Están en proceso en el Congreso federal, por lo visto acordadas de antemano, varias reformas legales relativas a las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; entre ellas, la del artículo 69 constitucional, que con sobriedad republicana dispone, aun cuando para el primero de septiembre ya no lo dispondrá: “A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.
Desde hace 183 años, la presencia del titular del Ejecutivo en la apertura del Congreso ha sido un acto solemne que destaca simultáneamente la separación de poderes y el entendimiento y colaboración que debe haber entre ellos. Guadalupe Victoria, el 10 de octubre de 1824 lo hizo por primera vez, seguramente con la timidez de un guerrillero al que sus conciudadanos le confirieron el importante cargo de presidente de la República, pero con firmeza y conceptos claros; primero que nada hizo un recuerdo y reconocimiento a los héroes de la Independencia, después, llamando a los diputados y senadores “padres de la patria” les dice –qué tiempos aquellos– que la independencia se afianzará con su sangre y la libertad se perderá con su vida. Habla de unión de ciudadanos y habitantes, y de la confianza pública que espera se le otorgue; se propone difundir “la ilustración y la sana moral”, organizar el Ejército y que el pabellón mexicano flote en las costas y en los mares, y que habrá relaciones de paz, alianza y amistad con las naciones extranjeras.
El ceremonial del informe presidencial continuó durante casi 200 años, sólo que en la era de la hegemonía del PRI se convirtió en un acto palaciego, cortesano, en el que los cronistas del aquel tiempo se solazaban contando el número de minutos que duraban los aplausos al cerrar el orador con alguna frase rimbombante uno de los temas de su interés. Me tocó ver a un líder campesino, enfundado en un costoso traje de casimir inglés de corte impecable, dirigir los aplausos de los diputados, que no iniciaban el palmoteo hasta que no se los indicaba el líder y no lo terminaba hasta que éste dejaba de aplaudir. Todo estaba cuidado y medido al gusto del presidente en turno.
Hay que recordar que el actual salón de sesiones de la Cámara de Diputados se construyó como un gran escenario para el lucimiento de López Portillo, con una lámpara colgante que simula vagamente a Quetzalcoatl, su personaje mitológico preferido.
Después, por esa misteriosa ley del péndulo, por la que de un extremo se va hasta el contrario, los agravios de los presidentes a su pueblo se reclamaron precisamente en el recinto parlamentario y el día del informe; los representantes populares eran los encargados de ello.
Las reformas de hoy ciertamente no son para modernizar el ritual, como se ha dicho insistentemente; me parecen más bien que servirán para proteger al Presidente de un mal momento y para distraer a la opinión pública del tema central que ocupa en estos momento a los mexicanos, que es el del petróleo y a través de él, el de la soberanía nacional.
El Poder Legislativo se restringe a sí mismo, el titular del Ejecutivo podrá viajar sin su permiso, no tendrá ya que informar personalmente sobre el estado general que guarda la administración pública, sino que lo hará por escrito, sin comprometer con su discurso ningún tema en especial. Lo demás es lo de menos, el veto de bolsillo era una simple maniobra dilatoria que está bien que se suprima, pero que no cambia el fondo de nada, pero si le otorgan al Presidente la posibilidad de enviar iniciativas “preferentes”, para cumplir la siempre impaciente intención de hacer todo sin mucha discusión y sin análisis de fondo, de tal modo que cuando el pueblo se empiece a enterar, la ley ya cambió; como en los aviones modernos, donde hay asientos comunes y corrientes y otros para los magnates, así veremos ahora iniciativas business class.
Los secretarios de Estado ya desde ahora, sin necesidad de reforma alguna, están obligados a comparecer ante el Congreso cuando se discute un asunto que tenga relación con su área de competencia, ahora lo harán, como si comparecieran a la barandilla de un juzgado “bajo protesta de decir verdad”; siendo que la obligación de informar con verdad existe y está sancionada la mentira que se diga ante autoridad distinta de la judicial en nuestros códigos penales, pero exigir a un secretario de Estado la protesta, demuestra la gran desconfianza que se tiene en ellos.
Con este coctel de reformas, revoltura entre cuestiones muy secundarias y otras de mayor importancia, se pretende en el fondo proteger al que, por decreto del IFE, ya no puede ser llamado espurio, y darle algunas facilidades secundarias, más allá de las que actualmente le confieren las leyes y más allá también de las que un jurista ansioso de quedar bien con el Poder Ejecutivo en turno designaba como “facultades metaconstitucionales del presidente”, cuando no era sino abusos habituales en esos tiempos, pero que se pretendían justificar con una aparente doctrina jurídica novedosa. Hoy se da un nuevo paso en el mismo sentido, y se hacen cambios para facilitarle las cosas al presidente legal, aunque no legítimo.
Otro sí digo: Mi sentido pésame a Miguel Ángel Velásquez, con afecto.
