La hoja de ruta de EU para Pemex fue adoptada como propia por Los Pinos desde 1982. Usar al Banco Mundial (BM) para revertir la nacionalización petrolera se acentuó con el rescate que pactó Zedillo con Clinton en 1995. Con Fox y Calderón, así lo muestra Israel Rodríguez (La Jornada, 1/6/08), el proceso sobrepasó todo límite imaginable. La desnacionalización del proceso de toma de decisiones requerida para desmantelar Pemex se funda en el manejo discrecional de las condiciones atadas a los préstamos para incidir en la dinámica interna, sea en ferrocarriles, bancos, comercio exterior, infraestructura, agricultura o energía. La codicia empresarial, doméstica y externa, así como la creciente dependencia de EU al crudo importado, impulsaron al BM a colocar la reserva petrolera y el portafolio de negocios de Pemex como objetivos prioritarios.
Para lograrlo sugiere: 1) permitir contratos de riesgos para exploración y desarrollo, 2) abrir a la inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir Pemex en empresas separadas y en competencia, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y 5) privatizar Pemex.
En sus Mexico Strategy Papers, de 1995, el BM dice que Pemex debe “… otorgar contratos competitivos para exploración y desarrollo de cada campo petrolero para que en los más grandes se puedan extraer mayores rentas, ya que en éstos la extracción es más barata”. Luego que Salinas, country manager del BM, quebró la integración vertical de Pemex en cuatro organismos descentralizados con un ente coordinador, el BM plantea la atomización: “… cada empresa subsidiaria en existencia sería dividida en, quizá, cuatro empresas independientes… cuatro de exploración-producción –cada una tan grande como una empresa privada– y cuatro empresas de refinación y mercadeo. El corporativo Pemex cesaría de existir”. Como en Brasil, el BM propone una institucionalidad similar a la de EU: México debe integrar una “Agencia Federal de Hidrocarburos separada de Pemex, encargada de las áreas de exploración y producción que negociaría y firmaría los contratos… Entes similares existen en EU, como la Texas Railroad Comission” (TRC). Sometida a intereses petroleros, la TRC se encarga no de trenes, sino de regular el mercado del crudo.
El vital elemento geoestratégico y de seguridad, excluido de la discusión pública del TLCAN y ausente en la agenda del debate sobre la reforma calderonista (por fortuna lo abordó Jorge Eduardo Navarrete la semana pasada), fue propuesto por Blyth Eastman & Dillon (BE&D) en 1979 como eje empresarial para la “integración energética de la América del Norte”, establecida, según esa firma asesora de Wall Street, bajo la premisa de borrar “las diferencias nacionales entre Canadá, EU y México” para satisfacer las “necesidades de energía de los tres países”. Se dejó de lado que EU agotó su reserva de crudo convencional a inicios de los 70 y era (y es) el principal consumidor y derrochador de petróleo del planeta, mientras sus dos “socios” son autosuficientes. BE&D propuso “una especie de mercado común que integre los vastos recursos energéticos de América del Norte”.
El petróleo es motivo de fondo del TLCAN que Bush saca a la luz en 2005 con la ASPAN y su Consejo para la Competitividad de la América del Norte, que incluye grandes empresas y cabildos, el Consejo Coordinador Empresarial entre ellos. Mientras un sigiloso Fox, iluminado por Enron y el BM, abría Pemex a decenas de zorros tipo Halliburton, EU agregó el paraguas militar (Comando Norte). Y Calderón, enlazado con la rapiña doméstica, busca constitucionalizar la red de negocios con la ayuda de gobernadores panistas y priístas que esbozan una feudalización de Pemex, al modo de la oligarquía boliviana en Santa Cruz, para lucrar con la balcanización de México.
Esta es la hoja de ruta de las reformas de Calderón. Por eso el BM y Tony Garza, embajador de EU y ex integrante de la TRC, apoyan, entusiastas, la reforma.
