Si hubiera referendo
Reconocida en los programas de gobierno de todos los partidos, consignada en prácticamente todas las propuestas de reforma del Estado de la última década, inspiradora de una decena de iniciativas de reformas a la Constitución, mencionada como promesa de campaña en casi todas las plataformas electorales de la pasada contienda presidencial, el referendo es la muñeca fea de nuestra democracia. Una vez que partidos y candidatos llegan al poder, la figura del referéndum es arrumbada en los cajones del olvido y condenada a platicar con los ratones en el baúl de los recuerdos.
Por ello, el principal valor del ejercicio de consulta ciudadana realizado el pasado fin de semana sobre la reforma energética, al igual que los otros dos que se realizarán el 10 y 24 de agosto próximo, no habrá que buscarlo en el número de participantes ni en el contundente “No” que los ciudadanos participantes emitieron en las mesas receptoras de votaciones. Su principal aportación es recordarnos la gran carencia de nuestro sistema político en materia de mecanismos de consulta directa a la ciudadanía para dirimir los temas que polarizan y dividen a la sociedad.
Ninguno de los gobiernos alternados del PRI y el PAN han tenido voluntad para dar vigencia a este recurso de la democracia participativa moderna, cuya definición es “Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone”.
La reforma energética representaba una oportunidad histórica para generar acuerdos políticos pluripartidistas y saldar este pendiente de nuestra democracia. Primero el reconocimiento constitucional del referendo, después la consulta ciudadana para decidir su aceptación o rechazo. Se prefirió el camino de la negociación palaciega y del acuerdo oligárquico, para tratar de imponer una reforma a matacaballo, en medio de movilizaciones, protestas y barruntos de inestabilidad.
Si hubiera referendo, los legisladores del FAP no hubiésemos tenido la necesidad de tomar la tribuna para obligar a lo más elemental: foros de consulta con especialistas, técnicos, académicos y promotores del tema energético. La iniciativa del gobierno y la de otros partidos se estaría debatiendo abiertamente en los medios de comunicación, en condiciones de equidad, y no mediante rumores, filtraciones o trascendidos.
Si hubiera referendo, por ley, los promotores del “Sí” y del “No” tendrían en la televisión, en la radio y en la prensa escrita espacios iguales para exponer sus argumentos. Por ejemplo, ¿es verdad que sólo tenemos reservas petroleras en mar profundo? ¿Qué hay de cierto que no se consigue en mercado abierto la tecnología para perforar en el Golfo de México? ¿Por qué no se explora en tierra y aguas someras, a pesar de ser menos costoso y menos riesgoso que el mar profundo? ¿Es cierto que Pemex carece de recursos para modernizarse, por ello debe privatizarse? ¿Qué pasó con la utilidad de 240 mil millones de dólares que obtuvo Pemex entre 2000 y 2006? En fin, ¿es verdad que el país carece de la técnica y de los recursos humanos para modernizar el sector y prepararnos para la transición energética del siglo XXI?
Si hubiera referendo, la izquierda mexicana no tendría que salir a exponer sus argumentos ni a exponerse mediante marchas, bloqueos y plantones. Sus dirigentes y representantes estarían en los noticiarios de radio y televisión dando el debate, con argumentos políticos y estudios técnicos, no con amagos de bloqueos y movilizaciones.
Si hubiera referendo, el gobierno tendría al aire a los responsables del sector energético, exponiendo su verdad y su visión. No andarían a salto de mata, huyendo de los legisladores y de los ciudadanos que quieren saber la verdad sobre el futuro del petróleo mexicano.
Si hubiera referendo, después de un periodo perentorio de debates, previamente fijado por la ley o pactado por las partes, vendría la decisión de llevar la iniciativa de reforma a las cámaras legislativas. La mayoría en el Congreso decidiría qué tipo de reforma energética tendríamos, como lo pretenden hacer PAN y PRI. Pero aquí no pararía el proceso legislativo, como sucede ahora.
Si hubiera referendo, el siguiente paso sería convocar a los ciudadanos a las urnas para que refrenden o reviertan la reforma energética aprobada por una coalición de legisladores en el Congreso, debiendo acatar el poder Legislativo y el Ejecutivo ese resultado.
Pero como no tenemos referendo, lo que veremos en las próximas semanas es un proceso arbitrario, turbio y torvo de una reforma energética oligárquica, tan negra como el petróleo y tan tóxica como el olor que emana de un pozo petrolero, el azufre; el aroma del infierno.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
