AL PRINCIPIO
El sacerdote Juan Padilla Trueba decidió ser “la voz de los sin voz”.
Valientemente, hizo notar el nacimiento de una nueva causa de migración: el miedo.
La misa en memoria de Antonio Aguilar fue la ocasión propicia para que oiga quien tenga oídos para oír.
El problema es que las autoridades civiles carecen de respuestas.
Unos quieren que el Ejército “les saque las castañas del fuego”.
Otros se atrincheran en que es de jurisdicción federal.
Nadie atina a descifrar el fenómeno como multicausal y de la incumbencia de todos, pero cada quien cumpliendo su papel.
Si no se reforma la economía en dirección de la justicia social, hay narco para rato.
Si no se detecta y castiga el patrocinio político, hay narco para rato.
Si no se quiebran los circuitos financieros tan resguardados gracias al secreto bancario, hay narco para rato.
De nada sirve insistir en que el Ejército, al igual que en tiempos idos, cubra las ineptitudes de los gobiernos civiles.
EL ARTÍCULO CERO, CON LA NOVEDAD DE QUE LO QUE CREÍAMOS QUE HABÍA CAMBIADO, NO HA CAMBIADO
Hace unos cuantos meses escuché la denuncia de la esposa de un detenido que manifestaba que su marido era inocente y que si aceptó responsabilidades, fue por las torturas a las que fue sometido.
Me llamó la atención que la denuncia tuviera escaso eco tanto en el noticiero televisivo en que me enteré del asunto, como en el resto de los medios de comunicación.
No hubo posición al respecto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni siquiera estoy seguro de que se hubiera enterado.
Tampoco voces ciudadanas ni organismos gremiales dijeron algo al respecto.
Surgieron en mi mente las denuncias que en los años 80 y 90 del siglo pasado solíamos hacer los que veíamos en la práctica de la tortura policiaca una abominable manifestación de troglodismo gubernamental, y pude ver con claridad que, ahora, a diferencia de aquellas épocas, actuamos como si esta práctica no existiera. Sociedad y periodismo hemos bajado la guardia, y algo de responsabilidad nos cabe a la hora de constatar que aún siguen practicándose los métodos que equivocadamente creíamos superados.
“LA VIOLENCIA ES EL ÚLTIMO REFUGIO DEL INCOMPETENTE”
Isaac Asimov
Hace unas cuantas semanas, una atribulada madre me hizo saber que su hijo había sido detenido por la Policía Ministerial y sometido a formal proceso por asociación delictuosa y robo, conforme a la causa penal 109/08.
El motivo de su dolor no era la situación jurídica de su muchacho, sino su deplorable estado físico, consecuencia de los “interrogatorios” a los que fue sometido.
Tengo en mi poder el certificado de integridad física, en donde ni el médico legista se atreve a negar las siguientes lesiones: “zona equimótica escoriativa rojo vinosa de veinte por veinte mm situado en dorso de nariz osar al línea media anterior; zona equimótica de treinta por veinte mm situada en la región palpebral superior e inferior; hemorragia subconjuntival de cuarenta por veinte mm situada en el globo ocular derecho en sus dos ángulos. Equimosis rojo vinosa de sesenta y cinco por cincuenta y dos mm situados en región pectoral derecha, equimosis rojiza de cuarenta y dos por cincuenta mm situada en la región de la base de la cara anterior de la base del hemotórax derecho”.
Con la brutal golpiza, y para que no lo siguieran martirizando colocándole una bolsa en la cabeza que le producía asfixia, el joven empleado universitario firmó el escrito auto-inculpatorio que lo convertía en miembro de una banda cuyo supuesto jefe, acabo de saber, tiene el don de la ubicuidad porque podía dirigir los robos y, al mismo tiempo, permanecer en su celda, en Guadalajara.
Aceptó también el joven César Alfredo que las lesiones que su vapuleada humanidad exhibía, eran porque “se había caído”.
Sin embargo, el dictamen del médico particular Lorenzo Gómez, (expedido el 16 de junio del presente), que ya obra en poder de la juez del caso, desmiente categóricamente esa posibilidad, al establecer que: “las lesiones que presenta el C. César Alfredo Luna Reyes, por el mecanismo de acción y el lugar donde se encuentran localizadas, necesariamente son producto de agresiones directas y no por una caída”.
Al comentar el asunto con litigantes amigos, me comentan de más casos como el que aquí exponemos, y a la hora que les reprocho su silencio, coinciden en advertir que la sociedad bajó la guardia ante este flagelo...
...es tiempo de corregirlo.
AL ÚLTIMO; ASÍ ES LA CONDICIÓN HUMANA
Hay biografías de ilustres personajes (como la del arzobispo Romero, de El Salvador) que describen cómo cambia la sensibilidad social de alguien que transita de una atmósfera de opulencia a una atmósfera de pobreza volviéndose consciente de la injusticia.
Hay ejemplos también, en sentido contrario (sobre todo en política), de quienes después de luchar contra la injusticia terminan siendo de los que “les hace justicia la revolución”.
Aunque no en forma absoluta (hay pobres con vocación opresiva y ricos con sentido de justicia), en términos generales, el nivel de ingresos y el status condicionan la sensibilidad ante las circunstancias de los otros.
Con esa premisa, uno se pregunta: ¿Habrá resoluciones inspiradas en el valor de la justicia social procedente de una Suprema Corte cuyos titulares reciben cada uno más o menos medio millón de pesos al mes?
Esta Suprema Corte es funcional para los banqueros (cuando avala el anatocismo).
Para los gobernantes transgresores de la ley (caso Mario Marín, gobernador de Puebla).
Y para las imposiciones del Banco Mundial (casos de las reformas a la ley del ISSSTE).
Para esta casta dorada es veneno puro la honrosa medianía que proponía Juárez como criterio remunerador del servicio público.
