El otro día, en Guanjuato, Elba Esther Gordillo llegó a una conclusión genial: “Solo, el gobierno no puede” dar educación a la población en edad escolar (La Jornada, 19/07/08), y por eso es deseable, según ella, que se aliente la participación de la iniciativa privada en la enseñanza. Una implicación curiosa del aserto es que el gobierno (el guanajuatense de Juan Manuel Oliva Ramírez o el nacional de Felipe Calderón) no cumple con la responsabilidad que le fija el artículo 3° de la Carta Magna, incumplimiento que, por lo demás, no es ninguna novedad, como no lo es su irrespeto a otros postulados constitucionales. Lo novedoso es que la virtual propietaria del sindicato magisterial justifique la irresponsabilidad gubernamental con un par de expresiones coloquiales: “Solo, no puede” y “no lo puede todo”.
“El Estado no lo puede todo”: pues no. No puede revivir a los 4 mil 500 muertos causados por el disparate de la “guerra contra la delincuencia” emprendida por Calderón, ni recuperar Texas y California, ni trasladar el territorio nacional a otro continente, entre otras innumerables imposibilidades. En cambio, puede, y tiene que, ejercer el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos marítimos; hacer efectiva la prohibición de los monopolios y de las exenciones de impuestos; organizar elecciones regidas por la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad; proteger la integridad de las tierras de los grupos indígenas; hacerse cargo de la seguridad pública; fijar salarios mínimos suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia; garantizar los derechos de todos los mexicanos a la educación, a la salud, a un medio ambiente adecuado, a una vivienda digna y decorosa, a no ser aprehendidos sin orden judicial, a mantener comunicaciones privadas inviolables, a no ser torturados.
La lista de incumplimientos a obligaciones constitucionales, buena parte de la cual le corresponde al gobierno federal –a éste y a los anteriores– es mucho más amplia. Ante ella, “el Estado no lo puede todo” no es sólo una solicitud de comprensión para las ineptitudes del pobrecito Estado solitario, sino uno de los argumentos centrales de la furia privatizadora en la que ha sumido al país la mafia enquistada en el poder: el sector público no puede hacerse cargo de operar tortillerías y fábricas de estufas, empezó diciendo el gobierno de De la Madrid en el inicio de esa oleada, y sonaba razonable. Un día de éstos, después de la deplorable palabrería invertida por el régimen calderonista para demostrar que la privatización de la industria petrolera no es privatización, nos dirán que las chambas de la seguridad pública y de las aduanas son excesivas para un gobierno tan ocupado, y que haríamos mejor en dejarlas en manos de Halliburton: modernizar y fortalecer.
Y a todo esto, ¿por qué no pueden los gobiernos estatales hacerse cargo de la educación, como dice Gordillo? Ah, porque no hay dinero. No lo hay, entre otras razones, porque el gobierno federal no cobra a las grandes corporaciones los impuestos que tendrían que pagar (La Jornada, 18 y 19/07/08), porque las autoridades estatales (estado de México, Colima, Durango, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Yucatán, Nuevo León, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas) desvían los recursos del fondo educativo (Reforma, 21/07/08). El año pasado, por ejemplo, mil 178 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) fueron usados para pagar a 6 mil 152 empleados comisionados al sindicato de Gordillo, “de los cuales el 50 por ciento no tenía autorización de las secretarías de Educación estatales”; en el caso de Tamaulipas, 244 maestros fueron comisionados al SNTE “sin solicitud por parte de la sección sindical, ni los oficios personalizados de autorización”, con cargo al erario por más de 57 millones de pesos. Pues no: así no puede.
“No somos gente mañosa ni tramposa”, dijo también Gordillo en su declaración de Guanajuato.
