Al tiempo que se preparaban los detalles de la “reforma estructural” para dar cobertura legal a la privatización, extranjerización y eventual desintegración de Pemex, en curso desde los años 90, EU también elaboró un programa que permite asegurar militarmente tan magno despojo a favor de sus empresas. Se trata de un despliegue militar hacia todo el territorio mexicano disfrazado con ejércitos mercenarios que operan como contratistas privados y que son brazos clandestinos del Pentágono y la CIA. Esas firmas, entre las que resaltan Blackwater y DynCorp, están bajo mando de ex oficiales militares y de inteligencia de EU. La primera perpetra frecuentes masacres y brutales violaciones a los derechos humanos de la población iraquí, y la segunda, desde Colombia, disemina plaguicidas que se extienden a varias provincias ecuatorianas afectando de manera grave la salud humana y el medio ambiente. Su inclusión en el paquete de seguridad que discutía el embajador Garza con Calderón desde mayo de 2007 se posicionó en el Congreso estadunidense como el aspecto más delicado de lo que entonces se denominó Plan México. Según John Ariscano (“Los siniestros contratistas…”, Clarinet, de Chile), Blackwater cuenta con 100 mil hombres. Esas empresas, “además de inmunidad diplomática, tienen a disposición helicópteros, carros blindados y vehículos Hummer dotados de ametralladoras y han actuado –caso de DynCorp– al servicio de narcomafias y terroristas aliados a Washington”, por lo que cabe preguntar cómo incidirán ¿o inciden ya? en la ola de violencia que asuela a la nación. Es tema vedado al público. Existen antecedentes: ya se usaron mercenarios políticos de la derecha española y de Washington, tipo Dick Morris y Rob Allyn, en la creación y manejo electoral de las provocaciones de 2006, y después de Montebello Calderón planteó otorgar la protección de las instalaciones de Pemex-CFE a SyColeman.
A fines de 2007 se supo que se realizaban conversaciones sobre asuntos de seguridad entre Garza y Calderón. El embajador dijo que Calderón le ofrecía una “ventana de oportunidad” y que colaboraba en la materia “más que cualquier otro presidente”. Colocar en riesgo la soberanía y superar en entreguismo a Santa Anna, Salinas, Zedillo y Fox es una hazaña difícil de superar, pero así lo confirmó un alto funcionario del gobierno de Bush, que pidió el anonimato, al calificar el Plan México endosado por Los Pinos como “… un salto cuántico hacia delante (quantum leap forward), en parte porque México está dispuesto a arriesgarse en la construcción de una nueva relación” (citado por Alfredo Corchado “1.4 billion US Mexico Anti-drug program to entail use of private contractors”, Dallas Morning News, 19/10/07).
El “salto cuántico” se centra en el hecho de que, como expresó el general Roberto Badillo Martínez, “… ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de EU) ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Por eso el hermetismo y manejo publicitario: al Plan México luego se le llamó Iniciativa Mérida para suavizar la asociación con el Plan Colombia, otro esquema de negocios bélico-industriales y de ocupación territorial también elaborado bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y en el que es central el papel de los contratistas privados en el teatro de operaciones y en la oferta de adiestramiento y equipo.
En las legislaturas se soslaya el uso de contratistas privados en la Iniciativa Mérida, quizá por el rechazo del público mexicano al menor asomo de ocupación militar del país. Corchado indica que Silvestre Reyes, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Diputados estadunidense, mostró preocupación por el posible uso de contratistas privados del país vecino en México: “es una de las áreas más sensibles en las negociaciones entre los dos gobiernos… los oficiales mexicanos están preocupados al respecto y nosotros también por el uso que se hace de los contratistas en Irak”.
