” los mercados.
El asunto de los monopolios privados es igualmente delicado. La privatización de Telmex preservó la integración vertical de la empresa y creó barreras legales para la entrada de otras compañías; se estableció un periodo de exclusividad de seis años para explotar el servicio de larga distancia nacional e internacional. Esto se refleja en costos de telefonía significativamente más elevados que en otros países de América Latina, en especial para los negocios.
El caso del sistema bancario es similar; las “reformas” que se efectuaron a raíz de la crisis de 1994-1995 dieron lugar a una concentración muy importante del sistema: la participación de los cinco bancos más grandes (ahora en manos de capital extranjero) creció de 74 a 88 por ciento en 2001. Pero la privatización y compra de los bancos por grupos financieros extranjeros no redujo los costos de intermediación ni se facilitó la obtención de los créditos. Mientras el crédito comercial está estancado desde 2001, el crédito al consumo (tarjetas de crédito, principalmente) presenta un repunte muy importante, consecuencia de los altos márgenes de intermediación. Por el contrario, hoy la mayor parte de las empresas no tiene acceso al crédito, lo que se refleja en que la falta de acceso al financiamiento sea considerada el tercer problema de los empresarios (encuesta CEESP, con 84 por ciento de respuestas). La “solución” Fobaproa que el gobierno zedillista dio a la crisis resultó demasiado generosa y desestimuló el préstamo bancario al sector privado. Como ilustración: para junio de 2000, 23 por ciento de los intereses totales de los bancos provino de los bonos Fobaproa.
Las rebanadas del pastel
Mañana seguimos con los “grandes logros” y los “buenos resultados” de la privatización en el país… En uno de los párrafos del México SA de ayer un “duende” de redacción –comúnmente llamado dedazo– se “comió” buena parte de las utilidades acumuladas por la banca. Así, la cifra correcta es 285 mil millones de pesos y no 85 mil, como apareció publicada en el referido párrafo. Mis disculpas por el dedazo., que de cualquier suerte no hace menos jugoso el negocio de los banqueros.
