■ Defensores de la reforma energética de Calderón no la avalan en privado
Normal que los opositores a la “reforma” petrolera calderonista se manifiesten abierta y públicamente contrarios a su contenido y denuncien su anticonstitucionalidad, pero se observa un giro interesante cuando las dudas y descalificaciones provienen de las propias huestes que ante los micrófonos la avalan por ser, dicen, “legal” y “promotora del desarrollo”.
Resulta que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (en honor a quien fuera dueño de Bancomer hasta la expropiación de 1982, y auspiciado por la Fundación Espinosa Rugarcía) convocó a “un grupo de (12) expertos reconocidos (para) la revisión metódica de la reforma energética” que en abril presentó el inquilino de Los Pinos a consideración del Legislativo.
Tras el minucioso análisis, dichos expertos (algunos, presentes en el debate organizado por el Senado de la República en su papel de defensores de tal iniciativa, y todos identificados con el gobierno de la “continuidad”, el panismo y la privatización “como único camino posible para el desarrollo nacional y el bienestar de los mexicanos”) calificaron el contenido y alcance de la “reforma” calderonista con un mediocre 6.34 (de 10 posibles), lo que sugiere que muchos de sus panegiristas no comparten en privado lo que en público defienden.
En resumen, se trata de una propuesta mediocre presentada por un gobierno ídem, de la que los expertos subrayan: “el diagnóstico es pobre y realizado por las partes interesadas, restándole credibilidad, (pues) no define cabalmente el problema”, ni atiende la falta de transparencia en Pemex, amén que “falta imaginación en la propuesta de soluciones” y deja fuera asuntos de obvia e inmediata atención, como la corrupción y el factor sindical. En este renglón, la calificación fue de 5.7 en una escala de 10.
Uno de los temas centrales de la “revisión metódica” fue el de la constitucionalidad de la “reforma” calderonista, y en este sentido los 12 expertos coincidieron en que “existen elementos en la iniciativa que probablemente den lugar a acciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver. Algunos evaluadores opinaron que para lograr una reforma completa y de efectos perdurables “no debían descartarse de antemano reformas constitucionales”, toda vez que la iniciativa calderonista propone, “por una parte, la participación privada en actividades de Pemex y, por otra, actividades llevadas a cabo por empresas privadas por cuenta y orden de Pemex”. Además, “no define qué es un contrato de desempeño, el cual no existe bajo tal denominación en la industria petrolera por lo cual no queda claro cuáles serían en todo caso los términos y las condiciones de los contratos previstos en la iniciativa. Al no definir los contratos de desempeño, la propuesta de reforma crea incertidumbre que podría dificultar su instrumentación”.
Sobre otros aspectos legales, los participantes otorgaron una calificación de 5.4, pues la referida iniciativa calderonista no define los llamados contratos de desempeño ni su constitucionalidad, y pone en duda la “congruencia con lo acordado en el TLCAN para los contratos de riesgo”… Cuando se planteó el capítulo energético del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el que están incluidos contratos con cláusula de desempeño, no hubo objeción y el Tratado fue ratificado”. La “reforma”, dicen, “es factible, pero se anticipan problemas jurídicos”. Sin embargo, “no tiene congruencia presupuestaria en el tiempo al no considerar las pensiones de los trabajadores, ni imprimir competencia que limite la merma de la renta petrolera. Inyectar recursos a Petróleos Mexicanos sin resolver el problema de las pensiones e incrementar competencia en el sector puede perpetuar las prácticas que han llevado a las ineficiencias de Pemex. Todo dependerá de que se encuentre otro yacimiento importante y costeable, y faltan parámetros claros de evaluación”.
No sólo eso, sino que “la iniciativa misma es uno de los planteamientos posibles y no es necesariamente el mejor… Se queda corta con respecto a lo que se necesita realmente hacer, y se reconoce que ello obedece al ambiente político de alta sensibilidad en el tema. En ese sentido, se indicó que la propuesta de reforma aporta pocos elementos que permitan evaluar la medida en la cual el interés nacional requiere que se mantengan las operaciones de transformación industrial de los hidrocarburos en manos del Estado. Hubo acuerdo en que las restricciones políticas son efectivas, que no hay mucho margen ni el consenso político necesario para avanzar en una reforma más ambiciosa. Sin embargo, se mencionó que se perdió una oportunidad al no haber incluido en la iniciativa de reforma diversos temas, toda vez que ya estaba presente el ambiente de desgaste político que la iniciativa habría de generar. Estos temas son, por ejemplo, el régimen fiscal de Pemex, la generación de un mercado competitivo en el sector, la creación de una nueva figura jurídica de empresa de Estado y reglas que blinden más eficazmente el manejo intergeneracional del valor de las rentas económicas petroleras, fortaleciendo el fondo de estabilización y creando sus reglas de inversión para los excedentes que ahí se manejen para generar bienestar a generaciones de mexicanos aún por venir. También hubo casi pleno consenso en el sentido de que muchos de los puntos de la iniciativa están en la dirección correcta, pero que sólo eran pequeños pasos y que se necesita una transformación mucho más profunda del sector en conjunto… La exposición de motivos de la iniciativa muestra una relación sumamente estrecha con el Diagnóstico que previamente presentaron la Sener y Pemex (los textos son idénticos). Esta coincidencia fue juzgada como negativa, pues parece que el diagnóstico fue realizado a modo de lo que desea realizar Pemex, e incluso se consideró como un error estratégico”, entre otros muchos.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, ni los de casa están de acuerdo. Todo indica que el síndrome Fox ha calado fuerte en el gobierno de la “continuidad”. Si esa “revisión metódica” la hubiera realizado antes de presentar la iniciativa al Legislativo, probablemente el inquilino de Los Pinos hubiera obtenido mejores resultados, pero decidió condenarla al sepulcro.
