La Jornada, 22 de junio 2008
■ El 2006, asignatura pendiente
Calderón desespera por legitimarse. Abusa del apoyo de medios y la propaganda pagada: 3 mil 500 millones de pesos en lo que va del año. El 10 por ciento del programa Oportunidades. Sin embargo, no puede lograrlo porque son malas sus causas, como la privatización de Pemex. En el fondo carece de legitimidad de origen: la mitad de la población creyó y cree todavía que no ganó las elecciones. Ser considerado usurpador por 40 millones es un problema crítico. A 18 meses de gestión, no convence a la clase política ni a gran parte del pueblo de que merece el cargo.
Y tiene el tiempo en contra: irán fluyendo investigaciones que pongan en tela de juicio los comicios presidenciales de 2006. Un ejemplo notable y reciente es el trabajo de José Antonio Crespo (2006 hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana). Crespo no intenta demostrar si hubo o no fraude. Simplemente coteja las actas oficiales con el principio de certeza que gobierna las elecciones mexicanas. Realiza un examen monumental de 60 mil actas de escrutinio, que equivalen a la mitad de los 300 distritos electorales, y calcula que hubo inconsistencias graves en número tal que rebasa tres veces la diferencia con la que pretendidamente ganó Calderón a AMLO. Lo grave, destaca, es que las autoridades electorales constataron las irregularidades, pero prefirieron plegarse al PAN y a Fox y validar los comicios. Éstas debieron anularse por la intervención del Presidente, los empresarios, la Iglesia católica y por las graves irregularidades en las propias urnas.
Investigaciones posteriores irán penetrando la verdad. Hay innumerables testimonios, registros y videos. El Poder Judicial ordenó la apertura de un pequeño número de actas: se encontró que había muchísimas boletas faltantes o sobrantes. Ajustes inexplicables en las actas, sin intervención de agentes especializados en fraudes electorales. También hay pruebas de la intervención del sindicato de maestros, comandado por Elba Esther Gordillo, experto en esas tareas.
Las elecciones de 2006 representan una regresión. Hoy nos parece un veranillo el periodo entre 1997 y 2000. Zedillo y sus secretarios de Gobernación demostraron voluntad y oficio para controlar la tendencia ancestral al fraude electoral. Hoy no sólo el IFE, el Trife, la Corte y hasta la CNDH han perdido independencia frente al Ejecutivo. Todos los órganos del Estado. Éste impone su voluntad sobre el pueblo y la ley. Se requiere gran organización popular para volver a poner las cosas en su cauce.
