■ Generosidad fiscal de los gobiernos panistas con el gran capital: 2.1 billones de pesos
En el paraíso fiscal que para ellos es México, y en plena danza de los millones, ha causado revuelo que durante el sexenio foxista los grandes contribuyentes obtuvieron alrededor de 680 mil millones de pesos en devolución de impuestos, por mucho que, en promedio, la mayoría de ellos no paga más de 74 pesos por ISR y 67 por IVA, de acuerdo con la información de la Auditoría Superior de la Federación.
Con base en esos datos duros, el vicepresidente de la Comisión de Petroquímica de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Gilberto Ortiz, estima que esos 680 mil millones servirían para construir nueve refinerías, si se toma como bueno el cálculo calderonista de que se requieren 75 mil millones para cada una de ellas, aunque especialistas en la materia sostengan que ese monto, en todo caso, sería más que suficiente para construir 18 plantas de ese tipo.
Sin duda, 680 mil millones de pesos es mucho dinero, en especial en un país en el que el fisco reporta un avanzado grado de desnutrición por efecto de las generosas prácticas tributarias que el gobierno federal no sólo permite, sino estimula, al gran capital de adentro o de afuera, pues al final de cuentas opera igual.
Mucho dinero, pues, pero la devolución de impuestos no es el único camino que el gobierno federal le ha pavimentado al voraz mundillo de los grandes consorcios y sus siempre insatisfechos dueños. De hecho, esos 680 mil millones de pesos representan 62 por ciento de lo que en realidad el gobierno de Fox regaló a los susodichos barones, por medio de todo tipo de exenciones en el pago del impuesto sobre la renta, entre 2003 y 2006.
En efecto, en ese periodo tales exenciones y conexos para el gran capital sumaron casi un billón 100 mil millones de pesos, sólo por concepto de ISR, lo que significó, en promedio, un obsequio anual equivalente a 3.5 por ciento del producto interno bruto. Si a ese monto sumamos la generosidad calderonista en su primera mitad de inquilinaje en Los Pinos (incluida la estimación para 2009), entonces la cifra crece hasta cerca de 2 billones 100 mil millones de pesos. Y las cifras citadas no provienen de los “enemigos de la patria” que rechazan la “reforma” petrolera del michoacano, sino de la mismísima Secretaría de Hacienda.
Así es, 100 mil millones de dólares de 2003 a 2006 y casi otro tanto en los primeros tres años del calderonismo, resultan un monto más que suficiente para construir –si vale el ejemplo citado por Gilberto Ortiz y se respeta la inflada cifra unitaria referida por Calderón– 28 refinerías de gran alcance, propiedad del Estado, con capacidad conjunta para refinar de 8.4 a 11.2 millones de barriles de crudo cotidianamente, de tal suerte que más allá de tener garantizado el abasto de petrolíferos en el mercado interno, México se convertiría en una verdadera potencia exportadora en este renglón.
Pero Fox no sólo dilapidó los ingresos excedentes del petróleo, sino que se dio el lujo de regalar 100 mil millones de dólares al gran capital, ruta que puntualmente transita su sucesor en Los Pinos.
En 2003 (año a partir del cual se tiene prueba documental del atraco), sólo por concepto de impuesto sobre la renta y por la citada generosidad gubernamental, 215 mil 151.9 millones de pesos dejaron de ingresar a las arcas nacionales; un año después, el monto creció a 227 mil 12 millones, y en 2005 subió a 336 mil 841.6 millones. Como el gobierno foxista se vio obligado a utilizar mucho dinero en el proceso electoral, en 2006 el regalo “sólo” fue de 295 mil 667.1 millones. En total, un billón 75 mil millones de pesos, un promedio anual equivalente a 3.5 por ciento del PIB.
Después llegó el discurso “antimonopolios”, sobre el “estado de derecho”, de la “reforma” fiscal “verdadera” y el “haiga sido como haiga sido”, y el saqueo continuó: ya con Calderón en Los Pinos, en 2007, por el concepto mencionado, las arcas nacionales dejaron de captar 296 mil 90.8 millones de pesos; en 2008 el monto se “redujo” a 252 mil 962.8 millones, pero deben adicionarse 96 mil 306 millones por exenciones en el impuesto empresarial a tasa única (IETU), para un total de 439 mil 268.8 millones, de tal suerte que la “reducción” en realidad fue “ampliación”. Para 2009 la Secretaría de Hacienda estima por ISR que las exenciones y conexos serán del orden de 271 mil 220 millones de pesos, más 89 mil 32.2 millones por IETU, para un total ese año de 360 mil 25.2 millones.
En siete años, pues, la generosidad fiscal de los gobiernos panistas hacia el gran capital (en línea con la mostrada en las administraciones priístas) impidió que el erario captara alrededor de 2 billones 100 mil millones de pesos (300 mil millones anuales como promedio), monto que a precios actuales permitiría incrementar en más de 80 por ciento el presupuesto de egresos de la federación para 2008 aprobado por el Congreso. Si se prefiere (dado el interés del actual inquilino de Los Pinos en el tema) ese dinero hubiera permitido la construcción de cuatro refinerías anuales, propiedad del Estado, en el lapso citado, o ya en el detalle hubiera permitido invertir (en efectivo, sin intereses y sin entregar la “responsabilidad” al capital foráneo), en todas las obras que hasta ahora se han realizado vía Pidiregas, y aún así sobraría el 10 por ciento.
Lo mejor del caso es que para efectos oficiales las exenciones, regímenes especiales, subsidios y demás bolas del rosario se “justifican” (Hacienda dixit), porque “promueven el crecimiento económico del país, estimulan la generación de empleo” y, en fin, “fortalecen el desarrollo nacional”, algo que hace 26 años el país ni de lejos registra. Pero no se preocupen, que para eso está el petróleo, el “tesoro” y la “reforma” calderonista, o lo que es lo mismo el “plan para una real soberanía energética”.
Discursos aparte, es necesario insistir que sin una reforma fiscal real y de fondo, que cancele privilegios e involucre a todos los sectores, lo demás simple y sencillamente no pasará de simples parches, en una economía parchada hasta los huesos.
Las rebanadas del pastel
Y en el gobierno de las risas, la Secretaría de Hacienda asegura que “el desafío de Pemex no tiene que ver con su régimen fiscal, sino con cuestiones de carácter operativo, capacidad de ejecución y rigidez regulatoria”… Preparaos para la consulta del próximo domingo. Todos a votar.