Negocios y rendición incondicional
Primero son los jugosos contratos a favor de los socios de fuera y de dentro postergando los intereses de la ciudadanía: independencia, soberanía, desarrollo y paz social. Hoy, como ayer, las cúpulas del PAN y PRI impulsan una involución mayor del proyecto nacional, esperando superar la hazaña que protagonizaron en 1995, cuando Estados Unidos, al calor de la macrocrisis financiera fraguó el rescate conocido como el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana, que, como acotó María Fernanda Campa Uranga, “más que una carta de intención solicitada a un prestamista exigente por un deudor moroso, parece una carta de rendición incondicional al término de una guerra”.
Esta puntualización atiende el hecho de que esa operación, orientada en realidad a salvar a grandes inversionistas estadunidenses, exigió el aval-factura a futuro por exportaciones de crudo que aún se encontraba en el subsuelo, lo que, además de magna irregularidad jurídico-constitucional, transformó la riqueza petrolera mexicana en reserva estratégica de facto de EU. Según expliqué en La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002), el entreguismo fue –y es– de gran alcance: el 29 de abril de 1995 Zedillo logró con los votos del PRI y del PAN modificar la ley que regula el artículo 27 constitucional para proceder con la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, de la transmisión, almacenaje y distribución del gas natural. Ése fue el diktat imperial para desmonopolizar y hacer competitivo a Pemex. Oil and Gas Journal, la conocida revista del ramo, celebró así la proeza antinacional de Zedillo: (la medida) “representa la primera y más importante modificación de la Constitución mexicana en relación con la industria del gas natural y del petróleo efectuada desde su nacionalización en 1938” (número 19, vol. 93, mayo 1995, p. 83.)
Es lo mismo que ahora proponen PRI y Calderón, con arrebato traidor, pero esta vez para todo Pemex. Al igual que ayer poco les preocupa el riesgo de una grave crisis político-constitucional como advierten economistas y juristas de amplio espectro ideológico o el deterioro socioeconómico, jurisdiccional y de seguridad que acarrea el despojo de la renta petrolera. Lo que vale para ellos es coparticipar con extranjeros, en el filón de dejar a Pemex como administradora de contratos, paso previo a su finiquito formal. Por medio de la autonomía de gestión, su director y consejo administrativo pueden manejar a su gusto el portafolios de negocios por lo que es vital una desregulación que abra espacio al ejercicio pleno e impune de la criminalidad de Estado: un sexenio es poco para el pillaje de tan magno botín. Por eso desaparecen los órganos internos de control. Y también los contralores de la Secretaria de la Función Pública, quienes por ley participan en todo acto de Pemex (Fortuna: abril, 2008). Se trata de instaurar una regulación sui géneris que cancele todo intento por hacer público el contenido de los contratos, los juicios por conflicto de interés o el tráfico de influencias.
La prioridad de La Casa Blanca y Los Pinos es dejar los negocios amarrados, comprando o extorsionando el voto legislativo. Constitucionalizar la privatización de facto de Pemex es un regalo de Bush y sus cómplices para Halliburton, Slumberger, y muchas otras firmas, que operarían a su gusto con las empresas filiales estratégicas de Pemex, que, como alertó Mario di Costanzo al comentar la iniciativa priista, gozarían “de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria”, así que no importa si se las define como “propiedad de Pemex”, ya que “no existe impedimento para que se asocien en cualquier actividad de la cadena productiva, exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera, con socios nacionales o extranjeros, y en cualquier porcentaje de participación”.
La meta es privatizar ganancias y socializar costos y riesgos. Hasta que el país estalle, otra vez.
jueves, 31 de julio de 2008
Opinión de Gustavo Iruegas en La Jornada
La lucha sigue
La batalla por el petróleo será un episodio capital en la lucha por la cuarta República. Su importancia reside en el valor económico de los hidrocarburos, en su uso como palanca del desarrollo, en su incidencia en la política nacional, en su carácter estratégico en la geopolítica mundial. Son igualmente determinantes sus efectos como factor de identidad nacional, en la voluntad de lucha y en las perspectivas de victoria. También será probatoria de la eficacia de la resistencia civil pacífica como método de lucha.
En el discurso que pronunció en la Cámara de Diputados en ocasión del desafuero, y en muchos otros pronunciamientos previos y posteriores, AMLO advirtió sobre la intención de “los amos de México” de enajenar los hidrocarburos y al propio Pemex. Entonces se soslayó la advertencia como si se tratara de un simple recurso retórico.
En el acto de constitución del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, celebrado en el Centro Cultural Indianillas el 9 de enero último, la advertencia fue claridosa: “… no permitiremos ninguna reforma que implique entregar el petróleo a extranjeros. Va en serio. Lo repito: va en serio. Desde aquí le mandamos decir al pelele y a sus patrones que si intentan la privatización de Pemex, habrá movilización nacional. Como se comprenderá, ante semejante acto de traición a la patria, no caben titubeos ni medias tintas, ni el qué dirán de nosotros en los medios de comunicación”. Esta advertencia es plenamente vigente.
El gobierno de facto negó que tuviera tan aviesa intención y negó también que pensara promover una modificación constitucional para hacerlo. Cuando comprobó que no podría, reorientó el plan hacia la modificación de leyes secundarias. Con toda oportunidad se denunció su intención de enviar al Congreso iniciativas que modificarían las leyes reglamentarias del artículo 27 y de otras leyes cercanas al tema con la pretensión de engañar al pueblo, argumentando que al no tocar el texto constitucional se respetaba la Constitución.
La burda maniobra fue desmontada por la reacción en la opinión pública y con gran cinismo alegaron que no había tales iniciativas, mismas que pronto salieron a la luz pública. Se hizo evidente la intención de hacerlas aprobar sorpresiva y aceleradamente. Pero se le madrugó al madruguete.
Las brigadas defensoras del petróleo –y a la vanguardia las esforzadas adelitas– entraron en acción y el trabajo del comité se materializó en las calles. En el Congreso los legisladores progresistas tomaron la tribuna. El esfuerzo conjunto desembocó en la aceptación de un debate público sobre el tema.
Curándose en salud, los dirigentes derechistas argumentaron que el resultado del debate no evitaría que en el Senado se dictaminen las iniciativas y luego se aprueben por el simple efecto de la mayoría PRIAN. Pronto surgió la respuesta en forma de la consulta popular que celebró el domingo 27 su primera etapa. No será factible legislar en contra de la voluntad popular así expresada.
En todo el país, en universidades, congresos locales y amplia variedad de organizaciones populares se difundieron las tesis defensoras del patrimonio nacional. Simultáneamente los brigadistas se movilizaron en una denodada campaña de visitas domiciliarias para explicar a la población las intenciones privatizadoras, informar de la situación y de la necesidad de derrotar la campaña de los medios de comunicación comprometidos en el despojo. Se prepararon y entregaron carpetas informativas por millones. El Gobierno Legítimo, los partidos del Frente Amplio Progresista y los brigadistas se emplearon a fondo.
En el Senado se organizaron 21 sesiones maratónicas de ponencias de expertos técnicos, económicos, jurídicos y políticos. Los derechistas sufrieron una derrota de las que en el juego de dominó se llaman “zapato”.
Al finalizar ese ejercicio, el jefe de la fracción parlamentaria del PRI anunció que su partido presentaría una propuesta propia. Como era de esperarse, se trata de una iniciativa que priva al gobierno de la autoridad suprema y se la concede apenas nominal.
Es una iniciativa mediatizadora: la creación de organismos descentralizados con autonomía de gestión y presupuestaria implica sustraer a esos organismos del control estatal; así fue como Pedevesa quedó en manos de consejeros y técnicos escogidos por el régimen derechista para aplicar criterios neoliberales a la administración del petróleo venezolano. Por eso fue necesario renacionalizar el petróleo en aquel país.
Bonos ciudadanos y para “instituciones financieras formadoras de mercado” y otros negocios privados implica comprometer la renta petrolera hacia esos accionista. La iniciativa contempla la posibilidad de contratar deuda pública, de celebrar contratos por adjudicación directa y tantas cosas como ésta, que los funcionarios del gobierno espurio y los derechistas de México se congratulan de las coincidencias. En fin, lo único que se puede leer en la iniciativa priísta es que la lucha sigue.
En las condiciones actuales, los objetivos populares en la defensa del petróleo tienen dos grandes vertientes: preservar el patrimonio petrolero y corregir las políticas perversas que se han venido aplicando hace ya 26 años.
La política energética, ahora orientada a satisfacer los requerimientos de Estados Unidos, debe ser reorientada hacia los intereses nacionales. Debe encauzarse en una política energética de Estado, es decir, en una política en la que coincidan el gobierno y la nación, que ponga al servicio del pueblo el producto de su patrimonio. La movilización popular, siempre pacífica pero creciente, es nuestra arma principal; la intransigencia es nuestra actitud de lucha. Transigir es consentir lo injusto.
En la consulta se expresó la voluntad del pueblo y en la lucha el poder popular. ¡Venceremos!
La batalla por el petróleo será un episodio capital en la lucha por la cuarta República. Su importancia reside en el valor económico de los hidrocarburos, en su uso como palanca del desarrollo, en su incidencia en la política nacional, en su carácter estratégico en la geopolítica mundial. Son igualmente determinantes sus efectos como factor de identidad nacional, en la voluntad de lucha y en las perspectivas de victoria. También será probatoria de la eficacia de la resistencia civil pacífica como método de lucha.
En el discurso que pronunció en la Cámara de Diputados en ocasión del desafuero, y en muchos otros pronunciamientos previos y posteriores, AMLO advirtió sobre la intención de “los amos de México” de enajenar los hidrocarburos y al propio Pemex. Entonces se soslayó la advertencia como si se tratara de un simple recurso retórico.
En el acto de constitución del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, celebrado en el Centro Cultural Indianillas el 9 de enero último, la advertencia fue claridosa: “… no permitiremos ninguna reforma que implique entregar el petróleo a extranjeros. Va en serio. Lo repito: va en serio. Desde aquí le mandamos decir al pelele y a sus patrones que si intentan la privatización de Pemex, habrá movilización nacional. Como se comprenderá, ante semejante acto de traición a la patria, no caben titubeos ni medias tintas, ni el qué dirán de nosotros en los medios de comunicación”. Esta advertencia es plenamente vigente.
El gobierno de facto negó que tuviera tan aviesa intención y negó también que pensara promover una modificación constitucional para hacerlo. Cuando comprobó que no podría, reorientó el plan hacia la modificación de leyes secundarias. Con toda oportunidad se denunció su intención de enviar al Congreso iniciativas que modificarían las leyes reglamentarias del artículo 27 y de otras leyes cercanas al tema con la pretensión de engañar al pueblo, argumentando que al no tocar el texto constitucional se respetaba la Constitución.
La burda maniobra fue desmontada por la reacción en la opinión pública y con gran cinismo alegaron que no había tales iniciativas, mismas que pronto salieron a la luz pública. Se hizo evidente la intención de hacerlas aprobar sorpresiva y aceleradamente. Pero se le madrugó al madruguete.
Las brigadas defensoras del petróleo –y a la vanguardia las esforzadas adelitas– entraron en acción y el trabajo del comité se materializó en las calles. En el Congreso los legisladores progresistas tomaron la tribuna. El esfuerzo conjunto desembocó en la aceptación de un debate público sobre el tema.
Curándose en salud, los dirigentes derechistas argumentaron que el resultado del debate no evitaría que en el Senado se dictaminen las iniciativas y luego se aprueben por el simple efecto de la mayoría PRIAN. Pronto surgió la respuesta en forma de la consulta popular que celebró el domingo 27 su primera etapa. No será factible legislar en contra de la voluntad popular así expresada.
En todo el país, en universidades, congresos locales y amplia variedad de organizaciones populares se difundieron las tesis defensoras del patrimonio nacional. Simultáneamente los brigadistas se movilizaron en una denodada campaña de visitas domiciliarias para explicar a la población las intenciones privatizadoras, informar de la situación y de la necesidad de derrotar la campaña de los medios de comunicación comprometidos en el despojo. Se prepararon y entregaron carpetas informativas por millones. El Gobierno Legítimo, los partidos del Frente Amplio Progresista y los brigadistas se emplearon a fondo.
En el Senado se organizaron 21 sesiones maratónicas de ponencias de expertos técnicos, económicos, jurídicos y políticos. Los derechistas sufrieron una derrota de las que en el juego de dominó se llaman “zapato”.
Al finalizar ese ejercicio, el jefe de la fracción parlamentaria del PRI anunció que su partido presentaría una propuesta propia. Como era de esperarse, se trata de una iniciativa que priva al gobierno de la autoridad suprema y se la concede apenas nominal.
Es una iniciativa mediatizadora: la creación de organismos descentralizados con autonomía de gestión y presupuestaria implica sustraer a esos organismos del control estatal; así fue como Pedevesa quedó en manos de consejeros y técnicos escogidos por el régimen derechista para aplicar criterios neoliberales a la administración del petróleo venezolano. Por eso fue necesario renacionalizar el petróleo en aquel país.
Bonos ciudadanos y para “instituciones financieras formadoras de mercado” y otros negocios privados implica comprometer la renta petrolera hacia esos accionista. La iniciativa contempla la posibilidad de contratar deuda pública, de celebrar contratos por adjudicación directa y tantas cosas como ésta, que los funcionarios del gobierno espurio y los derechistas de México se congratulan de las coincidencias. En fin, lo único que se puede leer en la iniciativa priísta es que la lucha sigue.
En las condiciones actuales, los objetivos populares en la defensa del petróleo tienen dos grandes vertientes: preservar el patrimonio petrolero y corregir las políticas perversas que se han venido aplicando hace ya 26 años.
La política energética, ahora orientada a satisfacer los requerimientos de Estados Unidos, debe ser reorientada hacia los intereses nacionales. Debe encauzarse en una política energética de Estado, es decir, en una política en la que coincidan el gobierno y la nación, que ponga al servicio del pueblo el producto de su patrimonio. La movilización popular, siempre pacífica pero creciente, es nuestra arma principal; la intransigencia es nuestra actitud de lucha. Transigir es consentir lo injusto.
En la consulta se expresó la voluntad del pueblo y en la lucha el poder popular. ¡Venceremos!
Opinión de Adolfo Sánchez Rebolledo en La Jornada
La consulta y el partido de los hartos
La consulta habla de personas de carne y hueso: no es una encuesta a la que se responde desde el anonimato. Un millón y medio de ciudadanos en las urnas sólo les puede parecer una cifra desdeñable a quienes ignoran –o simulan ignorar– la fuerza de la conciencia cívica como elemento renovador de la sociedad en su conjunto. Hablar de fracaso, como hace el jefe panista, habla de su ruidosa incapacidad de ejercer la crítica sin descalificaciones, pero oculta el hecho político que el partido del gobierno debía apreciar con objetividad, al margen de sus naturales y reconocidas fobias: hay una corriente ciudadana activa dispuesta a intervenir en la vida pública sin pedirle permiso a nadie. En éste, como en otros temas de la actualidad, la crisis sigue abierta y no se cerrará con maniobras cupulares en los centros del poder. Claro que hubo fallas en el ejercicio del pasado domingo. El resultado de la votación pudo ser más amplio. Las preguntas no eran precisas. El calendario debió ajustarse a una sola fecha, pero nada justifica la abstención deliberada, el sabotaje contra la participación ciudadana emprendido “desde afuera” como si el ejercicio de la democracia se agotara en el acto electoral periódico mediante el cual el sistema se renueva y se reproduce.
No obstante, y a pesar del desastre perredista, con esta consulta se configura la primera gran acción de resistencia civil de una fuerza cuya razón de ser se consolidará en la medida que descubra nuevos métodos de participación y ensaye formas de comunicación poco socorridas por los partidos, para atraer y convencer a nuevos sectores. La fraternidad (en lugar de la disciplina partidista o burocrática); la imaginación como alternativa al cliché ideológico, la solidaridad sin distinciones entre “los que saben” y los que van a aprender, abre formas de participación que se alejan de la vieja noción de militancia sin regodearse en el conformismo del “empleado-cliente” partidario hoy vigente, por desgracia. Ganar las elecciones es vital, pero si la ciudadanía no se fortalece y su participación se excluye, la democracia mexicana seguirá siendo la expresión de un país polarizado que se nutre de la desigualdad que marca el presente.
A nuestros demócratas de aluvión, justo aquellos que no entienden el vínculo histórico entre la reivindicación del voto limpio y la movilización social, les parece un contrasentido que, teniendo elecciones dentro de un año, los ciudadanos insistan en que hay cuestiones que no pueden ser resueltas con la mera gestión de “su” diputado (figura a la que ubican en el escalón más bajo de sus consideraciones morales, apenas por encima de la policía ). Les horrorizan las expresiones de autonomía ciudadana, ya sea si ésta se configura a través de un complejo acuerdo entre organizaciones civiles y sociales, como ocurrió en Oaxaca, o a través de una consulta impulsada desde “las oposiciones”. Tal parece que se pretendiera “elevar” la cultura política sólo a partir de espots publicitarios, pero la labor pedagógica de los partidos, que debía ser permanente, brilla por su ausencia a no ser que se tome como válida la cotidiana manipulación clientelar de las necesidades sociales o el periódico intento de “lavar las conciencias” en que se han convertido, por el financiamiento público, las campañas políticas. Bastaron unos años en el poder para que la elite llegada con la alternacia mostrara su inmediata incorporación con plenos derechos al partido de los hartos, es decir, al poderoso segmento cupular que sólo aprueba cambios que les favorecen. Alguien dirá que jamás estuvieron en otra parte, y puede ser que tengan razón, pero los panistas del siglo XX se habrían avergonzado por oponerse a una consulta en nombre de ¡la democracia y la legalidad! Éstos no.
La consulta es un éxito en un doble sentido. Primero porque ha hecho madurar la conveniencia de pensar en las modificaciones legislativas que sean necesarias para incluir en la ley las disposiciones reglamentarias que permitan el funcionamiento de los mecanismos de la democracia directa. Existen varias iniciativas al respecto, incluyendo alguna de Acción Nacional que hoy parece más “priísta” (sin ofensa para ellos) que nadie. Defender la legalidad y las instituciones sería una tarea conservadora sin la voluntad de reformarlas en serio, atendiendo a las necesidades manifestadas por una ciudadanía cada vez más exigente y participativa. En segundo lugar, la demostración ciudadana recuerda al legislador que éste no puede actuar como si la realidad no existiera, a menos que reduzca su responsabilidad a la de ser el legitimador de los gobiernos de turno, y en un tema, la reforma petrolera, cuya significación histórica, económica y moral (hay que subrayarlo) escapa a la visión de cuentachiles contenida en la propuesta del Ejecutivo, et al.
Está pendiente, por supuesto, la presentación por parte del Frente Amplio Progresista de iniciativas de reforma donde se precisen los puntos de vista sustentados en estos largos y productivos meses de amplio debate, los cuales nadie debería desconocer. Exorcizado el término privatización, hay que hacer una verdadera reforma y no una simulación, cuyos costos pagarán las generaciones venideras. Así sea.
P.D. Mientras los ciudadanos ensayaban la consulta como método democrático, el presidente del PAN prometía “guanajuatizar” al país, trayendo de vuelta al señor Vicente Fox a la arena pública, pues él, dicen, sí sabe ganar elecciones (véase el 2006). El creador de los Amigos de Fox, triste capítulo de la corrupción moderna, vendrá a darnos a todos lecciones de transparencia y democratismo, cómo no. Bien hecho, Germán.
La consulta habla de personas de carne y hueso: no es una encuesta a la que se responde desde el anonimato. Un millón y medio de ciudadanos en las urnas sólo les puede parecer una cifra desdeñable a quienes ignoran –o simulan ignorar– la fuerza de la conciencia cívica como elemento renovador de la sociedad en su conjunto. Hablar de fracaso, como hace el jefe panista, habla de su ruidosa incapacidad de ejercer la crítica sin descalificaciones, pero oculta el hecho político que el partido del gobierno debía apreciar con objetividad, al margen de sus naturales y reconocidas fobias: hay una corriente ciudadana activa dispuesta a intervenir en la vida pública sin pedirle permiso a nadie. En éste, como en otros temas de la actualidad, la crisis sigue abierta y no se cerrará con maniobras cupulares en los centros del poder. Claro que hubo fallas en el ejercicio del pasado domingo. El resultado de la votación pudo ser más amplio. Las preguntas no eran precisas. El calendario debió ajustarse a una sola fecha, pero nada justifica la abstención deliberada, el sabotaje contra la participación ciudadana emprendido “desde afuera” como si el ejercicio de la democracia se agotara en el acto electoral periódico mediante el cual el sistema se renueva y se reproduce.
No obstante, y a pesar del desastre perredista, con esta consulta se configura la primera gran acción de resistencia civil de una fuerza cuya razón de ser se consolidará en la medida que descubra nuevos métodos de participación y ensaye formas de comunicación poco socorridas por los partidos, para atraer y convencer a nuevos sectores. La fraternidad (en lugar de la disciplina partidista o burocrática); la imaginación como alternativa al cliché ideológico, la solidaridad sin distinciones entre “los que saben” y los que van a aprender, abre formas de participación que se alejan de la vieja noción de militancia sin regodearse en el conformismo del “empleado-cliente” partidario hoy vigente, por desgracia. Ganar las elecciones es vital, pero si la ciudadanía no se fortalece y su participación se excluye, la democracia mexicana seguirá siendo la expresión de un país polarizado que se nutre de la desigualdad que marca el presente.
A nuestros demócratas de aluvión, justo aquellos que no entienden el vínculo histórico entre la reivindicación del voto limpio y la movilización social, les parece un contrasentido que, teniendo elecciones dentro de un año, los ciudadanos insistan en que hay cuestiones que no pueden ser resueltas con la mera gestión de “su” diputado (figura a la que ubican en el escalón más bajo de sus consideraciones morales, apenas por encima de la policía ). Les horrorizan las expresiones de autonomía ciudadana, ya sea si ésta se configura a través de un complejo acuerdo entre organizaciones civiles y sociales, como ocurrió en Oaxaca, o a través de una consulta impulsada desde “las oposiciones”. Tal parece que se pretendiera “elevar” la cultura política sólo a partir de espots publicitarios, pero la labor pedagógica de los partidos, que debía ser permanente, brilla por su ausencia a no ser que se tome como válida la cotidiana manipulación clientelar de las necesidades sociales o el periódico intento de “lavar las conciencias” en que se han convertido, por el financiamiento público, las campañas políticas. Bastaron unos años en el poder para que la elite llegada con la alternacia mostrara su inmediata incorporación con plenos derechos al partido de los hartos, es decir, al poderoso segmento cupular que sólo aprueba cambios que les favorecen. Alguien dirá que jamás estuvieron en otra parte, y puede ser que tengan razón, pero los panistas del siglo XX se habrían avergonzado por oponerse a una consulta en nombre de ¡la democracia y la legalidad! Éstos no.
La consulta es un éxito en un doble sentido. Primero porque ha hecho madurar la conveniencia de pensar en las modificaciones legislativas que sean necesarias para incluir en la ley las disposiciones reglamentarias que permitan el funcionamiento de los mecanismos de la democracia directa. Existen varias iniciativas al respecto, incluyendo alguna de Acción Nacional que hoy parece más “priísta” (sin ofensa para ellos) que nadie. Defender la legalidad y las instituciones sería una tarea conservadora sin la voluntad de reformarlas en serio, atendiendo a las necesidades manifestadas por una ciudadanía cada vez más exigente y participativa. En segundo lugar, la demostración ciudadana recuerda al legislador que éste no puede actuar como si la realidad no existiera, a menos que reduzca su responsabilidad a la de ser el legitimador de los gobiernos de turno, y en un tema, la reforma petrolera, cuya significación histórica, económica y moral (hay que subrayarlo) escapa a la visión de cuentachiles contenida en la propuesta del Ejecutivo, et al.
Está pendiente, por supuesto, la presentación por parte del Frente Amplio Progresista de iniciativas de reforma donde se precisen los puntos de vista sustentados en estos largos y productivos meses de amplio debate, los cuales nadie debería desconocer. Exorcizado el término privatización, hay que hacer una verdadera reforma y no una simulación, cuyos costos pagarán las generaciones venideras. Así sea.
P.D. Mientras los ciudadanos ensayaban la consulta como método democrático, el presidente del PAN prometía “guanajuatizar” al país, trayendo de vuelta al señor Vicente Fox a la arena pública, pues él, dicen, sí sabe ganar elecciones (véase el 2006). El creador de los Amigos de Fox, triste capítulo de la corrupción moderna, vendrá a darnos a todos lecciones de transparencia y democratismo, cómo no. Bien hecho, Germán.
Opinión de Octavio Rodríguez Araujo en La Jornada
La consulta
Un plebiscito es, de acuerdo con Gladio Gemma (en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino, Diccionario de política, Siglo XXI Editores), una votación popular sobre temas de relevancia constitucional. Es una de las formas conocidas de democracia directa. Es sinónimo de referéndum. Se acepta, generalmente, que éste es de legitimidad jurídica en tanto que el plebiscito es más de legitimidad política. Empero, según destacan Martínez Silva y Salcedo Aquino (Diccionario electoral, INEP), el plebiscito es por etimología una resolución del pueblo. Es, pues, una consulta popular, y no tenemos que discutir mucho el concepto.
La consulta del domingo pasado fue eso: una consulta y el pueblo se pronunció. Sus organizadores han dicho que participaron un poco más de un millón y medio de ciudadanos. Lo acepto. Esto quiere decir que alrededor de 2 por ciento de los mexicanos en edad de votar participaron, ligeramente menos que quienes participaron en la consulta de 1995, promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta última tuvo más éxito que la del domingo pasado, pues se hizo con escasísimos recursos y más que todo con el entusiasmo de la gente, en tanto que en la del domingo hubo apoyos partidarios y gubernamentales (de los partidos del Frente Amplio Progresista y sobre todo del Gobierno del Distrito Federal).
Sin embargo, a diferencia de la consulta zapatista de 1995, en la relativa al futuro de nuestros energéticos hubo una masiva contrapropaganda desde los gobiernos estatales (no perredistas) y federal, además de oposición de los principales medios y sus plumas de derecha, pagadas o voluntarias. La consulta zapatista no tuvo oposición generalizada, aunque sí fue ignorada por las fuerzas reales del poder en México. Esto también hace una diferencia: si los gobiernos panistas y priístas (y sus cajas de resonancia conocidas como televisión y radio) hubieran ignorado la consulta promovida por el Frente Amplio Progresista y algunos gobiernos perredistas, lo más probable es que hubieran acudido más votantes. La otra cuestión fue la redacción de las preguntas, poco clara para muchísima gente, error que cometieron también los zapatistas en las preguntas 4 y 5 de la consulta ya mencionada. En los dos casos se prestaron a confusiones.
Con todos sus defectos y a pesar de la contrapropaganda, sobre todo gubernamental y panista (lo mismo), la expresión popular se manifestó el domingo pasado y, como correctamente encabezara La Jornada en su primera plana del 28 de julio, el no fue y es una realidad, el no a la privatización del petróleo.
Los que estuvieron a favor de que se privatice de una u otra manera también tuvieron oportunidad de expresarse, fueron a las urnas y perdieron. En la democracia, como sabemos todos, se gana o se pierde incluso por un voto. Perdieron los que están de acuerdo con las iniciativas gubernamentales sobre la materia y, en cierto sentido, también los del Revolucionario Institucional.
Se dirá que participaron pocos, que el 2 por ciento de la ciudadanía es una cantidad muy pequeña, poco significativa. Lo es, pero no menos cierto es que pudieron participar todos los 76 millones de mexicanos en edad de votar, pero no lo hicieron. ¿El que calla otorga? Con toda la pena, así es la democracia: de la misma manera que un candidato único, en un sistema pluripartidista, puede ganar con un voto (el suyo propio), en este caso el no ganó con pocos votos, y en ambos casos no está en cuestión la democracia, sino que los partidos de oposición no presentaran candidatos (elección presidencial de 1976) o que los ciudadanos no quisieran asumir su derecho a participar políticamente (27 de julio de 2008).
Por lo demás, no es de dudarse que la gente del gobierno federal y sus partidarios hubieran querido que perdiera el no, y hasta es probable que invitaran (bajita la mano) a pronunciarse por el sí Si lo hicieron, la población no les respondió. Si no lo hicieron se equivocaron al subestimar la consulta. Y se equivocaron porque con “poca” participación y todo lo que se quiera, quienes asistieron a las urnas votaron en mayoría por el no. Los que se abstuvieron y se quedaron en su casa o desdeñaron la invitación cometieron el error de todos los abstencionistas: dejar que los que sí participan decidan por ellos.
Cierto es, como ha señalado Carlos Payán, que la consulta del domingo no es vinculatoria para hacer obligatorio que los resultados se acaten, es sólo indicativa. Éste es el principal dato y la primera lección de la consulta que queda ahora en manos de la representación política. Ignorarlo sería irresponsable o querer hacerle al tonto. Hay una voluntad expresada a partir de una convocatoria.
Quien no quiso votar está otorgando y aceptando a priori los resultados. Ni “es estéril” (Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador de Guanajuato), ni es “información adicional a la mucha con la que se cuenta” (Georgina Kessel, secretaria de Energía). Es una consulta que el gobierno federal debió haber impulsado (pues es de interés de la nación), pero no lo hizo como otras tantas cosas que debería hacer si de veras le interesara la opinión del pueblo y la democracia.
Un plebiscito es, de acuerdo con Gladio Gemma (en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino, Diccionario de política, Siglo XXI Editores), una votación popular sobre temas de relevancia constitucional. Es una de las formas conocidas de democracia directa. Es sinónimo de referéndum. Se acepta, generalmente, que éste es de legitimidad jurídica en tanto que el plebiscito es más de legitimidad política. Empero, según destacan Martínez Silva y Salcedo Aquino (Diccionario electoral, INEP), el plebiscito es por etimología una resolución del pueblo. Es, pues, una consulta popular, y no tenemos que discutir mucho el concepto.
La consulta del domingo pasado fue eso: una consulta y el pueblo se pronunció. Sus organizadores han dicho que participaron un poco más de un millón y medio de ciudadanos. Lo acepto. Esto quiere decir que alrededor de 2 por ciento de los mexicanos en edad de votar participaron, ligeramente menos que quienes participaron en la consulta de 1995, promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta última tuvo más éxito que la del domingo pasado, pues se hizo con escasísimos recursos y más que todo con el entusiasmo de la gente, en tanto que en la del domingo hubo apoyos partidarios y gubernamentales (de los partidos del Frente Amplio Progresista y sobre todo del Gobierno del Distrito Federal).
Sin embargo, a diferencia de la consulta zapatista de 1995, en la relativa al futuro de nuestros energéticos hubo una masiva contrapropaganda desde los gobiernos estatales (no perredistas) y federal, además de oposición de los principales medios y sus plumas de derecha, pagadas o voluntarias. La consulta zapatista no tuvo oposición generalizada, aunque sí fue ignorada por las fuerzas reales del poder en México. Esto también hace una diferencia: si los gobiernos panistas y priístas (y sus cajas de resonancia conocidas como televisión y radio) hubieran ignorado la consulta promovida por el Frente Amplio Progresista y algunos gobiernos perredistas, lo más probable es que hubieran acudido más votantes. La otra cuestión fue la redacción de las preguntas, poco clara para muchísima gente, error que cometieron también los zapatistas en las preguntas 4 y 5 de la consulta ya mencionada. En los dos casos se prestaron a confusiones.
Con todos sus defectos y a pesar de la contrapropaganda, sobre todo gubernamental y panista (lo mismo), la expresión popular se manifestó el domingo pasado y, como correctamente encabezara La Jornada en su primera plana del 28 de julio, el no fue y es una realidad, el no a la privatización del petróleo.
Los que estuvieron a favor de que se privatice de una u otra manera también tuvieron oportunidad de expresarse, fueron a las urnas y perdieron. En la democracia, como sabemos todos, se gana o se pierde incluso por un voto. Perdieron los que están de acuerdo con las iniciativas gubernamentales sobre la materia y, en cierto sentido, también los del Revolucionario Institucional.
Se dirá que participaron pocos, que el 2 por ciento de la ciudadanía es una cantidad muy pequeña, poco significativa. Lo es, pero no menos cierto es que pudieron participar todos los 76 millones de mexicanos en edad de votar, pero no lo hicieron. ¿El que calla otorga? Con toda la pena, así es la democracia: de la misma manera que un candidato único, en un sistema pluripartidista, puede ganar con un voto (el suyo propio), en este caso el no ganó con pocos votos, y en ambos casos no está en cuestión la democracia, sino que los partidos de oposición no presentaran candidatos (elección presidencial de 1976) o que los ciudadanos no quisieran asumir su derecho a participar políticamente (27 de julio de 2008).
Por lo demás, no es de dudarse que la gente del gobierno federal y sus partidarios hubieran querido que perdiera el no, y hasta es probable que invitaran (bajita la mano) a pronunciarse por el sí Si lo hicieron, la población no les respondió. Si no lo hicieron se equivocaron al subestimar la consulta. Y se equivocaron porque con “poca” participación y todo lo que se quiera, quienes asistieron a las urnas votaron en mayoría por el no. Los que se abstuvieron y se quedaron en su casa o desdeñaron la invitación cometieron el error de todos los abstencionistas: dejar que los que sí participan decidan por ellos.
Cierto es, como ha señalado Carlos Payán, que la consulta del domingo no es vinculatoria para hacer obligatorio que los resultados se acaten, es sólo indicativa. Éste es el principal dato y la primera lección de la consulta que queda ahora en manos de la representación política. Ignorarlo sería irresponsable o querer hacerle al tonto. Hay una voluntad expresada a partir de una convocatoria.
Quien no quiso votar está otorgando y aceptando a priori los resultados. Ni “es estéril” (Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador de Guanajuato), ni es “información adicional a la mucha con la que se cuenta” (Georgina Kessel, secretaria de Energía). Es una consulta que el gobierno federal debió haber impulsado (pues es de interés de la nación), pero no lo hizo como otras tantas cosas que debería hacer si de veras le interesara la opinión del pueblo y la democracia.
miércoles, 30 de julio de 2008
Opinión de Luis Linares Zapata en La Jornada
30 de julio 2008
Cuando la contrarreforma petrolera del señor Calderón se había convertido en una piltrafa, a pesar de sus disfraces redentoristas, le llegó un salvavidas priísta con el mismo espíritu entreguista, pero con antifaces más grandes. La iniciativa pergeñada por la facción dominante de la elite del PRI coincide, punto por punto, en las pretensiones básicas de privatizar la industria petrolera y trasladarla al extranjero. No hay más alternativa para la derecha política nacional que sucumbir ante sus ambiciones y debilidades. Tampoco resisten las tentaciones de controlar las dádivas frente a los necesitados, patrocinar los acomodos de fuerzas en conflicto, manejar los pequeños o grandes favores y coronar sus afanes de hacer negocios.
¿Por qué la propuesta del priísmo coincide en lo básico con la del señor Calderón? Porque ambas parten de un supuesto idéntico: aumentar la extracción de crudo para venderlo de inmediato. Diseñan sus acciones a partir de perseguir una plataforma sobrada para surtir al hambriento vecino del norte y recabar los enormes montos de divisas que requiere la hacienda pública para mantener los privilegios de siempre. De esta simpática y fácil manera los aspirantes a retornar al poder se granjean las simpatías de los centros de poder externo y de los inversionistas internos. Una carambola adecuada para montar sobre ella la búsqueda del Ejecutivo federal en 2012. Y, de paso, hacer de lado al panismo que, por ahora, ocupa puestos de relevancia burocrática sin saber qué hacer con ellos, fuera de manosearlos como botín.
Pero la semejanza entre las iniciativas del PAN y el PRI no se detiene en esa solitaria identidad. Semejanza que, por lo demás, sería suficiente para incitar una férrea oposición de aquellos, cada vez más numerosos mexicanos patriotas, que se rehúsan a mal emplear las muchas o pocas reservas que les quedan. Las dos facciones de la derecha han decidido, de inmediato, ir por el tesorito de las aguas profundas sin titubeos ni dilaciones. Dos mil pozos a 150 millones cada uno dan una idea aproximada de la enorme suma de contratos a otorgar (300 mil millones de dólares).
Las alianzas estratégicas que sobó el señor Calderón como panacea ya no les parecen adecuadas a los priístas. Pero, como aquéllos, tampoco apuestan por iniciar el intenso y bien fondeado programa de investigación para dotar a Pemex de la capacidad organizativa y tecnológica requerida para una aventura a esas profundidades. Urge, a la coalición formada de antemano, invertir en la exploración a marchas forzadas.
Las trasnacionales se frotan las manos en espera de unos tontos que les eviten tan elevadas erogaciones para hacerse de un tesorito que calculan, según datos de la inquieta señora Kessel, en 20 mmdb de crudo equivalente. A precios actuales de 100 dólares el barril alcanzaría la astronómica cifra de dos billones de dólares. Así, en ambas iniciativas se contempla contratar, con similares ordenamientos, a distintas empresas externas para la perforación y extracción de crudos, no sólo en tan atractivas aguas, hasta hoy casi inexploradas, sino en todo el demás territorio del país.
Pero la parte medular viene a continuación en la retorcida iniciativa: las “empresas espejo”, una pulverización tan innecesaria como cara. Es aquí donde se revelan sus intenciones privatizadoras y las grandes oportunidades de negocios para aquellos atrevidos que puedan concitar aliados con masivos capitales disponibles (léase gobernadores y demás).
El proceso se inicia al formar las empresas, desconcentradas de Pemex, con cien por ciento de capital público. Ése es el señuelo tras del cual se han ido varios legisladores perredistas que defienden con ardor la iniciativa priísta, acordada, por lo demás, desde hace ya mucho tiempo con el gobierno y los grupos de presión. En efecto, esas empresas, totalmente controladas por el Consejo de Administración de Pemex (CAP), podrán contratar con particulares, por ejemplo, la construcción de una refinería para, después, celebrar otro contrato de servicios para la refinación. En realidad sería una efectiva operación de maquila, tal como la propuso el señor Calderón. Pero esta nueva intentona no se detiene ahí, va más allá, mucho más allá que la adelantada hace unos meses.
El CAP podrá, si se aprueban las reformas del priísmo a la ley que normaría a la paraestatal, proceder a desincorporar (es decir, vender o privatizar) esas “empresas espejo” de marras. De esa grotesca manera piensan engatusar los priístas a la sociedad. Afortunadamente, después de tanto debatir pormenores, la parte enterada de la población ya no se traga los afeites de los embaucadores. Lo mismo ocurriría con los ductos, la petroquímica básica, el almacenamiento y la distribución de petrolíferos o petroquímicos.
Ante tal atropello a la inteligencia, y a los intereses nacionales, la oposición real a la entrega de la industria petrolera debe levantar su voz y poner en marcha toda su fuerza, que no es poca, y que ahora está tan decidida como organizada. No es posible cohabitar, conciliar, negociar con semejantes intentos de atropello voraz. Las pretensiones para entregar de encubierto modo la industria petrolera no pueden encontrar un solitario punto de apoyo entre aquellos que desean conservar, en poder del Estado y como mandata la Constitución, el gran pivote de la industrialización y el desarrollo de México. Poco importa que la renovada contrarreforma anuncie transparentar contratos ya firmados o un fondo para la transición energética. Éste no pasa de ser otro distractor que, sin tapujos, pone en manos de los ávidos negociantes (de fuera y dentro) y sus parásitos internos teñidos de verde, las llamadas fuentes alternativas o renovables, todo un filón de oportunidades adicionales.
Por último, habrá que enfocar ahora una estrategia difusiva para tocar a los priístas de base. Ésos que por tradición y posturas personales no están dispuestos a dejarse embaucar en la intentona de entregar el petróleo y la industria energética completa al capital monopólico nacional y, menos aún, a las trasnacionales que tan unidas están con la derecha política. El priísmo tiene una sólida base de millones de simpatizantes que no estarán de acuerdo con lo que sus elites traman. Una propuesta nacionalista los podrá atraer, qué duda cabe.
Cuando la contrarreforma petrolera del señor Calderón se había convertido en una piltrafa, a pesar de sus disfraces redentoristas, le llegó un salvavidas priísta con el mismo espíritu entreguista, pero con antifaces más grandes. La iniciativa pergeñada por la facción dominante de la elite del PRI coincide, punto por punto, en las pretensiones básicas de privatizar la industria petrolera y trasladarla al extranjero. No hay más alternativa para la derecha política nacional que sucumbir ante sus ambiciones y debilidades. Tampoco resisten las tentaciones de controlar las dádivas frente a los necesitados, patrocinar los acomodos de fuerzas en conflicto, manejar los pequeños o grandes favores y coronar sus afanes de hacer negocios.
¿Por qué la propuesta del priísmo coincide en lo básico con la del señor Calderón? Porque ambas parten de un supuesto idéntico: aumentar la extracción de crudo para venderlo de inmediato. Diseñan sus acciones a partir de perseguir una plataforma sobrada para surtir al hambriento vecino del norte y recabar los enormes montos de divisas que requiere la hacienda pública para mantener los privilegios de siempre. De esta simpática y fácil manera los aspirantes a retornar al poder se granjean las simpatías de los centros de poder externo y de los inversionistas internos. Una carambola adecuada para montar sobre ella la búsqueda del Ejecutivo federal en 2012. Y, de paso, hacer de lado al panismo que, por ahora, ocupa puestos de relevancia burocrática sin saber qué hacer con ellos, fuera de manosearlos como botín.
Pero la semejanza entre las iniciativas del PAN y el PRI no se detiene en esa solitaria identidad. Semejanza que, por lo demás, sería suficiente para incitar una férrea oposición de aquellos, cada vez más numerosos mexicanos patriotas, que se rehúsan a mal emplear las muchas o pocas reservas que les quedan. Las dos facciones de la derecha han decidido, de inmediato, ir por el tesorito de las aguas profundas sin titubeos ni dilaciones. Dos mil pozos a 150 millones cada uno dan una idea aproximada de la enorme suma de contratos a otorgar (300 mil millones de dólares).
Las alianzas estratégicas que sobó el señor Calderón como panacea ya no les parecen adecuadas a los priístas. Pero, como aquéllos, tampoco apuestan por iniciar el intenso y bien fondeado programa de investigación para dotar a Pemex de la capacidad organizativa y tecnológica requerida para una aventura a esas profundidades. Urge, a la coalición formada de antemano, invertir en la exploración a marchas forzadas.
Las trasnacionales se frotan las manos en espera de unos tontos que les eviten tan elevadas erogaciones para hacerse de un tesorito que calculan, según datos de la inquieta señora Kessel, en 20 mmdb de crudo equivalente. A precios actuales de 100 dólares el barril alcanzaría la astronómica cifra de dos billones de dólares. Así, en ambas iniciativas se contempla contratar, con similares ordenamientos, a distintas empresas externas para la perforación y extracción de crudos, no sólo en tan atractivas aguas, hasta hoy casi inexploradas, sino en todo el demás territorio del país.
Pero la parte medular viene a continuación en la retorcida iniciativa: las “empresas espejo”, una pulverización tan innecesaria como cara. Es aquí donde se revelan sus intenciones privatizadoras y las grandes oportunidades de negocios para aquellos atrevidos que puedan concitar aliados con masivos capitales disponibles (léase gobernadores y demás).
El proceso se inicia al formar las empresas, desconcentradas de Pemex, con cien por ciento de capital público. Ése es el señuelo tras del cual se han ido varios legisladores perredistas que defienden con ardor la iniciativa priísta, acordada, por lo demás, desde hace ya mucho tiempo con el gobierno y los grupos de presión. En efecto, esas empresas, totalmente controladas por el Consejo de Administración de Pemex (CAP), podrán contratar con particulares, por ejemplo, la construcción de una refinería para, después, celebrar otro contrato de servicios para la refinación. En realidad sería una efectiva operación de maquila, tal como la propuso el señor Calderón. Pero esta nueva intentona no se detiene ahí, va más allá, mucho más allá que la adelantada hace unos meses.
El CAP podrá, si se aprueban las reformas del priísmo a la ley que normaría a la paraestatal, proceder a desincorporar (es decir, vender o privatizar) esas “empresas espejo” de marras. De esa grotesca manera piensan engatusar los priístas a la sociedad. Afortunadamente, después de tanto debatir pormenores, la parte enterada de la población ya no se traga los afeites de los embaucadores. Lo mismo ocurriría con los ductos, la petroquímica básica, el almacenamiento y la distribución de petrolíferos o petroquímicos.
Ante tal atropello a la inteligencia, y a los intereses nacionales, la oposición real a la entrega de la industria petrolera debe levantar su voz y poner en marcha toda su fuerza, que no es poca, y que ahora está tan decidida como organizada. No es posible cohabitar, conciliar, negociar con semejantes intentos de atropello voraz. Las pretensiones para entregar de encubierto modo la industria petrolera no pueden encontrar un solitario punto de apoyo entre aquellos que desean conservar, en poder del Estado y como mandata la Constitución, el gran pivote de la industrialización y el desarrollo de México. Poco importa que la renovada contrarreforma anuncie transparentar contratos ya firmados o un fondo para la transición energética. Éste no pasa de ser otro distractor que, sin tapujos, pone en manos de los ávidos negociantes (de fuera y dentro) y sus parásitos internos teñidos de verde, las llamadas fuentes alternativas o renovables, todo un filón de oportunidades adicionales.
Por último, habrá que enfocar ahora una estrategia difusiva para tocar a los priístas de base. Ésos que por tradición y posturas personales no están dispuestos a dejarse embaucar en la intentona de entregar el petróleo y la industria energética completa al capital monopólico nacional y, menos aún, a las trasnacionales que tan unidas están con la derecha política. El priísmo tiene una sólida base de millones de simpatizantes que no estarán de acuerdo con lo que sus elites traman. Una propuesta nacionalista los podrá atraer, qué duda cabe.
México S.A.
Carlos Fernández-Vega
La Jornada, 30 de julio 2008
■ Propuestas privatizadoras
■ Caricaturas de gobernantes
■ Diligencia con EU
Tantas vueltas para regresar al principio, con la única novedad que ahora la batuta la lleva el tricolor. Iniciativa, velatorio, debate, propuestas, análisis, foros por doquier, consulta ciudadana… y el punto retorna a los albores de abril pasado (cuando el inquilino de Los Pinos decía que sí, que no, que quién sabe, hasta salir como el caballo blanco), pero con el nudo aún más apretado.
A trompicones, el michoacano presentó su “reforma energética”, que fue rotundamente derrotada en los ámbitos político, académico y tecnológico. El velatorio de tal iniciativa se prolongó 71 días, por más que los neocientíficos de la “continuidad” intentaron revivirla. Aún insepulta, apareció el hado padrino vestido de tres colores y con bigotito seductor: “he venido a salvarte, princesa michoacana, pero el triunfo político me pertenece… y la gruesa factura también”, no sin antes dejar en claro (Jesús Murillo Karam dixit) que la nueva “propuesta” resulta “la menos privatizadora” de todas las conocidas, aunque privatizadora al fin.
Y los panistas de plano olvidaron la derrotada “reforma” del inquilino de Los Pinos, fingen que no existe, que nunca se presentó, que la buena es la del hado padrino, y rabiosos enfocan sus baterías y micrófonos en contra de la consulta ciudadana (la cual resultó no todo lo robusta que se esperaba, por muchas ganas que le pongan sus promotores), mientras veneran la redentora iniciativa priísta, también privatizadora, pero no mucho (ídem).
Pura grilla de los maltrechos cuan divididos partidos –no es patente perredista– y sus muy populares coordinadores legislativos (ninguno de ellos producto del voto ciudadano, sino de las jugosas canonjías que la ley electoral concede a estos grandes corporativos), que ni siquiera en los grandes temas nacionales, en los va de por medio el pellejo y el futuro del país, pueden ponerse de acuerdo, mientras el arrinconado inquilino de Los Pinos derrocha en micrófono y propaganda. Para ser la de la industria petrolera una de las decisiones más trascendentes en muchas décadas, nuestra agraciada clase política se muestra tal cual es: minúscula.
A regañadientes, algunos políticos abiertamente en contra de la consulta ciudadana dicen que sí, que tal vez tomen en cuenta el resultado del pasado domingo, pero que sin duda “el debate está en el Congreso”, mientras otros se comprometen a “no permitir” nuevas tomas de tribunas, como si de ellos dependiera. Y mientras tirios y troyanos aprestan las lanzas, el inquilino de Los Pinos, sin existir un acuerdo sobre el particular, se sienta a “negociar” con los vecinos del norte para saber en qué les puede servir, cómo los puede atender, de qué manera recorre la frontera, para que se sientan como en su casa a la hora de explorar aguas profundas en el Golfo de México. Esta caricatura de “gobernantes” y clase política es la que mantiene al país en el limbo, dando vueltas a la noria, caminando en círculo, y llevamos 26 años así.
Sobre la consulta ciudadana, no se duda de la buena voluntad de quienes se esforzaron –organizadores y participantes– para sacar adelante el paquete, pero no suena muy convincente calificar como “éxito” una participación equivalente a poco menos de 5 por ciento del padrón electoral correspondiente al Distrito Federal y las otras nueve entidades en la que se desarrolló. Fue un gran esfuerzo, desde luego, pero los resultados son poco robustos, incluso poco representativos del sentir de millones de mexicanos en cuanto al futuro de la industria petrolera nacional. Aún así, más de un millón y medio de mexicanos dejaron clara su decisión, que debe ser tomada en cuenta a la hora de decidir.
Mientras el espectáculo continúa, en una suerte de refrito de lo que comenzamos a ver en abril (el déjà vu grillero), Pemex presume sus resultados financieros al cierre del segundo trimestre de 2008. Va la numeralia de la propia paraestatal:
Las ventas totales durante el periodo de referencia sumaron 371 mil 576 millones de pesos; registró un rendimiento neto de 16 mil 696 millones; el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación fue de 104.1 dólares por barril: las ventas totales, incluyendo ingresos por servicios, alcanzaron 371 mil 576 millones de pesos, debido principalmente a mayores precios de crudo de exportación: el rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos (previo a que Hacienda meta la mano) fue 248 mil 382 millones de pesos, derivado principalmente de un incremento de 36 mil 347 millones de pesos en el rendimiento de operación y de un aumento de 33 mil 231 millones en otros ingresos netos; el monto de los impuestos, derechos y aprovechamientos fue de 231 mil 687 millones, debido al incremento de los precios del crudo y gas natural: reportó un rendimiento neto de 16 mil 696 millones; el resultado se explica principalmente por un incremento en el rendimiento de operación, un aumento en otros ingresos y por mayores impuestos, derechos y aprovechamientos; respecto del mismo periodo del año previo, los activos totales se ubicaron en un billón 293 mil millones de pesos; los pasivos totales en un billón 165 mil 342 millones; el patrimonio de Pemex sumó 127 mil 620 millones de pesos.
Las rebanadas del pastel
Para el director general de Pemex la consulta ciudadana sí arrojó un resultado concreto, de tal suerte que hay que respetarlo. Lo dijo así: “el gran juez sobre la consulta no es ningún actor político, organizado propiamente dicho, sino la ciudadanía… la opinión pública y la ciudadanía es muy sabia, y básicamente votó. Sí voto. ¿Cómo votó? No yendo, en esencia, o no yendo digamos copiosamente... eso es lo que quedó en evidencia este domingo” (declaraciones a Radio Fórmula). Entonces, si se atiende esa lectura, Jesús Reyes Heroles G. G. reconoce que Felipe Calderón nunca debió llegar a Los Pinos (de hecho debe hacer maletas y dejar la residencia oficial), porque el 2 de julio de 2006 el 40 por ciento de los mexicanos en edad de votar decidió no ir a las urnas, es decir, “votó no yendo”, de tal suerte que esa mayoría ganó la contienda electoral, porque en lo individual los candidatos no pasaron del 36 por ciento. Así de fácil, ¿verdad, Chucho?
La Jornada, 30 de julio 2008
■ Propuestas privatizadoras
■ Caricaturas de gobernantes
■ Diligencia con EU
Tantas vueltas para regresar al principio, con la única novedad que ahora la batuta la lleva el tricolor. Iniciativa, velatorio, debate, propuestas, análisis, foros por doquier, consulta ciudadana… y el punto retorna a los albores de abril pasado (cuando el inquilino de Los Pinos decía que sí, que no, que quién sabe, hasta salir como el caballo blanco), pero con el nudo aún más apretado.
A trompicones, el michoacano presentó su “reforma energética”, que fue rotundamente derrotada en los ámbitos político, académico y tecnológico. El velatorio de tal iniciativa se prolongó 71 días, por más que los neocientíficos de la “continuidad” intentaron revivirla. Aún insepulta, apareció el hado padrino vestido de tres colores y con bigotito seductor: “he venido a salvarte, princesa michoacana, pero el triunfo político me pertenece… y la gruesa factura también”, no sin antes dejar en claro (Jesús Murillo Karam dixit) que la nueva “propuesta” resulta “la menos privatizadora” de todas las conocidas, aunque privatizadora al fin.
Y los panistas de plano olvidaron la derrotada “reforma” del inquilino de Los Pinos, fingen que no existe, que nunca se presentó, que la buena es la del hado padrino, y rabiosos enfocan sus baterías y micrófonos en contra de la consulta ciudadana (la cual resultó no todo lo robusta que se esperaba, por muchas ganas que le pongan sus promotores), mientras veneran la redentora iniciativa priísta, también privatizadora, pero no mucho (ídem).
Pura grilla de los maltrechos cuan divididos partidos –no es patente perredista– y sus muy populares coordinadores legislativos (ninguno de ellos producto del voto ciudadano, sino de las jugosas canonjías que la ley electoral concede a estos grandes corporativos), que ni siquiera en los grandes temas nacionales, en los va de por medio el pellejo y el futuro del país, pueden ponerse de acuerdo, mientras el arrinconado inquilino de Los Pinos derrocha en micrófono y propaganda. Para ser la de la industria petrolera una de las decisiones más trascendentes en muchas décadas, nuestra agraciada clase política se muestra tal cual es: minúscula.
A regañadientes, algunos políticos abiertamente en contra de la consulta ciudadana dicen que sí, que tal vez tomen en cuenta el resultado del pasado domingo, pero que sin duda “el debate está en el Congreso”, mientras otros se comprometen a “no permitir” nuevas tomas de tribunas, como si de ellos dependiera. Y mientras tirios y troyanos aprestan las lanzas, el inquilino de Los Pinos, sin existir un acuerdo sobre el particular, se sienta a “negociar” con los vecinos del norte para saber en qué les puede servir, cómo los puede atender, de qué manera recorre la frontera, para que se sientan como en su casa a la hora de explorar aguas profundas en el Golfo de México. Esta caricatura de “gobernantes” y clase política es la que mantiene al país en el limbo, dando vueltas a la noria, caminando en círculo, y llevamos 26 años así.
Sobre la consulta ciudadana, no se duda de la buena voluntad de quienes se esforzaron –organizadores y participantes– para sacar adelante el paquete, pero no suena muy convincente calificar como “éxito” una participación equivalente a poco menos de 5 por ciento del padrón electoral correspondiente al Distrito Federal y las otras nueve entidades en la que se desarrolló. Fue un gran esfuerzo, desde luego, pero los resultados son poco robustos, incluso poco representativos del sentir de millones de mexicanos en cuanto al futuro de la industria petrolera nacional. Aún así, más de un millón y medio de mexicanos dejaron clara su decisión, que debe ser tomada en cuenta a la hora de decidir.
Mientras el espectáculo continúa, en una suerte de refrito de lo que comenzamos a ver en abril (el déjà vu grillero), Pemex presume sus resultados financieros al cierre del segundo trimestre de 2008. Va la numeralia de la propia paraestatal:
Las ventas totales durante el periodo de referencia sumaron 371 mil 576 millones de pesos; registró un rendimiento neto de 16 mil 696 millones; el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación fue de 104.1 dólares por barril: las ventas totales, incluyendo ingresos por servicios, alcanzaron 371 mil 576 millones de pesos, debido principalmente a mayores precios de crudo de exportación: el rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos (previo a que Hacienda meta la mano) fue 248 mil 382 millones de pesos, derivado principalmente de un incremento de 36 mil 347 millones de pesos en el rendimiento de operación y de un aumento de 33 mil 231 millones en otros ingresos netos; el monto de los impuestos, derechos y aprovechamientos fue de 231 mil 687 millones, debido al incremento de los precios del crudo y gas natural: reportó un rendimiento neto de 16 mil 696 millones; el resultado se explica principalmente por un incremento en el rendimiento de operación, un aumento en otros ingresos y por mayores impuestos, derechos y aprovechamientos; respecto del mismo periodo del año previo, los activos totales se ubicaron en un billón 293 mil millones de pesos; los pasivos totales en un billón 165 mil 342 millones; el patrimonio de Pemex sumó 127 mil 620 millones de pesos.
Las rebanadas del pastel
Para el director general de Pemex la consulta ciudadana sí arrojó un resultado concreto, de tal suerte que hay que respetarlo. Lo dijo así: “el gran juez sobre la consulta no es ningún actor político, organizado propiamente dicho, sino la ciudadanía… la opinión pública y la ciudadanía es muy sabia, y básicamente votó. Sí voto. ¿Cómo votó? No yendo, en esencia, o no yendo digamos copiosamente... eso es lo que quedó en evidencia este domingo” (declaraciones a Radio Fórmula). Entonces, si se atiende esa lectura, Jesús Reyes Heroles G. G. reconoce que Felipe Calderón nunca debió llegar a Los Pinos (de hecho debe hacer maletas y dejar la residencia oficial), porque el 2 de julio de 2006 el 40 por ciento de los mexicanos en edad de votar decidió no ir a las urnas, es decir, “votó no yendo”, de tal suerte que esa mayoría ganó la contienda electoral, porque en lo individual los candidatos no pasaron del 36 por ciento. Así de fácil, ¿verdad, Chucho?
Bajo la lupa
Alfredo Jalife Rahme
La Jornada, 30 de julio 2008
■ ¿Quién es el verdadero rey: Juan Carlos, Hugo Chávez o el petróleo?
En México, el gobierno neototalitario panista y sus multimedia sovietizados exorcizan en forma medieval la imagen de Hugo Chávez, a niveles peores que a Mefistófeles, mientras en España, en un movimiento de rectificación, el rey Juan Carlos y el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le han tendido la alfombra roja. ¡Los milagros que produce el petróleo!
Cuando la muy primitiva aznarización (ver Bajo la Lupa, 26/12/07; 9 y 30/4/08) ha llevado los intereses españoles a su nivel más bajo en Latinoamérica, se escenifica una reconciliación de alcances estratégicos geoenergéticos entre el rey Juan Carlos y el presidente Chávez. En la modernidad del inicio del siglo XXI, ¿quién es el verdadero rey de los dos?
The Times, periódico londinense ultra-conservador y ultraneoliberal en la principal monarquía occidental, no hace mucho calificó a Chávez como el “rey de Latinoamérica”, debido a que Venezuela posee las mayores reservas del mundo, cuando se suma el petróleo convencional (de fácil acceso) y el no convencional (v.gr, los hidrocarburos pesados de la Faja del Orinoco).
En una lectura sicoanalítica es muy probable que el arrebato poco monárquico en la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile de parte de Juan Carlos, rey anacrónico y sin hidrocarburos, se haya debido a su consternación frente al ascenso irresistible del “nuevo rey de Latinoamérica”, cuando la empresa pirata española Repsol era expulsada de la región: Venezuela, Bolivia y Argentina.
Más lejos, en Argelia y hasta en la parte estadunidense del Golfo de México, Repsol había tirado la toalla con la excepción abusiva de México gracias a la dilapidación de Fox y la dupla Calderón-Mouriño que entregaron casi la cuarta parte del gas mexicano a las empresas españolas, que por cierto habría que renacionalizar o renegociar.
El rotativo filomonárquico y ultraconservador ABC, de Madrid (26/7/08), tituló a ocho columnas la espectacular reconciliación entre el rey español alicaído y el nuevo rey de Latinoamérica: “Chávez promete a España petróleo más barato y facilidades para Repsol” y conjetura que “en el fondo de esta reanudación de relaciones, la posibilidad de que Venezuela garantice para siempre (¡súper sic!) el suministro de petróleo a España, a través de las inversiones de Repsol, que podría (sic) contar con dos campos de extracción en la Faja del Orinoco”. Y más adelante clava la estocada: “el crudo ha sido el leit motiv de la visita: Venezuela venderá a España 10 mil barriles de petróleo a 100 dólares (ahora está a 123 dólares) a cambio de tecnología”. ¿De cuando acá España posee tecnología que no sea alquilada de las principales trasnacionales anglosajonas?
La venta de crudo se podría triplicar y hasta multiplicar 20 veces, como el muy generoso “nuevo rey de Latinoamérica” (acompañado por el ministro de Energía, Rafael Ramírez) confirmó: “Repsol podría producir 200 mil barriles de petróleo diarios que podrían garantizar para siempre (¡súper sic!) el suministro a España”.
El estribillo para siempre significa “cien años de abasto”, según el nuevo rey de Latinoamérica (El Universal, de Venezuela, 26/7/08). El rotativo ABC suministra los pormenores del acuerdo: “España rehabilita (sic) a Chávez a cambio de comprarle petróleo a menor precio; Venezuela venderá 10 mil barriles diarios a 100 dólares y Repsol podría explotar un nuevo campo petrolífero”. El aznarista Mariano Rajoy, líder de la oposición del PP, pegó el grito en los cielos y preguntó lastimosamente la razón por la cual Obama “dejó fuera a España” de su exitoso periplo por Europa.
El editorial de ABC considera que Zapatero (sic) le había otorgado un “balón de oxigeno a Chávez”, perdedor en todos los frentes, a su juicio, a quien coloca como un paria de la “comunidad internacional” y colma de invectivas: “autócrata”, “populista” e “intervencionista” (sic). Mata de risa que el aznarista ABC perore sobre el “intervencionismo” ajeno. Peor aún: ABC no oculta su racismo al fustigar los “devaneos” de Zapatero con “indigenistas (¡súper sic!) de Iberoamérica”. ¡Uf!
¿Qué significará “comunidad internacional”, cuando el “nuevo rey de Latinoamérica” mantiene excelentes relaciones con el BRIC (Brasil, Rusia, India, China), la OPEP, los 57 países de la Organización de la Conferencia Islámica y con Francia, Gran Bretaña y El Vaticano en Europa? ¿No son más bien el bushismo-blairismo-aznarismo y rotativos como ABC (y sus caricaturas en Latinoamérica), que se encuentran precariamente aislados de la verdadera “comunidad universal”?
Los aburridos soliloquios de los fundamentalistas neoliberales reflejan su caduco unilateralismo derrotado. Pero tampoco hay que perder de vista que también se encontraban en peligro las inversiones de BBV, Santander y Repsol por 2 mil 400 millones de dólares en Venezuela (El Economista español, 25/7/08).
Existe algo más profundo y no se puede soslayar el relevante papel mediador que ha jugado Javier Solana, en nombre de la Unión Europea, para seducir a Irán a un acuerdo todavía más espectacular con Estados Unidos. No hay que olvidar que existe un eje estratégico geoenergético entre Irán y Venezuela por lo que no sería sorprendente que detrás del arreglo entre España y Venezuela se encuentre la sombra de los ayatolas. Curiosamente, la distensión triangulada entre España, Venezuela e Irán se escenifica en forma acompasada.
España opera un juicioso golpe de timón y se ajusta a la nueva correlación geoestratégica y geoenergética de fuerzas, y parece adelantarse a una presidencia de Obama en Estados Unidos al desechar los fantasmas cavernarios de la aznarización y a sus intelectuales tropicales, furibundos antichavistas, quienes adoptaron la agenda unilateral bélica de los neoconservadores straussianos en Latinoamérica. La reconciliación entre España y Venezuela, de paso con Irán, tira al basurero de la verdadera historia las derrotadas tesis unilaterales ultrabélicas y neoliberales de la tripleta Aznar-Krauze-Castañeda en Latinoamérica (a este nivel no pintan Fox, Espino ni Calderón).
Primun vivere, dopo filosofare (primero sobrevivir y luego filosofar) parece ser el axioma adoptado por Rodríguez Zapatero, quien en forma multilateral, con la peor crisis financiera de la historia española a cuestas que le legó el fundamentalista fiscalista neoliberal y ultrabélico Aznar López (ver Bajo la Lupa, 23/7/08), se aleja de las políticas unilaterales de Bush-Blair-Aznar y busca desesperadamente el suministro de hidrocarburos en medio de la grave crisis geoenergética mundial. ¿Quién finalmente dio “oxígeno” a quién? Murió el viejo rey. ¡Viva el nuevo rey!: el petróleo, por supuesto.
La Jornada, 30 de julio 2008
■ ¿Quién es el verdadero rey: Juan Carlos, Hugo Chávez o el petróleo?
En México, el gobierno neototalitario panista y sus multimedia sovietizados exorcizan en forma medieval la imagen de Hugo Chávez, a niveles peores que a Mefistófeles, mientras en España, en un movimiento de rectificación, el rey Juan Carlos y el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le han tendido la alfombra roja. ¡Los milagros que produce el petróleo!
Cuando la muy primitiva aznarización (ver Bajo la Lupa, 26/12/07; 9 y 30/4/08) ha llevado los intereses españoles a su nivel más bajo en Latinoamérica, se escenifica una reconciliación de alcances estratégicos geoenergéticos entre el rey Juan Carlos y el presidente Chávez. En la modernidad del inicio del siglo XXI, ¿quién es el verdadero rey de los dos?
The Times, periódico londinense ultra-conservador y ultraneoliberal en la principal monarquía occidental, no hace mucho calificó a Chávez como el “rey de Latinoamérica”, debido a que Venezuela posee las mayores reservas del mundo, cuando se suma el petróleo convencional (de fácil acceso) y el no convencional (v.gr, los hidrocarburos pesados de la Faja del Orinoco).
En una lectura sicoanalítica es muy probable que el arrebato poco monárquico en la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile de parte de Juan Carlos, rey anacrónico y sin hidrocarburos, se haya debido a su consternación frente al ascenso irresistible del “nuevo rey de Latinoamérica”, cuando la empresa pirata española Repsol era expulsada de la región: Venezuela, Bolivia y Argentina.
Más lejos, en Argelia y hasta en la parte estadunidense del Golfo de México, Repsol había tirado la toalla con la excepción abusiva de México gracias a la dilapidación de Fox y la dupla Calderón-Mouriño que entregaron casi la cuarta parte del gas mexicano a las empresas españolas, que por cierto habría que renacionalizar o renegociar.
El rotativo filomonárquico y ultraconservador ABC, de Madrid (26/7/08), tituló a ocho columnas la espectacular reconciliación entre el rey español alicaído y el nuevo rey de Latinoamérica: “Chávez promete a España petróleo más barato y facilidades para Repsol” y conjetura que “en el fondo de esta reanudación de relaciones, la posibilidad de que Venezuela garantice para siempre (¡súper sic!) el suministro de petróleo a España, a través de las inversiones de Repsol, que podría (sic) contar con dos campos de extracción en la Faja del Orinoco”. Y más adelante clava la estocada: “el crudo ha sido el leit motiv de la visita: Venezuela venderá a España 10 mil barriles de petróleo a 100 dólares (ahora está a 123 dólares) a cambio de tecnología”. ¿De cuando acá España posee tecnología que no sea alquilada de las principales trasnacionales anglosajonas?
La venta de crudo se podría triplicar y hasta multiplicar 20 veces, como el muy generoso “nuevo rey de Latinoamérica” (acompañado por el ministro de Energía, Rafael Ramírez) confirmó: “Repsol podría producir 200 mil barriles de petróleo diarios que podrían garantizar para siempre (¡súper sic!) el suministro a España”.
El estribillo para siempre significa “cien años de abasto”, según el nuevo rey de Latinoamérica (El Universal, de Venezuela, 26/7/08). El rotativo ABC suministra los pormenores del acuerdo: “España rehabilita (sic) a Chávez a cambio de comprarle petróleo a menor precio; Venezuela venderá 10 mil barriles diarios a 100 dólares y Repsol podría explotar un nuevo campo petrolífero”. El aznarista Mariano Rajoy, líder de la oposición del PP, pegó el grito en los cielos y preguntó lastimosamente la razón por la cual Obama “dejó fuera a España” de su exitoso periplo por Europa.
El editorial de ABC considera que Zapatero (sic) le había otorgado un “balón de oxigeno a Chávez”, perdedor en todos los frentes, a su juicio, a quien coloca como un paria de la “comunidad internacional” y colma de invectivas: “autócrata”, “populista” e “intervencionista” (sic). Mata de risa que el aznarista ABC perore sobre el “intervencionismo” ajeno. Peor aún: ABC no oculta su racismo al fustigar los “devaneos” de Zapatero con “indigenistas (¡súper sic!) de Iberoamérica”. ¡Uf!
¿Qué significará “comunidad internacional”, cuando el “nuevo rey de Latinoamérica” mantiene excelentes relaciones con el BRIC (Brasil, Rusia, India, China), la OPEP, los 57 países de la Organización de la Conferencia Islámica y con Francia, Gran Bretaña y El Vaticano en Europa? ¿No son más bien el bushismo-blairismo-aznarismo y rotativos como ABC (y sus caricaturas en Latinoamérica), que se encuentran precariamente aislados de la verdadera “comunidad universal”?
Los aburridos soliloquios de los fundamentalistas neoliberales reflejan su caduco unilateralismo derrotado. Pero tampoco hay que perder de vista que también se encontraban en peligro las inversiones de BBV, Santander y Repsol por 2 mil 400 millones de dólares en Venezuela (El Economista español, 25/7/08).
Existe algo más profundo y no se puede soslayar el relevante papel mediador que ha jugado Javier Solana, en nombre de la Unión Europea, para seducir a Irán a un acuerdo todavía más espectacular con Estados Unidos. No hay que olvidar que existe un eje estratégico geoenergético entre Irán y Venezuela por lo que no sería sorprendente que detrás del arreglo entre España y Venezuela se encuentre la sombra de los ayatolas. Curiosamente, la distensión triangulada entre España, Venezuela e Irán se escenifica en forma acompasada.
España opera un juicioso golpe de timón y se ajusta a la nueva correlación geoestratégica y geoenergética de fuerzas, y parece adelantarse a una presidencia de Obama en Estados Unidos al desechar los fantasmas cavernarios de la aznarización y a sus intelectuales tropicales, furibundos antichavistas, quienes adoptaron la agenda unilateral bélica de los neoconservadores straussianos en Latinoamérica. La reconciliación entre España y Venezuela, de paso con Irán, tira al basurero de la verdadera historia las derrotadas tesis unilaterales ultrabélicas y neoliberales de la tripleta Aznar-Krauze-Castañeda en Latinoamérica (a este nivel no pintan Fox, Espino ni Calderón).
Primun vivere, dopo filosofare (primero sobrevivir y luego filosofar) parece ser el axioma adoptado por Rodríguez Zapatero, quien en forma multilateral, con la peor crisis financiera de la historia española a cuestas que le legó el fundamentalista fiscalista neoliberal y ultrabélico Aznar López (ver Bajo la Lupa, 23/7/08), se aleja de las políticas unilaterales de Bush-Blair-Aznar y busca desesperadamente el suministro de hidrocarburos en medio de la grave crisis geoenergética mundial. ¿Quién finalmente dio “oxígeno” a quién? Murió el viejo rey. ¡Viva el nuevo rey!: el petróleo, por supuesto.
martes, 29 de julio de 2008
Opinión de Pedro Miguel en La Jornada
Porqué el no
Porque es una respuesta de sentido común: si se nos pregunta si deseamos sufrir la enajenación de algo que es nuestro (en un robo sin violencia o con ella, en un fraude bancario, como consecuencia de una extorsión o por medio de una votación parlamentaria), lo lógico es que contestemos no.
Porque ya sabemos lo que ocurre cuando los gobernantes en turno transfieren una entidad de propiedad pública o un ramo reservado al Estado a manos privadas (casi siempre, a empresarios afines, próximos, cuates, cómplices, compadres, parientes en algún grado): se incrementa la pobreza de la mayoría de la población y se dispara la riqueza de unos cuantos.
Entre De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox nos dejaron sin industria nuclear, sin satélites, sin bancos, sin carreteras, sin ferrocarriles, sin autopistas, sin empresas de telecomunicaciones, sin petroquímica secundaria, sin gas natural, sin líneas aéreas, sin supermercados populares, sin ingenios, sin acereras y altos hornos, sin minas, sin aeropuertos, sin vigilancia aeroportuaria, sin canales de televisión, sin estaciones de radio, sin fábricas de electrodomésticos, sin tortillerías, sin editoriales e imprentas, sin periódicos; de Salinas a Calderón, los gobernantes se han empeñado, además, en disminuir la generación de electricidad por parte del sector público (para que la generen empresas privadas) y en reducir a chatarra la planta petroquímica de propiedad nacional; nos dijeron que era para “adelgazar al Estado”, pero el gasto corriente del gobierno ha crecido en forma exponencial y hoy el gobierno federal, plenamente obeso, es más ineficiente que nunca; nos aseguraron que con el producto de las ventas de empresas del sector público se reduciría la pobreza en el país y ocurrió lo contrario; argumentaron que se consolidarían la independencia y la soberanía, pero hoy la soberanía y la independencia nacionales son una frase hueca que se acomoda en uno que otro pasaje de los discursos presidenciales mientras las autoridades federales exhiben su dependencia de los lineamientos de Estados Unidos y de Europa y la economía es lastimosamente vulnerable a los vaivenes financieros mundiales.
Porque no nos gusta que nos tomen el pelo: todo lo dicho por Calderón y sus empleados a favor de la privatización de la industria petrolera ya lo hemos escuchado cada vez que se ha transferido a los capitales privados una empresa del Estado, y en todas las ocasiones esos argumentos resultaron ser mentiras, aunque los apoyaran sin rubor alguno –como ahora– Krauze y Aguilar Camín.
Porque conocemos la profundidad del enojo popular, intuimos la explosividad social en grandes ámbitos del país y no queremos que una imposición del poder público –especialmente, de este poder público, surgido de una elección más que dudosa– provoque estallidos de violencia de esos que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, ni después de cuántos muertos.
Porque queremos demostrar y documentar, en el interior y al mundo, que Calderón no representa el sentir mayoritario de los mexicanos, ni en el terreno petrolero ni en muchos otros.
Porque los problemas de la industria petrolera nacional no se resuelven permitiendo que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de ella, sino combatiendo la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad y el dispendio dentro de Pemex y en el conjunto de la administración pública, un propósito que no forma parte del calderonato.
Porque el empeño gubernamental en incrementar la extracción de crudo es insensato, irresponsable y profundamente egoísta. Si los altos funcionarios no tienen suficiente dinero para pagarse el boato en el que viven, que cobren los impuestos que deben cobrar a las grandes corporaciones y que dejen en paz nuestro petróleo. Nuestros hijos y nietos lo necesitarán más que nosotros.
Por esas consideraciones, y por muchas otras, el no ganó de manera abrumadora en la consulta ciudadana que se llevó a cabo el pasado domingo.
Porque es una respuesta de sentido común: si se nos pregunta si deseamos sufrir la enajenación de algo que es nuestro (en un robo sin violencia o con ella, en un fraude bancario, como consecuencia de una extorsión o por medio de una votación parlamentaria), lo lógico es que contestemos no.
Porque ya sabemos lo que ocurre cuando los gobernantes en turno transfieren una entidad de propiedad pública o un ramo reservado al Estado a manos privadas (casi siempre, a empresarios afines, próximos, cuates, cómplices, compadres, parientes en algún grado): se incrementa la pobreza de la mayoría de la población y se dispara la riqueza de unos cuantos.
Entre De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox nos dejaron sin industria nuclear, sin satélites, sin bancos, sin carreteras, sin ferrocarriles, sin autopistas, sin empresas de telecomunicaciones, sin petroquímica secundaria, sin gas natural, sin líneas aéreas, sin supermercados populares, sin ingenios, sin acereras y altos hornos, sin minas, sin aeropuertos, sin vigilancia aeroportuaria, sin canales de televisión, sin estaciones de radio, sin fábricas de electrodomésticos, sin tortillerías, sin editoriales e imprentas, sin periódicos; de Salinas a Calderón, los gobernantes se han empeñado, además, en disminuir la generación de electricidad por parte del sector público (para que la generen empresas privadas) y en reducir a chatarra la planta petroquímica de propiedad nacional; nos dijeron que era para “adelgazar al Estado”, pero el gasto corriente del gobierno ha crecido en forma exponencial y hoy el gobierno federal, plenamente obeso, es más ineficiente que nunca; nos aseguraron que con el producto de las ventas de empresas del sector público se reduciría la pobreza en el país y ocurrió lo contrario; argumentaron que se consolidarían la independencia y la soberanía, pero hoy la soberanía y la independencia nacionales son una frase hueca que se acomoda en uno que otro pasaje de los discursos presidenciales mientras las autoridades federales exhiben su dependencia de los lineamientos de Estados Unidos y de Europa y la economía es lastimosamente vulnerable a los vaivenes financieros mundiales.
Porque no nos gusta que nos tomen el pelo: todo lo dicho por Calderón y sus empleados a favor de la privatización de la industria petrolera ya lo hemos escuchado cada vez que se ha transferido a los capitales privados una empresa del Estado, y en todas las ocasiones esos argumentos resultaron ser mentiras, aunque los apoyaran sin rubor alguno –como ahora– Krauze y Aguilar Camín.
Porque conocemos la profundidad del enojo popular, intuimos la explosividad social en grandes ámbitos del país y no queremos que una imposición del poder público –especialmente, de este poder público, surgido de una elección más que dudosa– provoque estallidos de violencia de esos que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, ni después de cuántos muertos.
Porque queremos demostrar y documentar, en el interior y al mundo, que Calderón no representa el sentir mayoritario de los mexicanos, ni en el terreno petrolero ni en muchos otros.
Porque los problemas de la industria petrolera nacional no se resuelven permitiendo que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de ella, sino combatiendo la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad y el dispendio dentro de Pemex y en el conjunto de la administración pública, un propósito que no forma parte del calderonato.
Porque el empeño gubernamental en incrementar la extracción de crudo es insensato, irresponsable y profundamente egoísta. Si los altos funcionarios no tienen suficiente dinero para pagarse el boato en el que viven, que cobren los impuestos que deben cobrar a las grandes corporaciones y que dejen en paz nuestro petróleo. Nuestros hijos y nietos lo necesitarán más que nosotros.
Por esas consideraciones, y por muchas otras, el no ganó de manera abrumadora en la consulta ciudadana que se llevó a cabo el pasado domingo.
Opinión de Magdalena Gómez en La Jornada
Petróleo: consulta y participación
En un ambiente de cuenta regresiva que acerca peligrosamente a un desenlace la propuesta de privatizar el petróleo, impulsada por el calderonismo y aliados, transcurrió la primera fase de la consulta ciudadana, cuya sede principal, que no única, fue el Distrito Federal. Varios fueron los factores que desalentaron la masiva participación que se requería, precisamente cuando de nueva cuenta el PRIAN se apresta a hacer de las suyas y lamentablemente una fracción del perredismo da muestras de pretender consumar otro golpe al movimiento nacional en defensa del petróleo con argumentos falaces que apenas logran ocultar su ya consuetudinaria “vocación de poder”, como suelen llamar a sus conscientes adhesiones a temas que estratégicamente golpean al movimiento social. Recuérdese el caso de la contrarreforma indígena de 2001.
La consulta ciudadana en sí misma entraña un desafío a la postura fundamentalista en torno a la democracia representativa. Nuestro país es de los pocos que aún no regulan formas de democracia directa y participativa, gracias a que la llamada clase política es juez y parte, no quiere saber de mecanismos que la obliguen a atender las demandas del pueblo a quien dice representar y en los hechos le usurpa su voluntad.
Nos encontramos ante un círculo vicioso, pues tratándose de reforma del Estado el único horizonte es el de pactar reformas electorales, las cuales monopolizan los propios partidos políticos. Así las cosas, la consulta del pasado 27 de julio fue torpedeada desde todos los frentes, incluyendo el efectivo impacto de los medios masivos, en especial las televisoras. Se cuestionaron sus propósitos y con mensajes abiertos se dejó asentado que promover la expresión de la voluntad popular entraña “un peligro para México”. También se trató de trivializar su contenido con una campaña intensiva en torno a que ninguna fuerza política quiere la privatización. Ahora resulta que existe una imaginería política esquizofrénica. El resultado no se hizo esperar, pues, ante el desequilibrio de recursos empeñados en la empresa anticonsulta, del lado de los organizadores de la consulta no hubo condiciones de contrarrestarla.
Los días previos, el Partido Revolucionario Institucional presentó su remedo gatopardista de iniciativa de reformas en materia petrolera que busca la privatización por otros medios y en el coro de adhesiones participaron los representantes del perredismo “concertador e institucional”.
Y si a ello sumamos las circunstancias concretas del ejercicio democrático; por ejemplo, la consulta en el Distrito Federal no podía ser metropolitana e incluir al estado de México, porque el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) no podría acompañar un ejercicio extraterritorial en términos de su ámbito espacial de competencias. Se privilegió la cobertura y paraguas de legalidad que otorgaba el IEDF y el costo fue para la ciudadanía vecina que, pese a que había casillas en su entidad, no tuvieron la difusión suficiente ni el amparo del Instituto Electoral del Estado de México, lo cual generó confusión a todos los niveles, pues incluso la mayoría de los operadores de la consulta en la ciudad de México desconocían que sí la había también en la entidad vecina.
Por fortuna parece menor el impacto en términos porcentuales de la confusión generada por la redacción de la segunda pregunta de la consulta, cuando en el ambiente de medios ya había difusión en torno a que las iniciativas calderonistas no son las únicas a dictaminar: estaban las del PRI y el anuncio de las que próximamente presentará el PRD (no sabemos cuál PRD, pero lo adivinamos). No era fácil la respuesta negativa que se esperaba. Por lo que se refiere a irregularidades en el desarrollo de la consulta, parecen mínimas; algunas se pudieron obviar, como la relativa a algunas mantas que en la delegación Cuauhtémoc se mantuvieron en torno al no en las preguntas, que en efecto eran factor de “inducción del voto”.
El PAN del Distrito Federal se movió entre el seguimiento a las “irregularidades” de la consulta, cuya realización rechazaban, y la contradicción que entraña el temor irracional a que la ciudadanía exprese una opinión, y ello en un partido que se construyó en tiempos de oposición. El PRD en el Distrito Federal abonó de manera desafortunada a la partidización de la consulta cuando alertó en un desplegado sobre el plan anticonsulta del panismo. Se perdió la oportunidad de esperar las evidencias de tal plan, pues el costo de encabezar dicha denuncia golpea al ejercicio ciudadano que se busca arraigar como espacio de cultura democrática.
El ejercicio del pasado domingo vale en sí mismo porque expresó la voluntad de participación y decisión; el costo de que la clase política del PRIAN y aliados, vergonzantes algunos, no lo escuchen puede ser alto; vale recordar aquello de “no despertemos al México bronco”.
En un ambiente de cuenta regresiva que acerca peligrosamente a un desenlace la propuesta de privatizar el petróleo, impulsada por el calderonismo y aliados, transcurrió la primera fase de la consulta ciudadana, cuya sede principal, que no única, fue el Distrito Federal. Varios fueron los factores que desalentaron la masiva participación que se requería, precisamente cuando de nueva cuenta el PRIAN se apresta a hacer de las suyas y lamentablemente una fracción del perredismo da muestras de pretender consumar otro golpe al movimiento nacional en defensa del petróleo con argumentos falaces que apenas logran ocultar su ya consuetudinaria “vocación de poder”, como suelen llamar a sus conscientes adhesiones a temas que estratégicamente golpean al movimiento social. Recuérdese el caso de la contrarreforma indígena de 2001.
La consulta ciudadana en sí misma entraña un desafío a la postura fundamentalista en torno a la democracia representativa. Nuestro país es de los pocos que aún no regulan formas de democracia directa y participativa, gracias a que la llamada clase política es juez y parte, no quiere saber de mecanismos que la obliguen a atender las demandas del pueblo a quien dice representar y en los hechos le usurpa su voluntad.
Nos encontramos ante un círculo vicioso, pues tratándose de reforma del Estado el único horizonte es el de pactar reformas electorales, las cuales monopolizan los propios partidos políticos. Así las cosas, la consulta del pasado 27 de julio fue torpedeada desde todos los frentes, incluyendo el efectivo impacto de los medios masivos, en especial las televisoras. Se cuestionaron sus propósitos y con mensajes abiertos se dejó asentado que promover la expresión de la voluntad popular entraña “un peligro para México”. También se trató de trivializar su contenido con una campaña intensiva en torno a que ninguna fuerza política quiere la privatización. Ahora resulta que existe una imaginería política esquizofrénica. El resultado no se hizo esperar, pues, ante el desequilibrio de recursos empeñados en la empresa anticonsulta, del lado de los organizadores de la consulta no hubo condiciones de contrarrestarla.
Los días previos, el Partido Revolucionario Institucional presentó su remedo gatopardista de iniciativa de reformas en materia petrolera que busca la privatización por otros medios y en el coro de adhesiones participaron los representantes del perredismo “concertador e institucional”.
Y si a ello sumamos las circunstancias concretas del ejercicio democrático; por ejemplo, la consulta en el Distrito Federal no podía ser metropolitana e incluir al estado de México, porque el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) no podría acompañar un ejercicio extraterritorial en términos de su ámbito espacial de competencias. Se privilegió la cobertura y paraguas de legalidad que otorgaba el IEDF y el costo fue para la ciudadanía vecina que, pese a que había casillas en su entidad, no tuvieron la difusión suficiente ni el amparo del Instituto Electoral del Estado de México, lo cual generó confusión a todos los niveles, pues incluso la mayoría de los operadores de la consulta en la ciudad de México desconocían que sí la había también en la entidad vecina.
Por fortuna parece menor el impacto en términos porcentuales de la confusión generada por la redacción de la segunda pregunta de la consulta, cuando en el ambiente de medios ya había difusión en torno a que las iniciativas calderonistas no son las únicas a dictaminar: estaban las del PRI y el anuncio de las que próximamente presentará el PRD (no sabemos cuál PRD, pero lo adivinamos). No era fácil la respuesta negativa que se esperaba. Por lo que se refiere a irregularidades en el desarrollo de la consulta, parecen mínimas; algunas se pudieron obviar, como la relativa a algunas mantas que en la delegación Cuauhtémoc se mantuvieron en torno al no en las preguntas, que en efecto eran factor de “inducción del voto”.
El PAN del Distrito Federal se movió entre el seguimiento a las “irregularidades” de la consulta, cuya realización rechazaban, y la contradicción que entraña el temor irracional a que la ciudadanía exprese una opinión, y ello en un partido que se construyó en tiempos de oposición. El PRD en el Distrito Federal abonó de manera desafortunada a la partidización de la consulta cuando alertó en un desplegado sobre el plan anticonsulta del panismo. Se perdió la oportunidad de esperar las evidencias de tal plan, pues el costo de encabezar dicha denuncia golpea al ejercicio ciudadano que se busca arraigar como espacio de cultura democrática.
El ejercicio del pasado domingo vale en sí mismo porque expresó la voluntad de participación y decisión; el costo de que la clase política del PRIAN y aliados, vergonzantes algunos, no lo escuchen puede ser alto; vale recordar aquello de “no despertemos al México bronco”.
Opinión de Luis Hernández Navarro en La Jornada
Saldos de la consulta: pros, contras y asegunes
No hay razón para balances optimistas. Para todos aquellos que esperaban una votación ciudadana masiva, el resultado de la primera fase de la consulta sobre reforma energética dista de ser bueno. La participación fue modesta. En la ciudad de México, epicentro organizativo del ejercicio, apenas alcanzó 870 mil sufragios, contra los 2 millones 213 mil 969 que el Frente Amplio Progresista tuvo en 2006.
Es cierto que la campaña contra la consulta en los medios de comunicación fue abrumadora. Fuerzas políticas muy importantes, incluido el Partido Acción Nacional, movilizaron importantes recursos para ilegitimar la iniciativa. Difundieron, con éxito, la idea de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no es de fiar. Pero el descalabro no puede explicarse sólo por estos factores. Después de todo, contó para su realización con muy importantes apoyos institucionales.
El referendo fue un hecho positivo, pero estuvo mal diseñado y parido. Hegemonizado por el gobierno de la ciudad de México y por el PRD, pagó el costo del castigo ciudadano a hechos como la tragedia del News Divine, el cochinero de las elecciones internas de ese partido y sus interminables pleitos. Quienes hicieron propaganda en contra no necesitaron decir mentiras. Les bastó preguntar qué confianza podía haber en la organización de la consulta si el instituto político que la promovía hace fraude en el nombramiento de sus dirigentes.
La consulta fue convocada y organizada desde las alturas del poder. Prescindió, en lo esencial, del impulso ciudadano desde abajo. Para muchas personas fue, apenas, un programa gubernamental más. Apenas y logró movilizar a una parte de los ya convencidos. Su principal reto era modificar el sentido común de la gente de a pie que considera que de nada sirve participar en un ejercicio de este tipo, pues de todas maneras el gobierno federal hace lo que quiere. No sólo no lo logró, sino que ni siquiera se propuso hacerlo.
Para promover el referendo se echó mano del personal que trabaja en las delegaciones de la ciudad de México y en el sol azteca. Recorrieron los barrios y colonias de la ciudad distribuyendo volantes, sin ánimo de hablar y escuchar a los vecinos. Dejaron sus materiales informativos en los parabrisas de los automóviles como si se tratara de anuncios comerciales.
No fueron pocos los políticos que se montaron en la iniciativa para promoverse. Como parte de la propaganda a favor de la participación era común encontrar en la ciudad mantas elaboradas con la mejor tradición clientelar del perredismo. Una, ecolocada en la vía pública, tenía pintada la leyenda: “El petróleo es nuestro. Diputado Mauricio Toledo”. Por supuesto, el nombre del legislador por el distrito 30 era mucho más grande que la referencia al petróleo. No fue, ni de lejos, la única.
Hace ya más de 10 años que el sol azteca convirtió la política en un asunto de profesionales a sueldo. Desterró la mística y el compromiso militante tan extendidos en la izquierda mexicana de la década de los 70 y 80. Alejó a la gente de la participación en los asuntos que le competen directamente. Decapitó los movimientos sociales y los metió en la lógica del cretinismo parlamentario más pueril. La consulta no fue ajena a estas prácticas.
Por supuesto, hubo muchos ciudadanos que participaron generosa y desinteresadamente en la promoción de la consulta. Intelectuales y artistas la avalaron, promovieron y supervisaron. Los electricistas elaboraron materiales educativos que explicaban lo que estaba en juego. Pero ninguno desempeñó un papel central. Su esfuerzo se estrelló en el muro de una estrategia dominada por la lógica estatal, a la que se subordinó el protagonismo de la sociedad organizada. El actor visible del ejercicio fue el jefe de Gobierno de la ciudad de México, no los ciudadanos.
La campaña informativa a favor del referendo fue desafortunada. Las preguntas fueron confusas. Muchas de las octavillas distribuidas se imprimieron en color verde, con los textos en tinta negra emplastada e ilegible. A pesar del alboroto mediático, faltó información. Hasta el último momento fue difícil saber adónde ir a votar. No faltaron quienes se enteraron de la iniciativa solamente a través de la televisión.
A pesar de ello, fueron a sufragar quienes con mayor vigor rechazan la privatización petrolera. La consulta les dio un canal de expresión capaz de condensar su opinión. Su voz se convirtió en parte de un amplio coro en lugar de ser una queja aislada.
Convertir esas voces en un mandato hacia los legisladores será otra historia. No basta decir que así debe ser. La mayoría de los integrantes del Congreso se acuerdan de los ciudadanos sólo cuando hay elecciones y solicitan sus votos. Por ello se requiere, de entrada, transformar esa corriente de opinión en una fuerza movilizada con capacidad de presión.
No hay razón para balances optimistas. Para todos aquellos que esperaban una votación ciudadana masiva, el resultado de la primera fase de la consulta sobre reforma energética dista de ser bueno. La participación fue modesta. En la ciudad de México, epicentro organizativo del ejercicio, apenas alcanzó 870 mil sufragios, contra los 2 millones 213 mil 969 que el Frente Amplio Progresista tuvo en 2006.
Es cierto que la campaña contra la consulta en los medios de comunicación fue abrumadora. Fuerzas políticas muy importantes, incluido el Partido Acción Nacional, movilizaron importantes recursos para ilegitimar la iniciativa. Difundieron, con éxito, la idea de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no es de fiar. Pero el descalabro no puede explicarse sólo por estos factores. Después de todo, contó para su realización con muy importantes apoyos institucionales.
El referendo fue un hecho positivo, pero estuvo mal diseñado y parido. Hegemonizado por el gobierno de la ciudad de México y por el PRD, pagó el costo del castigo ciudadano a hechos como la tragedia del News Divine, el cochinero de las elecciones internas de ese partido y sus interminables pleitos. Quienes hicieron propaganda en contra no necesitaron decir mentiras. Les bastó preguntar qué confianza podía haber en la organización de la consulta si el instituto político que la promovía hace fraude en el nombramiento de sus dirigentes.
La consulta fue convocada y organizada desde las alturas del poder. Prescindió, en lo esencial, del impulso ciudadano desde abajo. Para muchas personas fue, apenas, un programa gubernamental más. Apenas y logró movilizar a una parte de los ya convencidos. Su principal reto era modificar el sentido común de la gente de a pie que considera que de nada sirve participar en un ejercicio de este tipo, pues de todas maneras el gobierno federal hace lo que quiere. No sólo no lo logró, sino que ni siquiera se propuso hacerlo.
Para promover el referendo se echó mano del personal que trabaja en las delegaciones de la ciudad de México y en el sol azteca. Recorrieron los barrios y colonias de la ciudad distribuyendo volantes, sin ánimo de hablar y escuchar a los vecinos. Dejaron sus materiales informativos en los parabrisas de los automóviles como si se tratara de anuncios comerciales.
No fueron pocos los políticos que se montaron en la iniciativa para promoverse. Como parte de la propaganda a favor de la participación era común encontrar en la ciudad mantas elaboradas con la mejor tradición clientelar del perredismo. Una, ecolocada en la vía pública, tenía pintada la leyenda: “El petróleo es nuestro. Diputado Mauricio Toledo”. Por supuesto, el nombre del legislador por el distrito 30 era mucho más grande que la referencia al petróleo. No fue, ni de lejos, la única.
Hace ya más de 10 años que el sol azteca convirtió la política en un asunto de profesionales a sueldo. Desterró la mística y el compromiso militante tan extendidos en la izquierda mexicana de la década de los 70 y 80. Alejó a la gente de la participación en los asuntos que le competen directamente. Decapitó los movimientos sociales y los metió en la lógica del cretinismo parlamentario más pueril. La consulta no fue ajena a estas prácticas.
Por supuesto, hubo muchos ciudadanos que participaron generosa y desinteresadamente en la promoción de la consulta. Intelectuales y artistas la avalaron, promovieron y supervisaron. Los electricistas elaboraron materiales educativos que explicaban lo que estaba en juego. Pero ninguno desempeñó un papel central. Su esfuerzo se estrelló en el muro de una estrategia dominada por la lógica estatal, a la que se subordinó el protagonismo de la sociedad organizada. El actor visible del ejercicio fue el jefe de Gobierno de la ciudad de México, no los ciudadanos.
La campaña informativa a favor del referendo fue desafortunada. Las preguntas fueron confusas. Muchas de las octavillas distribuidas se imprimieron en color verde, con los textos en tinta negra emplastada e ilegible. A pesar del alboroto mediático, faltó información. Hasta el último momento fue difícil saber adónde ir a votar. No faltaron quienes se enteraron de la iniciativa solamente a través de la televisión.
A pesar de ello, fueron a sufragar quienes con mayor vigor rechazan la privatización petrolera. La consulta les dio un canal de expresión capaz de condensar su opinión. Su voz se convirtió en parte de un amplio coro en lugar de ser una queja aislada.
Convertir esas voces en un mandato hacia los legisladores será otra historia. No basta decir que así debe ser. La mayoría de los integrantes del Congreso se acuerdan de los ciudadanos sólo cuando hay elecciones y solicitan sus votos. Por ello se requiere, de entrada, transformar esa corriente de opinión en una fuerza movilizada con capacidad de presión.
Opinión de Ricardo Monreal en Milenio Diario
Si hubiera referendo
Reconocida en los programas de gobierno de todos los partidos, consignada en prácticamente todas las propuestas de reforma del Estado de la última década, inspiradora de una decena de iniciativas de reformas a la Constitución, mencionada como promesa de campaña en casi todas las plataformas electorales de la pasada contienda presidencial, el referendo es la muñeca fea de nuestra democracia. Una vez que partidos y candidatos llegan al poder, la figura del referéndum es arrumbada en los cajones del olvido y condenada a platicar con los ratones en el baúl de los recuerdos.
Por ello, el principal valor del ejercicio de consulta ciudadana realizado el pasado fin de semana sobre la reforma energética, al igual que los otros dos que se realizarán el 10 y 24 de agosto próximo, no habrá que buscarlo en el número de participantes ni en el contundente “No” que los ciudadanos participantes emitieron en las mesas receptoras de votaciones. Su principal aportación es recordarnos la gran carencia de nuestro sistema político en materia de mecanismos de consulta directa a la ciudadanía para dirimir los temas que polarizan y dividen a la sociedad.
Ninguno de los gobiernos alternados del PRI y el PAN han tenido voluntad para dar vigencia a este recurso de la democracia participativa moderna, cuya definición es “Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone”.
La reforma energética representaba una oportunidad histórica para generar acuerdos políticos pluripartidistas y saldar este pendiente de nuestra democracia. Primero el reconocimiento constitucional del referendo, después la consulta ciudadana para decidir su aceptación o rechazo. Se prefirió el camino de la negociación palaciega y del acuerdo oligárquico, para tratar de imponer una reforma a matacaballo, en medio de movilizaciones, protestas y barruntos de inestabilidad.
Si hubiera referendo, los legisladores del FAP no hubiésemos tenido la necesidad de tomar la tribuna para obligar a lo más elemental: foros de consulta con especialistas, técnicos, académicos y promotores del tema energético. La iniciativa del gobierno y la de otros partidos se estaría debatiendo abiertamente en los medios de comunicación, en condiciones de equidad, y no mediante rumores, filtraciones o trascendidos.
Si hubiera referendo, por ley, los promotores del “Sí” y del “No” tendrían en la televisión, en la radio y en la prensa escrita espacios iguales para exponer sus argumentos. Por ejemplo, ¿es verdad que sólo tenemos reservas petroleras en mar profundo? ¿Qué hay de cierto que no se consigue en mercado abierto la tecnología para perforar en el Golfo de México? ¿Por qué no se explora en tierra y aguas someras, a pesar de ser menos costoso y menos riesgoso que el mar profundo? ¿Es cierto que Pemex carece de recursos para modernizarse, por ello debe privatizarse? ¿Qué pasó con la utilidad de 240 mil millones de dólares que obtuvo Pemex entre 2000 y 2006? En fin, ¿es verdad que el país carece de la técnica y de los recursos humanos para modernizar el sector y prepararnos para la transición energética del siglo XXI?
Si hubiera referendo, la izquierda mexicana no tendría que salir a exponer sus argumentos ni a exponerse mediante marchas, bloqueos y plantones. Sus dirigentes y representantes estarían en los noticiarios de radio y televisión dando el debate, con argumentos políticos y estudios técnicos, no con amagos de bloqueos y movilizaciones.
Si hubiera referendo, el gobierno tendría al aire a los responsables del sector energético, exponiendo su verdad y su visión. No andarían a salto de mata, huyendo de los legisladores y de los ciudadanos que quieren saber la verdad sobre el futuro del petróleo mexicano.
Si hubiera referendo, después de un periodo perentorio de debates, previamente fijado por la ley o pactado por las partes, vendría la decisión de llevar la iniciativa de reforma a las cámaras legislativas. La mayoría en el Congreso decidiría qué tipo de reforma energética tendríamos, como lo pretenden hacer PAN y PRI. Pero aquí no pararía el proceso legislativo, como sucede ahora.
Si hubiera referendo, el siguiente paso sería convocar a los ciudadanos a las urnas para que refrenden o reviertan la reforma energética aprobada por una coalición de legisladores en el Congreso, debiendo acatar el poder Legislativo y el Ejecutivo ese resultado.
Pero como no tenemos referendo, lo que veremos en las próximas semanas es un proceso arbitrario, turbio y torvo de una reforma energética oligárquica, tan negra como el petróleo y tan tóxica como el olor que emana de un pozo petrolero, el azufre; el aroma del infierno.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
lunes, 28 de julio de 2008
Opinión de León Bendesky en La Jornada
Vuelta sobre el petróleo
Los altos precios del petróleo y las consecuencias que acarrean en la dinámica general de las economías alrededor del mundo hacen pensar a muchos que estamos frente a cambios decisivos en la forma en que se organizan la producción y el consumo.
Puede que sea así. Pero mientras ocurre esa transición aún habrá muchos acomodos entre diversas naciones y con efectos muy desiguales sobre diferentes grupos de la población que serán, seguramente, onerosos.
Aquí, y después de largas semanas de debates en torno de la propuesta de reforma energética que Felipe Calderón envió al Senado, se advierten posiciones y argumentos muy disímiles sobre este asunto. La iniciativa oficial ha provocado divergencias y, en todo caso, no salió reforzada de este ejercicio no deseado por el gobierno ni por una amplia parte de los legisladores.
Al tiempo que se discute la iniciativa, el precio del crudo mexicano genera ingresos abundantes para Pemex, pero la parálisis enquistada en esa empresa sigue semana tras semana y no se toma ninguna decisión que podría incluso posponer una reforma del tipo ideada por los poderes asentados en Los Pinos y en el número 9 de Xicoténcatl y virar el enfoque hacia algo más productivo.
Al saber popular no le pasan inadvertidas las tramas del poder, las mismas que han ocurrido durante los años recientes en torno a muy distintas cuestiones: económicas, financieras, electorales. Hoy, esas mismas tramas erigen al PRI como la otra punta de la pinza necesaria para que el frágil gobierno pueda operar.
Es el PRI, por conducto de sus líderes en el Congreso, el presentador de una reforma que reformula y maquilla la original que hizo el gobierno y de la que no se desprende una ruta clara para la industria petrolera del país. Clara en el sentido más limitado de lo que debería poderse definir como el interés nacional, que no es sólo un término teórico ni abstracto. Es más, ese mismo saber popular se expresa en la perpetua desconfianza del poder que es producto nada menos que de la larga experiencia.
La experiencia de las últimas tres décadas sigue girando en torno del petróleo: desde el auge de fines de la década de 1970 que acabó en el brutal endeudamiento externo en 1982, hasta la crisis abiertamente reconocida en la que hoy se encuentran Pemex y las industrias asociadas con el petróleo. La abundancia en México no se puede administrar porque subsiste una estructura política y económica anquilosada y una fragilidad de las instituciones, de la representatividad y la rendición de cuentas.
Y no sólo eso, sino que persiste la enfermedad crónica del Estado mexicano derivada de la dependencia fiscal de los ingresos petroleros. Esta fuente de recursos ha pospuesto el ajuste de las cuentas públicas, pero no podrá seguirse eludiendo con medidas misceláneas y reformas fiscales compuestas de parches. Las maniobras en Hacienda y el Banco de México han logrado manipular la quiebra ya sea con renta del petróleo o con flujos de capital, pero no con más productividad económica y con una fiscalidad aseada.
El desgaste social producido por las crisis económicas, políticas y electorales ha provocado la suspicacia cada vez más asentada de la gente. Pero también nuevas formas de acción, como que una autoridad pública electa decida preguntarle qué piensa.
Consultar a la gente sobre los temas decisivos que le incumben en cuanto a un mayor bienestar constantemente ofrecido y siempre pospuesto no es cosa que sea bien aceptada en muchos ámbitos de esta desigual sociedad. Ésa es una manifestación de las difíciles formas que adquiere la convivencia y que dice algo así como: la verdad no me importa lo que pienses: me incomodas, y también que quieras manifestar lo que crees; vaya qué trabajo me cuesta tolerarte. La elección de 2006 tuvo un tono muy cercano a esta relación de tolerancia velada y su resultado también.
Con respecto de la tan mentada reforma energética, centrada en Pemex, pueden recordarse la sentencias crítica del escritor irlandés Bernard Shaw, acerca de que las sociedades mercantiles capitalistas profesan valores que sus propios apetitos destruyen; los llamados a la moralidad pública vienen de la misma gente que utiliza los servicios de prostitutas (una versión cercana de esto la tenemos aquí en Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes).
Quienes se arrogan ahora la noble voluntad de “salvar” a Pemex son los mismos que se han beneficiado económica y políticamente durante largo tiempo de la renta petrolera en la forma de transferencias ilícitas de recursos, la concesión de contratos, los puestos públicos y las ventajas sindicales.
El horizonte de la reforma, tal como se está fraguando, es corto y no parece enmarcarse en los cambios significativos del entorno energético global. Por más que las propuestas se escuden en la inviabilidad actual de Pemex y su inevitable apertura al capital privado, cosa que ya ocurre de modo disimulado legalmente en muchos casos, se advierte cada vez más su estrechez y el escaso vínculo con las posibilidades de provocar un mayor crecimiento económico y bienestar social. Ése es finalmente el meollo del asunto y la base de una nueva práctica de las consultas populares.
Los altos precios del petróleo y las consecuencias que acarrean en la dinámica general de las economías alrededor del mundo hacen pensar a muchos que estamos frente a cambios decisivos en la forma en que se organizan la producción y el consumo.
Puede que sea así. Pero mientras ocurre esa transición aún habrá muchos acomodos entre diversas naciones y con efectos muy desiguales sobre diferentes grupos de la población que serán, seguramente, onerosos.
Aquí, y después de largas semanas de debates en torno de la propuesta de reforma energética que Felipe Calderón envió al Senado, se advierten posiciones y argumentos muy disímiles sobre este asunto. La iniciativa oficial ha provocado divergencias y, en todo caso, no salió reforzada de este ejercicio no deseado por el gobierno ni por una amplia parte de los legisladores.
Al tiempo que se discute la iniciativa, el precio del crudo mexicano genera ingresos abundantes para Pemex, pero la parálisis enquistada en esa empresa sigue semana tras semana y no se toma ninguna decisión que podría incluso posponer una reforma del tipo ideada por los poderes asentados en Los Pinos y en el número 9 de Xicoténcatl y virar el enfoque hacia algo más productivo.
Al saber popular no le pasan inadvertidas las tramas del poder, las mismas que han ocurrido durante los años recientes en torno a muy distintas cuestiones: económicas, financieras, electorales. Hoy, esas mismas tramas erigen al PRI como la otra punta de la pinza necesaria para que el frágil gobierno pueda operar.
Es el PRI, por conducto de sus líderes en el Congreso, el presentador de una reforma que reformula y maquilla la original que hizo el gobierno y de la que no se desprende una ruta clara para la industria petrolera del país. Clara en el sentido más limitado de lo que debería poderse definir como el interés nacional, que no es sólo un término teórico ni abstracto. Es más, ese mismo saber popular se expresa en la perpetua desconfianza del poder que es producto nada menos que de la larga experiencia.
La experiencia de las últimas tres décadas sigue girando en torno del petróleo: desde el auge de fines de la década de 1970 que acabó en el brutal endeudamiento externo en 1982, hasta la crisis abiertamente reconocida en la que hoy se encuentran Pemex y las industrias asociadas con el petróleo. La abundancia en México no se puede administrar porque subsiste una estructura política y económica anquilosada y una fragilidad de las instituciones, de la representatividad y la rendición de cuentas.
Y no sólo eso, sino que persiste la enfermedad crónica del Estado mexicano derivada de la dependencia fiscal de los ingresos petroleros. Esta fuente de recursos ha pospuesto el ajuste de las cuentas públicas, pero no podrá seguirse eludiendo con medidas misceláneas y reformas fiscales compuestas de parches. Las maniobras en Hacienda y el Banco de México han logrado manipular la quiebra ya sea con renta del petróleo o con flujos de capital, pero no con más productividad económica y con una fiscalidad aseada.
El desgaste social producido por las crisis económicas, políticas y electorales ha provocado la suspicacia cada vez más asentada de la gente. Pero también nuevas formas de acción, como que una autoridad pública electa decida preguntarle qué piensa.
Consultar a la gente sobre los temas decisivos que le incumben en cuanto a un mayor bienestar constantemente ofrecido y siempre pospuesto no es cosa que sea bien aceptada en muchos ámbitos de esta desigual sociedad. Ésa es una manifestación de las difíciles formas que adquiere la convivencia y que dice algo así como: la verdad no me importa lo que pienses: me incomodas, y también que quieras manifestar lo que crees; vaya qué trabajo me cuesta tolerarte. La elección de 2006 tuvo un tono muy cercano a esta relación de tolerancia velada y su resultado también.
Con respecto de la tan mentada reforma energética, centrada en Pemex, pueden recordarse la sentencias crítica del escritor irlandés Bernard Shaw, acerca de que las sociedades mercantiles capitalistas profesan valores que sus propios apetitos destruyen; los llamados a la moralidad pública vienen de la misma gente que utiliza los servicios de prostitutas (una versión cercana de esto la tenemos aquí en Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes).
Quienes se arrogan ahora la noble voluntad de “salvar” a Pemex son los mismos que se han beneficiado económica y políticamente durante largo tiempo de la renta petrolera en la forma de transferencias ilícitas de recursos, la concesión de contratos, los puestos públicos y las ventajas sindicales.
El horizonte de la reforma, tal como se está fraguando, es corto y no parece enmarcarse en los cambios significativos del entorno energético global. Por más que las propuestas se escuden en la inviabilidad actual de Pemex y su inevitable apertura al capital privado, cosa que ya ocurre de modo disimulado legalmente en muchos casos, se advierte cada vez más su estrechez y el escaso vínculo con las posibilidades de provocar un mayor crecimiento económico y bienestar social. Ése es finalmente el meollo del asunto y la base de una nueva práctica de las consultas populares.
Opinión de John M. Ackerman en La Jornada
El principio de legalidad
El principio de legalidad reza que mientras los ciudadanos deben ser libres para hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la norma, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que está permitido por la ley. Este concepto es fundamental para el establecimiento del estado de derecho en un contexto democrático. Un gobierno que no se subordina a la ley rápidamente cae en el autoritarismo y la arbitrariedad.
Pero existen dos formas de interpretar este principio. Por un lado, está la lógica “letrista” del proverbial burócrata de ventanilla que se niega a atender alguna solicitud o trámite porque su manual supuestamente no se lo permite. Ésta es la filosofía del viejo servidor público indolente y cachazudo, formado a la sombra del sistema político autoritario. Es también la perfecta coartada para la corrupción, ya que alienta al ciudadano a entrar al círculo vicioso de los sobornos para completar su trámite.
Otra forma más “garantista” de entender el principio de legalidad sería a partir de un firme compromiso con la supremacía constitucional, así como una comprensión del carácter siempre abierto y dinámico del derecho. Pocas leyes funcionan como programas de computadora al ordenar comportamientos específicos ante situaciones concretas. Hacen falta funcionarios públicos inteligentes, dispuestos a hacer todo lo necesario para cumplir con el ciudadano dentro del marco del estado de derecho.
En teoría, ambas formas de entender la legalidad son perfectamente legítimas, siempre y cuando se apliquen consistentemente y sin criterios políticos. Se vale ser un buen “letrista” o “garantista”. Lo que no se vale es seguir el ejemplo de Porfirio Díaz: ser garantista con los amigos y letrista con los adversarios.
Por ejemplo, en su descalificación de la consulta petrolera José Woldenberg hoy se enorgullece de ser un “formalista” (“Superliga y consulta”, Reforma, 24/7/08). Pero cuando se trató de temas en los que él tenía más afinidad ideológica, el antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) no dudó en aplicar un criterio diferente. Por ejemplo, fue uno de los principales promotores de la consulta infantil y juvenil realizada por primera ocasión el 2 de julio del año 2000. Para ese ejercicio el IFE instaló 15 mil casillas en todo el país, donde niños y niñas entre seis y 17 años pudieran expresar sus opiniones.
También en 2000, Woldenberg fue uno de los impulsores del exhorto a las autoridades para suspender la difusión de sus obras 30 días antes de las elecciones. Ni la consulta juvenil ni el exhorto respondían a un mandato explícito de la ley. De hecho, en el caso del exhorto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había declarado su ilegalidad por no encontrarse dentro de las funciones del IFE. Llama la atención que ahora el antiguo consejero presidente esconda en el discurso del “formalismo” su animadversión ideológica a la consulta, cuando antes apoyó iniciativas parecidas que, como la de hoy, se orientaban a fortalecer el sistema democrático.
Lo mismo se aplica a los actuales consejeros del IFE. En su respuesta a la solicitud del Frente Amplio Progresista (FAP) para que participara en la consulta, el IFE se amparó en un supuesto respeto a la legalidad que no le permite “extralimitarse” en sus funciones.
En este contexto, habría que recordar el orgullo con el cual la autoridad electoral llamó a la “tregua navideña” antes de las últimas elecciones federales, así como la realización de la tercera edición de la consulta infantil el 2 de julio de 2006. De nuevo, “letrismo” selectivo para los adversarios. El reciente fallo del TEPJF sobre la participación del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en la consulta comprueba el trasfondo político de la decisión de los consejeros federales.
Al poner tanto énfasis en el principio de legalidad, los personajes que se lanzan contra la consulta petrolera revelan que lo que realmente les molesta es la llegada de la izquierda al poder. Según ellos, no habría ningún problema si la consulta la organizara el PRD o una agrupación de organismos civiles (ver, por ejemplo, Jorge Alcocer, “Consulta”, Reforma, 22 de julio de 2008). Claro, como están acostumbrados a simplemente ignorar este tipo de expresiones sociales, les saca de quicio que el Gobierno del Distrito Federal, el IEDF y los legisladores federales busquen romper las reglas históricas del autoritarismo desde el mismo poder público.
El asunto que más preocupa a los detractores de la consulta es que la izquierda quiera meterse adonde supuestamente no le corresponde. “Mejor en las calles, donde estamos acostumbrados a lidiar con ellos”, parecen pensar; “eso es mejor que verlos ejerciendo el poder, donde representan una verdadera amenaza para los intereses creados.”
Pero como reza el antiguo aforismo chino: “Cuidado con lo que deseas, que podría hacerse realidad”. Sería mucho mejor aceptar y aprender de las novedades democratizadoras de los gobiernos de izquierda, que rechazarlas y con ello provocar una verdadera crisis política que nos deje al borde de la violencia.
El principio de legalidad reza que mientras los ciudadanos deben ser libres para hacer todo lo que no esté explícitamente prohibido por la norma, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que está permitido por la ley. Este concepto es fundamental para el establecimiento del estado de derecho en un contexto democrático. Un gobierno que no se subordina a la ley rápidamente cae en el autoritarismo y la arbitrariedad.
Pero existen dos formas de interpretar este principio. Por un lado, está la lógica “letrista” del proverbial burócrata de ventanilla que se niega a atender alguna solicitud o trámite porque su manual supuestamente no se lo permite. Ésta es la filosofía del viejo servidor público indolente y cachazudo, formado a la sombra del sistema político autoritario. Es también la perfecta coartada para la corrupción, ya que alienta al ciudadano a entrar al círculo vicioso de los sobornos para completar su trámite.
Otra forma más “garantista” de entender el principio de legalidad sería a partir de un firme compromiso con la supremacía constitucional, así como una comprensión del carácter siempre abierto y dinámico del derecho. Pocas leyes funcionan como programas de computadora al ordenar comportamientos específicos ante situaciones concretas. Hacen falta funcionarios públicos inteligentes, dispuestos a hacer todo lo necesario para cumplir con el ciudadano dentro del marco del estado de derecho.
En teoría, ambas formas de entender la legalidad son perfectamente legítimas, siempre y cuando se apliquen consistentemente y sin criterios políticos. Se vale ser un buen “letrista” o “garantista”. Lo que no se vale es seguir el ejemplo de Porfirio Díaz: ser garantista con los amigos y letrista con los adversarios.
Por ejemplo, en su descalificación de la consulta petrolera José Woldenberg hoy se enorgullece de ser un “formalista” (“Superliga y consulta”, Reforma, 24/7/08). Pero cuando se trató de temas en los que él tenía más afinidad ideológica, el antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) no dudó en aplicar un criterio diferente. Por ejemplo, fue uno de los principales promotores de la consulta infantil y juvenil realizada por primera ocasión el 2 de julio del año 2000. Para ese ejercicio el IFE instaló 15 mil casillas en todo el país, donde niños y niñas entre seis y 17 años pudieran expresar sus opiniones.
También en 2000, Woldenberg fue uno de los impulsores del exhorto a las autoridades para suspender la difusión de sus obras 30 días antes de las elecciones. Ni la consulta juvenil ni el exhorto respondían a un mandato explícito de la ley. De hecho, en el caso del exhorto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había declarado su ilegalidad por no encontrarse dentro de las funciones del IFE. Llama la atención que ahora el antiguo consejero presidente esconda en el discurso del “formalismo” su animadversión ideológica a la consulta, cuando antes apoyó iniciativas parecidas que, como la de hoy, se orientaban a fortalecer el sistema democrático.
Lo mismo se aplica a los actuales consejeros del IFE. En su respuesta a la solicitud del Frente Amplio Progresista (FAP) para que participara en la consulta, el IFE se amparó en un supuesto respeto a la legalidad que no le permite “extralimitarse” en sus funciones.
En este contexto, habría que recordar el orgullo con el cual la autoridad electoral llamó a la “tregua navideña” antes de las últimas elecciones federales, así como la realización de la tercera edición de la consulta infantil el 2 de julio de 2006. De nuevo, “letrismo” selectivo para los adversarios. El reciente fallo del TEPJF sobre la participación del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en la consulta comprueba el trasfondo político de la decisión de los consejeros federales.
Al poner tanto énfasis en el principio de legalidad, los personajes que se lanzan contra la consulta petrolera revelan que lo que realmente les molesta es la llegada de la izquierda al poder. Según ellos, no habría ningún problema si la consulta la organizara el PRD o una agrupación de organismos civiles (ver, por ejemplo, Jorge Alcocer, “Consulta”, Reforma, 22 de julio de 2008). Claro, como están acostumbrados a simplemente ignorar este tipo de expresiones sociales, les saca de quicio que el Gobierno del Distrito Federal, el IEDF y los legisladores federales busquen romper las reglas históricas del autoritarismo desde el mismo poder público.
El asunto que más preocupa a los detractores de la consulta es que la izquierda quiera meterse adonde supuestamente no le corresponde. “Mejor en las calles, donde estamos acostumbrados a lidiar con ellos”, parecen pensar; “eso es mejor que verlos ejerciendo el poder, donde representan una verdadera amenaza para los intereses creados.”
Pero como reza el antiguo aforismo chino: “Cuidado con lo que deseas, que podría hacerse realidad”. Sería mucho mejor aceptar y aprender de las novedades democratizadoras de los gobiernos de izquierda, que rechazarlas y con ello provocar una verdadera crisis política que nos deje al borde de la violencia.
Mexico S.A.
Carlos Fernández-Vega
■ Felipe “el desmemoriado”
¿Qué sería de este heroico país si sus políticos pasaran del discurso a la práctica, del “compromiso” a los hechos, de la retórica a lo concreto, sobre todo en lo relativo a “mi inquebrantable voluntad…” de hacer algo, aunque finalmente no hagan nada? Sin duda, México miraría hacia abajo y le regalaría una sonrisa al primer mundo.
Pero, parafraseando a los clásicos, un político mexicano sin mentiras viviría en el error, como Felipe Calderón y dilectos amigos que le acompañan entenderán. En este sentido, por estos días todo el aparato de gobierno –el PAN como subsidiaria– se ha dedicado a descalificar ferozmente lo que apenas seis años atrás era, decían, una “norma moral” de los panistas y de quien entonces pastoreaba a las ovejas blanquiazules en la Cámara de Diputados, o lo que es lo mismo el actual inquilino de Los Pinos.
En entregas anteriores se documentó la no muy lejana insistencia panista en el ámbito parlamentario para que la Constitución se reformara en materia de democracia directa y participación ciudadana (plebiscito, referéndum e iniciativa popular, concretamente), pero a guisa de postre va una joya michoacana para consumir justo el día siguiente de la consulta petrolera en el Distrito Federal y otras entidades de la República, mientras los blanquiazules y jilgueros conexos se rasgan las vestiduras.
En abril (11) de 2002, el ovejero michoacano, junto con su rebaño, presentó una iniciativa de reforma constitucional “para el fortalecimiento de la democracia participativa, dentro de la reforma del Estado”, la cual, de entrada, subrayaba: “la clave de la legitimidad es la participación ciudadana… Ya no se habla de la democracia a secas, sino de la democracia participativa o de una democracia de participación popular. No es éste un problema semántico, ni una redundancia, ni unas palabras de moda, (porque) estamos frente a una nueva concepción de la democracia…”, concepto que terminó en el cesto de la basura no más llegar a Los Pinos, porque al final de cuentas él sería el objetivo a cuestionar.
Pero más allá de la amarga píldora que los blanquiazules tienen que tragar, van algunas perlas de la “exposición de motivos” que el “desmemoriado” Felipe, junto con su rebaño, presentó para fundamentar la citada iniciativa: “para el PAN la exigencia de una reforma del Estado no es una moda pasajera, sino un compromiso con el cual ha sido congruente en sus más de 60 años de vida democrática. Como prueba irrefutable de lo anterior constan (…) las innumerables iniciativas que con este propósito hemos presentado. Nuestro fundador Manuel Gómez Morín expresó en 1954 que ‘llevamos largos años viviendo en un ambiente cerrado, de restricciones, de monopolio, de estatismo, de temor, de desconfianza, de confusión. Necesitamos renovar este ambiente, abrir las puertas a la reforma y a la libertad, suscitar y encauzar responsablemente discrepancias enriquecedoras. Necesitamos, inclusive, correr los riesgos de nuevas experiencias, siempre que sean nuestras y de lo nuestro, orientadas a afirmarnos y no a debilitarnos ni a entregarnos. Necesitamos, en suma, proclamar nuestra mayoría de edad y adquirir la conciencia de lo que somos, de lo que poseemos y del riesgo de dejar de serlo, y de la responsabilidad de hacer frente a este riesgo’.
“Acción Nacional desde el 26 de diciembre de 1946, fecha en la que llegó al Congreso la primera diputación federal del PAN, presentó ante esta cámara una iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional para proponer, entre otras innovaciones en la esfera de la vida pública local, la adopción en todos los municipios del país de la institución de referéndum por considerarla como institución mejoradora de la democracia municipal para lograr la mayor pureza y efectividad de la intervención de la comunidad de la vida pública del municipio… el PAN desde su origen en el transcurso de toda su historia ha pugnado por una auténtica reforma política, refiriéndose a la necesidad de adoptar las figura de referéndum y plebiscito.
“Reiteradamente y hasta nuestros días hemos insistido en reformas que fortalezcan la democracia participativa, por este motivo la presente iniciativa tiene como propósito favorecer el desarrollo de una auténtica democracia participativa que complemente los esfuerzos de mucho años por instaurar un régimen democrático en un Estado nacional y de derecho… La participación ciudadana en los procesos políticos, su influjo sobre los partidos o la búsqueda de la fortaleza de las instituciones no son particularidad exclusiva de ciertas sociedades. En todos los sistemas se están explorando y desarrollando esquemas e iniciativas que promueven la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan, tanto las instituciones democráticas, como su vida cotidiana.
“Se ha querido oponer la democracia participativa y la representativa, como modelos mutuamente excluyentes. Esta apreciación es errónea, ya que ambas se complementan y respetan la libertad y el pluralismo… La ampliación de los canales de participación y la creación de nuevos escenarios para que los ciudadanos intervengan activamente en la toma de las decisiones que los afectan le infunden mayor vigor a la democracia… El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de democracia directa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral; es una extensión del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional… A México le urge una nueva cultura política que lo haga capaz de enfrentar con honestidad y con valor nuestros conflictos y problemas… Necesitamos una auténtica cultura democrática que nos haga reconocer y dejar atrás la tan prolongada ‘crisis de ciudadanía’… (es necesario) incorporar la democracia participativa y las instituciones de la democracia semidirecta, dejando claro que la soberanía se ejercerá también mediante el ejercicio del referéndum y el plebiscito, con lo que se complementa ese matrimonio indisoluble que es la democracia representativa con la participativa…”.
Las rebanadas del pastel
Atentamente, el “desmemoriado” pastor, quien apenas seis años después ya no se acuerda y defiende exactamente lo contrario.
■ Felipe “el desmemoriado”
¿Qué sería de este heroico país si sus políticos pasaran del discurso a la práctica, del “compromiso” a los hechos, de la retórica a lo concreto, sobre todo en lo relativo a “mi inquebrantable voluntad…” de hacer algo, aunque finalmente no hagan nada? Sin duda, México miraría hacia abajo y le regalaría una sonrisa al primer mundo.
Pero, parafraseando a los clásicos, un político mexicano sin mentiras viviría en el error, como Felipe Calderón y dilectos amigos que le acompañan entenderán. En este sentido, por estos días todo el aparato de gobierno –el PAN como subsidiaria– se ha dedicado a descalificar ferozmente lo que apenas seis años atrás era, decían, una “norma moral” de los panistas y de quien entonces pastoreaba a las ovejas blanquiazules en la Cámara de Diputados, o lo que es lo mismo el actual inquilino de Los Pinos.
En entregas anteriores se documentó la no muy lejana insistencia panista en el ámbito parlamentario para que la Constitución se reformara en materia de democracia directa y participación ciudadana (plebiscito, referéndum e iniciativa popular, concretamente), pero a guisa de postre va una joya michoacana para consumir justo el día siguiente de la consulta petrolera en el Distrito Federal y otras entidades de la República, mientras los blanquiazules y jilgueros conexos se rasgan las vestiduras.
En abril (11) de 2002, el ovejero michoacano, junto con su rebaño, presentó una iniciativa de reforma constitucional “para el fortalecimiento de la democracia participativa, dentro de la reforma del Estado”, la cual, de entrada, subrayaba: “la clave de la legitimidad es la participación ciudadana… Ya no se habla de la democracia a secas, sino de la democracia participativa o de una democracia de participación popular. No es éste un problema semántico, ni una redundancia, ni unas palabras de moda, (porque) estamos frente a una nueva concepción de la democracia…”, concepto que terminó en el cesto de la basura no más llegar a Los Pinos, porque al final de cuentas él sería el objetivo a cuestionar.
Pero más allá de la amarga píldora que los blanquiazules tienen que tragar, van algunas perlas de la “exposición de motivos” que el “desmemoriado” Felipe, junto con su rebaño, presentó para fundamentar la citada iniciativa: “para el PAN la exigencia de una reforma del Estado no es una moda pasajera, sino un compromiso con el cual ha sido congruente en sus más de 60 años de vida democrática. Como prueba irrefutable de lo anterior constan (…) las innumerables iniciativas que con este propósito hemos presentado. Nuestro fundador Manuel Gómez Morín expresó en 1954 que ‘llevamos largos años viviendo en un ambiente cerrado, de restricciones, de monopolio, de estatismo, de temor, de desconfianza, de confusión. Necesitamos renovar este ambiente, abrir las puertas a la reforma y a la libertad, suscitar y encauzar responsablemente discrepancias enriquecedoras. Necesitamos, inclusive, correr los riesgos de nuevas experiencias, siempre que sean nuestras y de lo nuestro, orientadas a afirmarnos y no a debilitarnos ni a entregarnos. Necesitamos, en suma, proclamar nuestra mayoría de edad y adquirir la conciencia de lo que somos, de lo que poseemos y del riesgo de dejar de serlo, y de la responsabilidad de hacer frente a este riesgo’.
“Acción Nacional desde el 26 de diciembre de 1946, fecha en la que llegó al Congreso la primera diputación federal del PAN, presentó ante esta cámara una iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional para proponer, entre otras innovaciones en la esfera de la vida pública local, la adopción en todos los municipios del país de la institución de referéndum por considerarla como institución mejoradora de la democracia municipal para lograr la mayor pureza y efectividad de la intervención de la comunidad de la vida pública del municipio… el PAN desde su origen en el transcurso de toda su historia ha pugnado por una auténtica reforma política, refiriéndose a la necesidad de adoptar las figura de referéndum y plebiscito.
“Reiteradamente y hasta nuestros días hemos insistido en reformas que fortalezcan la democracia participativa, por este motivo la presente iniciativa tiene como propósito favorecer el desarrollo de una auténtica democracia participativa que complemente los esfuerzos de mucho años por instaurar un régimen democrático en un Estado nacional y de derecho… La participación ciudadana en los procesos políticos, su influjo sobre los partidos o la búsqueda de la fortaleza de las instituciones no son particularidad exclusiva de ciertas sociedades. En todos los sistemas se están explorando y desarrollando esquemas e iniciativas que promueven la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan, tanto las instituciones democráticas, como su vida cotidiana.
“Se ha querido oponer la democracia participativa y la representativa, como modelos mutuamente excluyentes. Esta apreciación es errónea, ya que ambas se complementan y respetan la libertad y el pluralismo… La ampliación de los canales de participación y la creación de nuevos escenarios para que los ciudadanos intervengan activamente en la toma de las decisiones que los afectan le infunden mayor vigor a la democracia… El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de democracia directa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral; es una extensión del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional… A México le urge una nueva cultura política que lo haga capaz de enfrentar con honestidad y con valor nuestros conflictos y problemas… Necesitamos una auténtica cultura democrática que nos haga reconocer y dejar atrás la tan prolongada ‘crisis de ciudadanía’… (es necesario) incorporar la democracia participativa y las instituciones de la democracia semidirecta, dejando claro que la soberanía se ejercerá también mediante el ejercicio del referéndum y el plebiscito, con lo que se complementa ese matrimonio indisoluble que es la democracia representativa con la participativa…”.
Las rebanadas del pastel
Atentamente, el “desmemoriado” pastor, quien apenas seis años después ya no se acuerda y defiende exactamente lo contrario.
El Recreo
J. Luis Medina Lizalde
AL PRINCIPIO
La inundación de Tlaltenango es una catástrofe más severa de lo que mucha gente percibe.
La confluencia de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, la generosidad espontánea de los voluntarios, la solidaridad de Entidades vecinas y la contribución de clubes de servicio, partidos políticos e individuos, se combinaron a la hora de la verdad para auxiliar a los damnificados en los momentos más álgidos.
La reacción de la gobernadora fue una gran contribución, porque su sola presencia implica una carga supervisora a la que no pueden ser indiferentes las dependencias federales y el ayuntamiento, mucho menos sus propios funcionarios.
El eficaz control sanitario es fiel testimonio de ello.
Paradójicamente, quienes obstaculizan el reconocimiento social al buen desempeño gubernamental son los que antes de que pasara la emergencia se dejaron ganar por la desmesura al adular la presencia de la gobernante como si se tratara del Cristo de la Montaña del Cerro del Cubilete, él sí, “consuelo de los que sufren y adoración de la gente”.
Tlaltenango deberá significar el fin de un ciclo de la protección civil, caracterizado por el asistencialismo clientelar.
Tlaltenango es también oportunidad inmejorable para dar mejor destino a una parte del monto del empréstito de 537 millones, recientemente aprobado por la Legislatura.
CORROMPEOS LOS UNOS A LOS OTROS
Beatriz Paredes trae entre ceja y ceja la coptación de sus cuadros. Vino de sorpresa el pasado sábado para advertirles: “no puede ser que hagamos política a partir del teje y maneje de traiciones coyunturales, no se valen arreglitos en lo oscurito por la
lana”.
Porfirio Díaz es el prócer fundacional de la política de llegarle al precio al opositor, “ese gallo quiere maíz”, solía decir.
Al general Obregón le correspondió incorporar dicho recurso político al arsenal de poder revolucionario cuando pontifica: “no hay quien aguante un cañonazo de 50 mil pesos”.
El poder presidencial en la era priísta se dio el lujo de crear a sus propios partidos opositores (el PARM uno de ellos).
Las elecciones del 88 modificaron la correlación de fuerzas, pero, al pactar Salinas con Fernández de Cevallos, se le dio continuidad a la práctica corruptora del poder ya no sólo mediante dinero, sino mediante “concertacesiones” de puestos de elección popular.
EL “MAICEO” ES EL MISMO PERO LAS FORMAS SON VARIADAS
En los movimientos sociales, junto a emotivos e intensamente comprometidos militantes, aparecen “radicales” con la misión de desbarrancar el movimiento, conduciéndolo a la represión o al desprestigio.
El Archivo General de la Nación da cuenta de un buen número de “radicales maiceados” que no son más que esbirros.
También, junto a los que hacen de la política actividad de la inteligencia y los argumentos, aparecen los que usan como fachada “la modernidad”, “la civilidad” y “el diálogo” para traicionar intereses colectivos en pos de apetitos privados.
Los más exitosos prostituidos políticos que conozco, (con perdón de las prostitutas) son individualidades pródigas en palabras amables, en prédicas de respeto a los demás, pero detrás de esa fachada disfrazan el “maiceo” recibido en lo oscurito.
Lo que vino a decir Beatriz Paredes a Zacatecas da cuenta de que con el arribo del PAN y del PRD a posiciones de poder, éstos le están dando al PRI una sopa de su propio chocolate.
El “maiceo” ha derribado las barreras partidistas, frustrando la transición.
Se impuso Fox en eso de “cambiar de jinete sin cambiar de caballo”.
Cuando lo que necesitamos es cambiar de caballo, independientemente de quién sea el jinete.
AL ÚLTIMO LA AVARICIA, A PUNTO DE ROMPER EL SACO
Tan sólo este año y tan sólo 12 universidades públicas le están cerrando las puertas de la educación a 363 mil 161 jóvenes.
De Zacatecas son 5 mil, de los cuales el 10 por ciento (560) corresponde a Medicina Humana, lo que habla de lo equivocado de la percepción que focaliza en esa área el problema.
Relacione este dato con la falta de empleo, y estará de acuerdo conmigo en que vienen tiempos de mucha protesta social, lo que de suyo no es malo.
Lo francamente ominoso es que, junto con eso, también crece la delincuencia.
Y es que, sin reformar la economía tan injusta y desigual en la que nos embarcaron, nomás no hay de piña.
Le busquen por donde le busquen.
NOTA AL MARGEN: La UAZ pierde presencia significativa al continuar clausurado su más emblemático espacio: el Teatro Calderón. Urge atender el conflicto.
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@gmail.com
AL PRINCIPIO
La inundación de Tlaltenango es una catástrofe más severa de lo que mucha gente percibe.
La confluencia de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, la generosidad espontánea de los voluntarios, la solidaridad de Entidades vecinas y la contribución de clubes de servicio, partidos políticos e individuos, se combinaron a la hora de la verdad para auxiliar a los damnificados en los momentos más álgidos.
La reacción de la gobernadora fue una gran contribución, porque su sola presencia implica una carga supervisora a la que no pueden ser indiferentes las dependencias federales y el ayuntamiento, mucho menos sus propios funcionarios.
El eficaz control sanitario es fiel testimonio de ello.
Paradójicamente, quienes obstaculizan el reconocimiento social al buen desempeño gubernamental son los que antes de que pasara la emergencia se dejaron ganar por la desmesura al adular la presencia de la gobernante como si se tratara del Cristo de la Montaña del Cerro del Cubilete, él sí, “consuelo de los que sufren y adoración de la gente”.
Tlaltenango deberá significar el fin de un ciclo de la protección civil, caracterizado por el asistencialismo clientelar.
Tlaltenango es también oportunidad inmejorable para dar mejor destino a una parte del monto del empréstito de 537 millones, recientemente aprobado por la Legislatura.
CORROMPEOS LOS UNOS A LOS OTROS
Beatriz Paredes trae entre ceja y ceja la coptación de sus cuadros. Vino de sorpresa el pasado sábado para advertirles: “no puede ser que hagamos política a partir del teje y maneje de traiciones coyunturales, no se valen arreglitos en lo oscurito por la
lana”.
Porfirio Díaz es el prócer fundacional de la política de llegarle al precio al opositor, “ese gallo quiere maíz”, solía decir.
Al general Obregón le correspondió incorporar dicho recurso político al arsenal de poder revolucionario cuando pontifica: “no hay quien aguante un cañonazo de 50 mil pesos”.
El poder presidencial en la era priísta se dio el lujo de crear a sus propios partidos opositores (el PARM uno de ellos).
Las elecciones del 88 modificaron la correlación de fuerzas, pero, al pactar Salinas con Fernández de Cevallos, se le dio continuidad a la práctica corruptora del poder ya no sólo mediante dinero, sino mediante “concertacesiones” de puestos de elección popular.
EL “MAICEO” ES EL MISMO PERO LAS FORMAS SON VARIADAS
En los movimientos sociales, junto a emotivos e intensamente comprometidos militantes, aparecen “radicales” con la misión de desbarrancar el movimiento, conduciéndolo a la represión o al desprestigio.
El Archivo General de la Nación da cuenta de un buen número de “radicales maiceados” que no son más que esbirros.
También, junto a los que hacen de la política actividad de la inteligencia y los argumentos, aparecen los que usan como fachada “la modernidad”, “la civilidad” y “el diálogo” para traicionar intereses colectivos en pos de apetitos privados.
Los más exitosos prostituidos políticos que conozco, (con perdón de las prostitutas) son individualidades pródigas en palabras amables, en prédicas de respeto a los demás, pero detrás de esa fachada disfrazan el “maiceo” recibido en lo oscurito.
Lo que vino a decir Beatriz Paredes a Zacatecas da cuenta de que con el arribo del PAN y del PRD a posiciones de poder, éstos le están dando al PRI una sopa de su propio chocolate.
El “maiceo” ha derribado las barreras partidistas, frustrando la transición.
Se impuso Fox en eso de “cambiar de jinete sin cambiar de caballo”.
Cuando lo que necesitamos es cambiar de caballo, independientemente de quién sea el jinete.
AL ÚLTIMO LA AVARICIA, A PUNTO DE ROMPER EL SACO
Tan sólo este año y tan sólo 12 universidades públicas le están cerrando las puertas de la educación a 363 mil 161 jóvenes.
De Zacatecas son 5 mil, de los cuales el 10 por ciento (560) corresponde a Medicina Humana, lo que habla de lo equivocado de la percepción que focaliza en esa área el problema.
Relacione este dato con la falta de empleo, y estará de acuerdo conmigo en que vienen tiempos de mucha protesta social, lo que de suyo no es malo.
Lo francamente ominoso es que, junto con eso, también crece la delincuencia.
Y es que, sin reformar la economía tan injusta y desigual en la que nos embarcaron, nomás no hay de piña.
Le busquen por donde le busquen.
NOTA AL MARGEN: La UAZ pierde presencia significativa al continuar clausurado su más emblemático espacio: el Teatro Calderón. Urge atender el conflicto.
Nos encontramos el lunes en el recreo.
luismedinalizalde@gmail.com
Opinión de Rolando Cordera Campos en La Jornada, 27 de julio 2008
El debate sigue, las consultas van
Terminado el debate en el Senado de la República, seguirá como avalancha el regaño manido: nadie nos dijo qué hacer o de qué se trata la reforma energética; todo se partidizó; la ideología se impuso y nos impidió pensar; en fin, que como dicen los malos lectores de Paz y Carlos Fuentes (¡Felicidades por El Quijote!): ¡Qué le vamos hacer! Si aquí nos tocó… hijos de… y mezcla de lo peor.
Y sin embargo la República se movió y puede seguir haciéndolo. En el Senado y a través del Canal del Congreso y de algunas bien elaboradas páginas periodísticas, se emitieron opiniones y discutieron posiciones sobre la Constitución, el estado real y futuro de la empresa, la perspectiva de una apertura de la explotación y la exploración a la inversión privada, la tragedia de la petroquímica sobre la que pocos se atrevieron a culpar a Pemex o a la propiedad nacional del subsuelo, etcétera. Ausente estuvo, como en algún momento se consignó en la prensa, el tema candente del sindicato y su papel en la industria, pero de formas de gobierno, autonomía de gestión y yugo hacendario se habló y mucho. No bastará para remover el (pre)juicio derogatorio de las jornadas de este medio año, pero sí para enriquecer el juicio de la opinión pública.
Sano fue el convivio congresal, como será la consulta ciudadana. A ésta, debe observársele como una práctica inicial que da cuenta de una de las muchas carencias que aquejan a nuestro edificio democrático, mal acostumbrado a avanzar a fuerza de votos y prebendas del Estado; sin conciencia clara de que sus órganos, en particular los colegiados representativos, se deben a la ciudadanía más allá de sus votos y que, por tanto, su misión no es sólo legislar “en nombre” de los ciudadanos, sino construir cotidianamente una auténtica voluntad colectiva, porque de eso depende en gran parte la legitimidad del sistema en su conjunto.
La ingeniería que la democracia mexicana requiere no sólo es institucional, como con su proverbial arrogancia recomendó alguna vez Sartori. Cada día es más claro y urgente entender que muchos de los nudos ciegos y nichos perversos donde se nutre el poder de hecho, radican en una Constitución que se adecua trabajosamente a la dinámica política y social desatada en su nombre, pero sin tomar en cuenta los enormes desafíos abiertos por una reformitis aguda y poco atenta a los mandatos fundamentales.
La prisa por volvernos persona grata a las nuevas configuraciones de poder de la globalización sirvió por un tiempo como pretexto para estos desarreglos. La emergencia del México bronco a partir de 1994 sirvió también para marchar a paso de ganso en la reforma política para la democracia, sin considerar desigualdades amenazadoras en la arena política y una constelación de poderes de hecho siempre en las fronteras de lo inconstitucional y listos para desplegar sus baterías contra el proyecto representativo y aun contra la propia Constitución.
No es fácil insistir en la centralidad y actualidad de una política constitucional y renunciar a las tranquilidades que nos brinda el ensamblaje institucional erigido durante la fiebre del reformismo neoliberal. Son muchos los que se las han arreglado para acomodarse, lucrar y hasta prosperar bajo este paraguas y tal vez sean muchos más los que conciente y activamente forman filas en la coalición conservadora que está dispuesta a todo para preservar lo que dejó la reformitis. De aquí la feria de fantasmas en torno al populismo y la danza de vampiros que desató la primera fase del reclamo popular ante la iniciativa calderoniana de reformas a la normatividad petrolera.
Sin embargo, aquí también es posible detectar movimientos de revisión y de renovación y configurar hipótesis diferentes a las que sirvieron para justificar el apoyo inicial, casi sin condiciones, que obtuvo el proyecto, incluso en analistas cuyas lealtades dicen estar en otro lado.
Para empezar, reiteremos que el interés nacional de los países que nos rodean y compran no está en que sus empresas petroleras entren sin más al subsuelo, la refinación o los ductos mexicanos. En primer término, como en 1938, su interés está en un abasto seguro que no mengüe, mientras se entra de lleno a la transición energética. Así ocurrió con Roosevelt y Cárdenas, y así puede ocurrir ahora y mañana. Lo que habría que definir es un horizonte de pactos y arreglos que dieran paso a proyectos nacionales de inversión de gran alcance. Lo demás, vinculado a la espectral hegemonía tecnológica de las antiguas “siete hermanas” puede dejarse para las paranoias de fin de semana o las ilusiones de negocio y consultoría de unos cuantos.
En segundo término, admitamos que el cruce entre el declive productivo y el de la exportación de Pemex es grave sí y sólo si deciden mantenerse el agudo sesgo exportador reportado por Jorge Eduardo Navarrete y la irracional pauta fiscal, que ha puesto al Estado en su conjunto al borde no de un ataque de nervios sino de una catástrofe financiera y política que la marrullería hacendaria sólo pospone. El tema no es pues el petróleo en abstracto sino el Estado y su capacidad para persuadir a los mandantes de la urgente necesidad de poner un alto a tanto desperdicio en el gasto y un hasta aquí en la codicia autodestructiva cuando se trata de contribuir y pagar impuestos.
Viéndolo así, la superchería sobre los hospitales, las enfermeras o los maestros y las escuelas que nos permitiría adquirir la reforma de Pemex cae por su propio peso; los políticos podrían pensar un poco en serio y todos nos ahorraríamos el bochorno de argumentos por la reforma cargados de buenas intenciones para los desvalidos y desprotegidos de siempre. Para éstos, sólo el empleo que viene con el crecimiento y salud y seguridad social universales, financiadas con impuestos generales, es la única esperanza. Y así debe decirse y asumirse antes de buscarle a la propuesta de Calderón virtudes distributivas de las que carece.
Por último, pero no al último. La posposición de reformas de fondo en Pemex no debería servir de pretexto para mantener su exiguo ritmo de exploración y construcción de refinerías. Tampoco para esquivar la petroquímica. Para esto hay fondos y capacidad de endeudamiento eficiente, y aún quedan empresarios dispuestos a entrarle con inversión y riesgo. Mexicanos y extranjeros, que forman el verdadero conjunto empresarial estratégico para la era que puede iniciarse gracias, entre otras cosas, a un debate que sólo los necios pueden despreciar y derogar.
Pemex y el petróleo no son la panacea y nunca lo fueron. Pero hoy, como lo fueron ayer, pueden ser sostenes efectivos para que México rencuentre la senda perdida de su desarrollo. Por eso el debate y las consultas seguirán.
Terminado el debate en el Senado de la República, seguirá como avalancha el regaño manido: nadie nos dijo qué hacer o de qué se trata la reforma energética; todo se partidizó; la ideología se impuso y nos impidió pensar; en fin, que como dicen los malos lectores de Paz y Carlos Fuentes (¡Felicidades por El Quijote!): ¡Qué le vamos hacer! Si aquí nos tocó… hijos de… y mezcla de lo peor.
Y sin embargo la República se movió y puede seguir haciéndolo. En el Senado y a través del Canal del Congreso y de algunas bien elaboradas páginas periodísticas, se emitieron opiniones y discutieron posiciones sobre la Constitución, el estado real y futuro de la empresa, la perspectiva de una apertura de la explotación y la exploración a la inversión privada, la tragedia de la petroquímica sobre la que pocos se atrevieron a culpar a Pemex o a la propiedad nacional del subsuelo, etcétera. Ausente estuvo, como en algún momento se consignó en la prensa, el tema candente del sindicato y su papel en la industria, pero de formas de gobierno, autonomía de gestión y yugo hacendario se habló y mucho. No bastará para remover el (pre)juicio derogatorio de las jornadas de este medio año, pero sí para enriquecer el juicio de la opinión pública.
Sano fue el convivio congresal, como será la consulta ciudadana. A ésta, debe observársele como una práctica inicial que da cuenta de una de las muchas carencias que aquejan a nuestro edificio democrático, mal acostumbrado a avanzar a fuerza de votos y prebendas del Estado; sin conciencia clara de que sus órganos, en particular los colegiados representativos, se deben a la ciudadanía más allá de sus votos y que, por tanto, su misión no es sólo legislar “en nombre” de los ciudadanos, sino construir cotidianamente una auténtica voluntad colectiva, porque de eso depende en gran parte la legitimidad del sistema en su conjunto.
La ingeniería que la democracia mexicana requiere no sólo es institucional, como con su proverbial arrogancia recomendó alguna vez Sartori. Cada día es más claro y urgente entender que muchos de los nudos ciegos y nichos perversos donde se nutre el poder de hecho, radican en una Constitución que se adecua trabajosamente a la dinámica política y social desatada en su nombre, pero sin tomar en cuenta los enormes desafíos abiertos por una reformitis aguda y poco atenta a los mandatos fundamentales.
La prisa por volvernos persona grata a las nuevas configuraciones de poder de la globalización sirvió por un tiempo como pretexto para estos desarreglos. La emergencia del México bronco a partir de 1994 sirvió también para marchar a paso de ganso en la reforma política para la democracia, sin considerar desigualdades amenazadoras en la arena política y una constelación de poderes de hecho siempre en las fronteras de lo inconstitucional y listos para desplegar sus baterías contra el proyecto representativo y aun contra la propia Constitución.
No es fácil insistir en la centralidad y actualidad de una política constitucional y renunciar a las tranquilidades que nos brinda el ensamblaje institucional erigido durante la fiebre del reformismo neoliberal. Son muchos los que se las han arreglado para acomodarse, lucrar y hasta prosperar bajo este paraguas y tal vez sean muchos más los que conciente y activamente forman filas en la coalición conservadora que está dispuesta a todo para preservar lo que dejó la reformitis. De aquí la feria de fantasmas en torno al populismo y la danza de vampiros que desató la primera fase del reclamo popular ante la iniciativa calderoniana de reformas a la normatividad petrolera.
Sin embargo, aquí también es posible detectar movimientos de revisión y de renovación y configurar hipótesis diferentes a las que sirvieron para justificar el apoyo inicial, casi sin condiciones, que obtuvo el proyecto, incluso en analistas cuyas lealtades dicen estar en otro lado.
Para empezar, reiteremos que el interés nacional de los países que nos rodean y compran no está en que sus empresas petroleras entren sin más al subsuelo, la refinación o los ductos mexicanos. En primer término, como en 1938, su interés está en un abasto seguro que no mengüe, mientras se entra de lleno a la transición energética. Así ocurrió con Roosevelt y Cárdenas, y así puede ocurrir ahora y mañana. Lo que habría que definir es un horizonte de pactos y arreglos que dieran paso a proyectos nacionales de inversión de gran alcance. Lo demás, vinculado a la espectral hegemonía tecnológica de las antiguas “siete hermanas” puede dejarse para las paranoias de fin de semana o las ilusiones de negocio y consultoría de unos cuantos.
En segundo término, admitamos que el cruce entre el declive productivo y el de la exportación de Pemex es grave sí y sólo si deciden mantenerse el agudo sesgo exportador reportado por Jorge Eduardo Navarrete y la irracional pauta fiscal, que ha puesto al Estado en su conjunto al borde no de un ataque de nervios sino de una catástrofe financiera y política que la marrullería hacendaria sólo pospone. El tema no es pues el petróleo en abstracto sino el Estado y su capacidad para persuadir a los mandantes de la urgente necesidad de poner un alto a tanto desperdicio en el gasto y un hasta aquí en la codicia autodestructiva cuando se trata de contribuir y pagar impuestos.
Viéndolo así, la superchería sobre los hospitales, las enfermeras o los maestros y las escuelas que nos permitiría adquirir la reforma de Pemex cae por su propio peso; los políticos podrían pensar un poco en serio y todos nos ahorraríamos el bochorno de argumentos por la reforma cargados de buenas intenciones para los desvalidos y desprotegidos de siempre. Para éstos, sólo el empleo que viene con el crecimiento y salud y seguridad social universales, financiadas con impuestos generales, es la única esperanza. Y así debe decirse y asumirse antes de buscarle a la propuesta de Calderón virtudes distributivas de las que carece.
Por último, pero no al último. La posposición de reformas de fondo en Pemex no debería servir de pretexto para mantener su exiguo ritmo de exploración y construcción de refinerías. Tampoco para esquivar la petroquímica. Para esto hay fondos y capacidad de endeudamiento eficiente, y aún quedan empresarios dispuestos a entrarle con inversión y riesgo. Mexicanos y extranjeros, que forman el verdadero conjunto empresarial estratégico para la era que puede iniciarse gracias, entre otras cosas, a un debate que sólo los necios pueden despreciar y derogar.
Pemex y el petróleo no son la panacea y nunca lo fueron. Pero hoy, como lo fueron ayer, pueden ser sostenes efectivos para que México rencuentre la senda perdida de su desarrollo. Por eso el debate y las consultas seguirán.
Opinión de Claudia Sheinbaum Pardo en La Jornada, 27 de jului 2008
El PRI miente: su iniciativa en materia energética es PAN con lo mismo
Cuando escuchamos a los legisladores del PRI presentar su iniciativa, parecía que tenían como objetivo evitar la privatización de diversos sectores de la industria petrolera, contenida en las iniciativas que presentó el gobierno de facto. Cuando se estudia su propuesta, desafortunadamente la realidad es otra. Plantean, al igual que el PAN, como eje central la participación de la iniciativa privada en las áreas estratégicas de exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos.
Para el caso de la exploración y extracción de petróleo y gas natural, su propuesta es la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera a través de contratos de servicios. El objetivo es que sean los privados quienes realicen estas actividades, pagándoles en efectivo de acuerdo con la cantidad de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo. Aunque afirmen que ésos no son contratos de riesgo, porque no se comparten los hidrocarburos, en los hechos sí lo son, pues aunque el privado “no cobre” por la exploración, se llevará una ganancia sustantiva de la extracción.
En los debates en el Senado de la República diversos ponentes explicaron que este tipo de contratos son sumamente contraproducentes para el país, porque significan compartir innecesariamente una parte importante de la renta petrolera. Para negar este efecto inevitable de la privatización, de manera pedestre el PRI simplemente decide redefinir el concepto de renta petrolera, de la siguiente forma: “La renta petrolera es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables” (artículo 58 de su propuesta de ley orgánica).
También, al igual que en la propuesta de Calderón, mantienen la creación de una comisión de petróleo, para que sea un organismo externo a Pemex el que defina las reservas y quien podrá explotarlas. En ambas propuestas, los privados sólo requerirán del permiso de la Secretaría de Energía para iniciar la exploración, aunque carezcan de contratos, facilitándoles las expropiaciones a particulares, ejidos y comunidades, en caso de ser necesarias.
En el caso de la refinación, el almacenamiento y los ductos, la propuesta del PRI plantea establecer, por decreto del Ejecutivo federal, “empresas filiales” de Pemex. De acuerdo con la exposición de motivos de su iniciativa: “Estos organismos serán propiedad exclusivamente de Petróleos Mexicanos y se crearán con el propósito de complementar la capacidad de ejecución de obras y de operación de Petróleos Mexicanos en las áreas estratégicas que le corresponden a la nación, como las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de derivados, así como en la construcción de ductos. Realizarían las actividades mencionadas por cuenta y orden de Pemex, procesando y operando petróleo y gas propiedad del organismo o, en otras palabras, le darían el servicio correspondiente y, en su caso, le entregarían a Pemex los resultados de su operación”… “Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales operarían con contratos de largo plazo que apoyarían el financiamiento de la inversión. Esto permitiría descentralizar la realización y operación de proyectos completos para nuevas instalaciones, sin congestionar la administración de los actuales organismos subsidiarios, a quien darían servicio.”
Estos organismos (de acuerdo con las modificaciones propuestas por el PRI a la ley reglamentaria del 27 y a la Ley Orgánica de Pemex) realizarán contratos de arrendamiento con terceros (léase privados) para que sean éstos los que hagan las obras y, en su caso, operen las refinerías, el almacenamiento y los ductos. Al final del contrato, la infraestructura se le entrega a Pemex. Este es un esquema de contratación que también se usó para la generación de electricidad y que resultó sumamente oneroso.
Hasta aquí la diferencia con la propuesta de Calderón es que los privados no podrían tener bajo su propiedad la infraestructura; sin embargo, en su propuesta de modificación a la ley orgánica, en su artículo 19 establecen que es una atribución del consejo de administración de Pemex:
“IX. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, considerados entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento…”
Es decir, que la nueva infraestructura de refinación, almacenamiento y transporte será construida y operada por privados a través de contratos de arrendamiento con las filiales de Pemex y, por si fuera poco, además, al final podrán ser desincorporadas (léase privatizadas) por el consejo de administración. O sea, la misma privatización, sólo que con tiempos un poco diferentes a los planteados por Calderón.
Por otro lado, existen sólo diferencias de matiz entre las propuestas del PRI y del PAN en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex. Por ejemplo, el PRI propone que los consejeros profesionales que se integrarán al consejo de administración, deberán ser ratificados por el Senado y todos deberán ser funcionarios públicos. Sin embargo, sus funciones son las mismas: auditorías, remuneraciones y portafolio de inversiones. Los artículos que se refieren a la exención de responsabilidades del consejo de administración en caso de que actúen “de buena fe” y la contratación de fianzas y seguros son iguales. Asimismo, con el mismo esquema conservan los bonos ciudadanos.
Por otro lado, a pesar de que la mayor parte de los ponentes en el debate planteó la necesidad del fortalecimiento de la investigación, en particular del Instituto Mexicano del Petróleo, la propuesta del PRI no toca el tema porque sencillamente no les interesa el desarrollo de la ciencia y la ingeniería nacionales. Finalmente su llamado fondo nacional para la transición energética no establece de dónde saldrán los recursos ni cuántos serán y se orienta para financiar proyectos con créditos. Es decir, de nuevo, nada para la investigación y el desarrollo de fuentes alternas, como un proyecto de Estado. Decir NO este domingo en la consulta, también significa NO a la iniciativa del PRI, porque desgraciadamente ésta también pretende la privatización de la industria petrolera.
Cuando escuchamos a los legisladores del PRI presentar su iniciativa, parecía que tenían como objetivo evitar la privatización de diversos sectores de la industria petrolera, contenida en las iniciativas que presentó el gobierno de facto. Cuando se estudia su propuesta, desafortunadamente la realidad es otra. Plantean, al igual que el PAN, como eje central la participación de la iniciativa privada en las áreas estratégicas de exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos.
Para el caso de la exploración y extracción de petróleo y gas natural, su propuesta es la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera a través de contratos de servicios. El objetivo es que sean los privados quienes realicen estas actividades, pagándoles en efectivo de acuerdo con la cantidad de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo. Aunque afirmen que ésos no son contratos de riesgo, porque no se comparten los hidrocarburos, en los hechos sí lo son, pues aunque el privado “no cobre” por la exploración, se llevará una ganancia sustantiva de la extracción.
En los debates en el Senado de la República diversos ponentes explicaron que este tipo de contratos son sumamente contraproducentes para el país, porque significan compartir innecesariamente una parte importante de la renta petrolera. Para negar este efecto inevitable de la privatización, de manera pedestre el PRI simplemente decide redefinir el concepto de renta petrolera, de la siguiente forma: “La renta petrolera es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables” (artículo 58 de su propuesta de ley orgánica).
También, al igual que en la propuesta de Calderón, mantienen la creación de una comisión de petróleo, para que sea un organismo externo a Pemex el que defina las reservas y quien podrá explotarlas. En ambas propuestas, los privados sólo requerirán del permiso de la Secretaría de Energía para iniciar la exploración, aunque carezcan de contratos, facilitándoles las expropiaciones a particulares, ejidos y comunidades, en caso de ser necesarias.
En el caso de la refinación, el almacenamiento y los ductos, la propuesta del PRI plantea establecer, por decreto del Ejecutivo federal, “empresas filiales” de Pemex. De acuerdo con la exposición de motivos de su iniciativa: “Estos organismos serán propiedad exclusivamente de Petróleos Mexicanos y se crearán con el propósito de complementar la capacidad de ejecución de obras y de operación de Petróleos Mexicanos en las áreas estratégicas que le corresponden a la nación, como las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de derivados, así como en la construcción de ductos. Realizarían las actividades mencionadas por cuenta y orden de Pemex, procesando y operando petróleo y gas propiedad del organismo o, en otras palabras, le darían el servicio correspondiente y, en su caso, le entregarían a Pemex los resultados de su operación”… “Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales operarían con contratos de largo plazo que apoyarían el financiamiento de la inversión. Esto permitiría descentralizar la realización y operación de proyectos completos para nuevas instalaciones, sin congestionar la administración de los actuales organismos subsidiarios, a quien darían servicio.”
Estos organismos (de acuerdo con las modificaciones propuestas por el PRI a la ley reglamentaria del 27 y a la Ley Orgánica de Pemex) realizarán contratos de arrendamiento con terceros (léase privados) para que sean éstos los que hagan las obras y, en su caso, operen las refinerías, el almacenamiento y los ductos. Al final del contrato, la infraestructura se le entrega a Pemex. Este es un esquema de contratación que también se usó para la generación de electricidad y que resultó sumamente oneroso.
Hasta aquí la diferencia con la propuesta de Calderón es que los privados no podrían tener bajo su propiedad la infraestructura; sin embargo, en su propuesta de modificación a la ley orgánica, en su artículo 19 establecen que es una atribución del consejo de administración de Pemex:
“IX. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, considerados entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento…”
Es decir, que la nueva infraestructura de refinación, almacenamiento y transporte será construida y operada por privados a través de contratos de arrendamiento con las filiales de Pemex y, por si fuera poco, además, al final podrán ser desincorporadas (léase privatizadas) por el consejo de administración. O sea, la misma privatización, sólo que con tiempos un poco diferentes a los planteados por Calderón.
Por otro lado, existen sólo diferencias de matiz entre las propuestas del PRI y del PAN en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex. Por ejemplo, el PRI propone que los consejeros profesionales que se integrarán al consejo de administración, deberán ser ratificados por el Senado y todos deberán ser funcionarios públicos. Sin embargo, sus funciones son las mismas: auditorías, remuneraciones y portafolio de inversiones. Los artículos que se refieren a la exención de responsabilidades del consejo de administración en caso de que actúen “de buena fe” y la contratación de fianzas y seguros son iguales. Asimismo, con el mismo esquema conservan los bonos ciudadanos.
Por otro lado, a pesar de que la mayor parte de los ponentes en el debate planteó la necesidad del fortalecimiento de la investigación, en particular del Instituto Mexicano del Petróleo, la propuesta del PRI no toca el tema porque sencillamente no les interesa el desarrollo de la ciencia y la ingeniería nacionales. Finalmente su llamado fondo nacional para la transición energética no establece de dónde saldrán los recursos ni cuántos serán y se orienta para financiar proyectos con créditos. Es decir, de nuevo, nada para la investigación y el desarrollo de fuentes alternas, como un proyecto de Estado. Decir NO este domingo en la consulta, también significa NO a la iniciativa del PRI, porque desgraciadamente ésta también pretende la privatización de la industria petrolera.
Bajo la lupa
Alfredo Jalife Rahme
La Jornada, 27 de julio 2008
■ Rusia nacionaliza las aguas profundas del Ártico
Algunos legisladores calderonistas –pésimamente “tarjeteados” por asesores clandestinos durante los debates del Senado– suelen desinformar con la supuesta asociación entre la híbrida noruega de control estatal Statoil (ranking 59) y “Rusia” (sin especificar). Por cierto, Statoil cambió de nombre a Statoil Hydro, debido a su reciente fusión con Norsk Hydro Asa. ¡Así de desinformados andan los panistas!
Con el fin de llevar agua a su molino ideológico-propagandístico, los desactualizados legisladores panistas se exponen al ridículo: pierden las proporciones entre la empresa de un relativamente diminuto país frente el gigante ruso (la primera potencia gasera del planeta), y soslayan la tendencia irreversible del Kremlin hacia la desprivatización, la renacionalización y/o la restatización, como se desprende de la disociación entre las empresas rusas con las británicas Shell y BP (Damian Reece, The Daily Telegraph, 22/7/08).
Lo que cuenta es la dinámica conceptual y no un hecho aislado estático sin mayor relevancia que expone los rescoldos del viejo orden petrolero de Yeltsin, quien llevó a la ruina a su país por su necedad privatizadora cuando los ingresos petroleros estatales se fueron a pique. Con la restauración del zar geoenergético global, Vlady Putin, durante ocho años el producto interno bruto (PIB) se multiplicó cinco veces y regresó a Rusia al primer plano geoestratégico, gracias a sus inmensas reservas de hidrocarburos y de divisas, protegidas por su poderoso arsenal nuclear.
Pareciera que los relevantes países productores de hidrocarburos le dan la vuelta a la privatización doméstica y/o foránea mediante la eclosión de empresas estatales que han florecido en Rusia y China.
En realidad, bajo el modelo de la globalización financiera todas las privatizaciones domésticas son foráneas parcialmente, cuando no mayoritariamente, debido a su cotización y control en las bolsas de valores de Wall Street y la City. Sin el control financiero de los estados, en el mejor de los casos, o de las empresas privadas domésticas, cualquier mañana las reservas de hidrocarburos pueden pasar darwinianamente a manos de las trasnacionales foráneas mediante una “captura hostil” en las bolsas de valores.
Esta situación la temen a la inversa, en la fase de profunda crisis crediticia del neoliberalismo global, el G-7 y la OTAN, ante la hipotética captura de sus joyas estratégicas por los países poseedores de los “fondos soberanos de riqueza”, primordialmente el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y la OPEP.
Desde el año pasado, Bajo la Lupa (12/8/07) había alertado sobre “La nueva guerra gélida por los hidrocarburos del Ártico”, donde se ubicaría 25 por ciento de las reservas del total planetario.
Nada detiene a Rusia en su odisea nacionalista. Después de que Putin desprivatizó, renacionalizó y restatizó la mayor parte de sus hidrocarburos, entregados insensatamente a los “oligarcas” parasitarios por Yeltsin (uno de los peores mandatarios de su historia), ahora el flamante presidente Dimitri Medvedev firmó una ley para desarrollar las inmensas reservas del Ártico exclusivamente por las empresas estatales con un mínimo de cinco años de experiencia, lo que de facto deja solos a Gazprom y Rosneft (Toronto Star, 18/7/08).
En lugar de operar con licitaciones, el gobierno ruso tendrá la discrecionalidad de seleccionar a las compañías estatales para desarrollar las reservas del Ártico. Medvedev considera a la placa geológica continental del Ártico como una “herencia nacional”. Las agencias anglosajonas de noticias que reportaron la nueva postura rusa aducen que se trata de una clara señal de un “movimiento hacia un mayor control estatal sobre la lucrativa (¡súper-sic!) industria energética del país” para “asegurar conscientemente el uso racional de la riqueza nacional”.
La nacionalización de las reservas del Ártico ruso se suma a la anterior ley decretada por el entonces presidente Putin al final de su mandato que estableció límites a la participación foránea en sectores estratégicos como la energía, telecomunicaciones y el sector aeroespacial. La clave de todo radica en la exquisita diferenciación de los sectores estratégicos que Rusia cierra a las inversiones foráneas y domésticas, y aquellas que no lo son y que se encuentran abiertas. Esto lo han entendido a la perfección los jerarcas del Deutsche Bank, quienes no han cesado de invertir selectivamente.
Los analistas anglosajones ponen en tela de juicio la “capacidad” de las principales empresas energéticas rusas de poseer las “necesarias inversiones y tecnologías” (nota: el estribillo fastidioso y odioso) para la extracción de sus mayores proyectos en el Ártico “sin una significativa participación foránea” (léase: anglosajonas; aquí la pirata española Repsol ni pinta).
Tampoco han de estar muy actualizados los analistas anglosajones, a quienes se los olvida que Rusia posee en reservas de divisas (la tercera mundial a punto de desbancar a la segunda, Japón), ya no se diga en “fondos soberanos de riqueza” y en “fondos de estabilización de contingencia”, mucho más que el flujo de caja de todas las petroleras anglosajonas juntas. Sobra recalcar que Rusia es una potencia tecnológica de primer orden y mata de risa que tales analistas anglosajones exageren el conocimiento monopólico anglosajón cuando hasta Brasil dispone de él.
Para estimular a su sector energético estatal, el gobierno ruso propuso una serie de recortes impositivos (¡al revés de Calderón y Pemex!), que les ahorrarían alrededor de 6 mil millones de dólares, además de condonar impuestos a las compañías que operen en el Ártico, con una duración de hasta 15 años o hasta que la producción alcance alrededor de 210 millones de barriles.
El verdadero escollo de Rusia radica en conseguir los casi 3 billones de dólares –que equivale a un poco mas del doble de su PIB– para desarrollar las reservas del Ártico ruso, lo que limita su explotación expedita.
A cada quien su “tesoro”: el Geological Survey de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés, 23/7/08) considera que el polo Ártico posee 90 mil millones de barriles recuperables de petróleo, suficientes para abastecer la demanda mundial durante tres años; amplifica la parte de Alaska y deprime la rusa.
También Calderón y su desinformada secretaria de Energía, Georgina Kessel, abultan con cifras alegres las reservas en las aguas ultraprofundas en el Golfo de México, que equivaldrían a las de todo el Ártico, según USGS; peor aún: Kessel duplica las exageraciones de Calderón.
La Jornada, 27 de julio 2008
■ Rusia nacionaliza las aguas profundas del Ártico
Algunos legisladores calderonistas –pésimamente “tarjeteados” por asesores clandestinos durante los debates del Senado– suelen desinformar con la supuesta asociación entre la híbrida noruega de control estatal Statoil (ranking 59) y “Rusia” (sin especificar). Por cierto, Statoil cambió de nombre a Statoil Hydro, debido a su reciente fusión con Norsk Hydro Asa. ¡Así de desinformados andan los panistas!
Con el fin de llevar agua a su molino ideológico-propagandístico, los desactualizados legisladores panistas se exponen al ridículo: pierden las proporciones entre la empresa de un relativamente diminuto país frente el gigante ruso (la primera potencia gasera del planeta), y soslayan la tendencia irreversible del Kremlin hacia la desprivatización, la renacionalización y/o la restatización, como se desprende de la disociación entre las empresas rusas con las británicas Shell y BP (Damian Reece, The Daily Telegraph, 22/7/08).
Lo que cuenta es la dinámica conceptual y no un hecho aislado estático sin mayor relevancia que expone los rescoldos del viejo orden petrolero de Yeltsin, quien llevó a la ruina a su país por su necedad privatizadora cuando los ingresos petroleros estatales se fueron a pique. Con la restauración del zar geoenergético global, Vlady Putin, durante ocho años el producto interno bruto (PIB) se multiplicó cinco veces y regresó a Rusia al primer plano geoestratégico, gracias a sus inmensas reservas de hidrocarburos y de divisas, protegidas por su poderoso arsenal nuclear.
Pareciera que los relevantes países productores de hidrocarburos le dan la vuelta a la privatización doméstica y/o foránea mediante la eclosión de empresas estatales que han florecido en Rusia y China.
En realidad, bajo el modelo de la globalización financiera todas las privatizaciones domésticas son foráneas parcialmente, cuando no mayoritariamente, debido a su cotización y control en las bolsas de valores de Wall Street y la City. Sin el control financiero de los estados, en el mejor de los casos, o de las empresas privadas domésticas, cualquier mañana las reservas de hidrocarburos pueden pasar darwinianamente a manos de las trasnacionales foráneas mediante una “captura hostil” en las bolsas de valores.
Esta situación la temen a la inversa, en la fase de profunda crisis crediticia del neoliberalismo global, el G-7 y la OTAN, ante la hipotética captura de sus joyas estratégicas por los países poseedores de los “fondos soberanos de riqueza”, primordialmente el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y la OPEP.
Desde el año pasado, Bajo la Lupa (12/8/07) había alertado sobre “La nueva guerra gélida por los hidrocarburos del Ártico”, donde se ubicaría 25 por ciento de las reservas del total planetario.
Nada detiene a Rusia en su odisea nacionalista. Después de que Putin desprivatizó, renacionalizó y restatizó la mayor parte de sus hidrocarburos, entregados insensatamente a los “oligarcas” parasitarios por Yeltsin (uno de los peores mandatarios de su historia), ahora el flamante presidente Dimitri Medvedev firmó una ley para desarrollar las inmensas reservas del Ártico exclusivamente por las empresas estatales con un mínimo de cinco años de experiencia, lo que de facto deja solos a Gazprom y Rosneft (Toronto Star, 18/7/08).
En lugar de operar con licitaciones, el gobierno ruso tendrá la discrecionalidad de seleccionar a las compañías estatales para desarrollar las reservas del Ártico. Medvedev considera a la placa geológica continental del Ártico como una “herencia nacional”. Las agencias anglosajonas de noticias que reportaron la nueva postura rusa aducen que se trata de una clara señal de un “movimiento hacia un mayor control estatal sobre la lucrativa (¡súper-sic!) industria energética del país” para “asegurar conscientemente el uso racional de la riqueza nacional”.
La nacionalización de las reservas del Ártico ruso se suma a la anterior ley decretada por el entonces presidente Putin al final de su mandato que estableció límites a la participación foránea en sectores estratégicos como la energía, telecomunicaciones y el sector aeroespacial. La clave de todo radica en la exquisita diferenciación de los sectores estratégicos que Rusia cierra a las inversiones foráneas y domésticas, y aquellas que no lo son y que se encuentran abiertas. Esto lo han entendido a la perfección los jerarcas del Deutsche Bank, quienes no han cesado de invertir selectivamente.
Los analistas anglosajones ponen en tela de juicio la “capacidad” de las principales empresas energéticas rusas de poseer las “necesarias inversiones y tecnologías” (nota: el estribillo fastidioso y odioso) para la extracción de sus mayores proyectos en el Ártico “sin una significativa participación foránea” (léase: anglosajonas; aquí la pirata española Repsol ni pinta).
Tampoco han de estar muy actualizados los analistas anglosajones, a quienes se los olvida que Rusia posee en reservas de divisas (la tercera mundial a punto de desbancar a la segunda, Japón), ya no se diga en “fondos soberanos de riqueza” y en “fondos de estabilización de contingencia”, mucho más que el flujo de caja de todas las petroleras anglosajonas juntas. Sobra recalcar que Rusia es una potencia tecnológica de primer orden y mata de risa que tales analistas anglosajones exageren el conocimiento monopólico anglosajón cuando hasta Brasil dispone de él.
Para estimular a su sector energético estatal, el gobierno ruso propuso una serie de recortes impositivos (¡al revés de Calderón y Pemex!), que les ahorrarían alrededor de 6 mil millones de dólares, además de condonar impuestos a las compañías que operen en el Ártico, con una duración de hasta 15 años o hasta que la producción alcance alrededor de 210 millones de barriles.
El verdadero escollo de Rusia radica en conseguir los casi 3 billones de dólares –que equivale a un poco mas del doble de su PIB– para desarrollar las reservas del Ártico ruso, lo que limita su explotación expedita.
A cada quien su “tesoro”: el Geological Survey de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés, 23/7/08) considera que el polo Ártico posee 90 mil millones de barriles recuperables de petróleo, suficientes para abastecer la demanda mundial durante tres años; amplifica la parte de Alaska y deprime la rusa.
También Calderón y su desinformada secretaria de Energía, Georgina Kessel, abultan con cifras alegres las reservas en las aguas ultraprofundas en el Golfo de México, que equivaldrían a las de todo el Ártico, según USGS; peor aún: Kessel duplica las exageraciones de Calderón.
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