Tal vez la sesión del pasado jueves 17 en el Senado haya batido récord por la cantidad de trapos sacados al sol. De este proceso de análisis y debate, en torno al proyecto de cambios legales relacionados con Pemex, y enviados por el gobierno federal, ha habido otras sesiones que destacaron, por ejemplo, por el amplio consenso de quienes presentaron ponencias contra algunos aspectos de esa iniciativa legal. Pero ahora fue toda la exhibición de ilegalidades en, o en torno a, Pemex.
Un caso muy visible fue el de “perdonar” o devolver impuestos a empresas gigantes, que acaban pagando cantidades ridículas, y luego “tapar el hoyo” con dinero de Pemex. Ahora se planteó en el Senado, y hace como dos semanas se presentó una ponencia con contenido similar ante el foro que se celebra en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Otras ponencias se refirieron a contratos que al final triplican su costo, alquiler a trasnacionales de equipo viejo y a precios inflados; retraso de dos años para reconfigurar una refinería, pero duplicando el precio originalmente pactado, sin sanciones para la empresa por el retraso y sin que se hayan fincado responsabilidades.
Otra empresa rentó al mismo tiempo tres plataformas petroleras por cinco años (con ese tiempo se compraría más de lo que se renta) a dos empresas brasileñas y a Pemex, pero a esta última se le envió la más pequeña cobrándole 300 millones de dólares de más. Y así sucesivamente.
Al mismo tiempo, seguían publicándose, el mismo día, informes sobre los 108 contratos de una empresa de la familia Mouriño con Pemex. Y se sumaban los ejemplos en el Senado, como el pago a Repsol, en la cuenca de Burgos, de 125 por ciento de costos indirectos. Para quien quiera más detalles, en este diario el jueves pasado se publicaron cuatro amplios artículos y dos grupos de títulos y subtítulos en la primera plana.
Quiero ahora referirme a las principales partes de la citada iniciativa de reformas legales sobre Pemex que tienden a facilitar este tipo de acciones ahora ilegales y a “legalizar” buena parte de ellas. Insisto en que sólo hablamos de los cambios que se quieren hacer y tienen este sentido o este resultado.
Nos referimos en todos los casos a la Ley Orgánica de Pemex, que se plantea que se promulgue. Veamos partes del artículo 45:
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, bajo su responsabilidad y previo dictamen correspondiente, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en los casos siguientes:
“II. Los servicios de evaluación de riesgos, coberturas y servicios financieros, siempre y cuando dichas operaciones se realicen en condiciones competitivas de mercado y privilegiando la confiabilidad y especialización en el ramo de que se trate;
“IV. En el caso de refaccionamiento o servicios relacionados con la instalación, mantenimiento o conservación de equipos industriales del fabricante original del equipo o maquinaria, a fin de mantener la garantía técnica del mismo.”
Y numerosos casos más. Adjudicaciones directas de contratos, por caros que sean. Evítese las molestias, se diría al alto funcionario, de que lo vuelvan a sorprender “arreglando” concursos. Adjudique directamente.
Ahora, el artículo 46:
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes, y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo.” Esto facilita pagar de más a las empresas, claro, a cambio de su agradecimiento.
Veamos ahora el artículo 37:
“Petróleos Mexicanos contratará en favor de los miembros del consejo de administración y del director general, los seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que llegaren a causar a dicho organismo y sus organismos subsidiarios.”
Por si fuera poco la impunidad ya establecida, se agrega esta protección contra “daños y perjuicios que llegaren a causar a dicho organismo y sus organismos subsidiarios”. Se les protege contra delitos o faltas que las leyes “normales” penalizan o sancionan.
El legislador que llegara a votar en favor de esta iniciativa gubernamental estaría ayudando a legalizar, entre otras, las acciones indefendibles que fueron hechas públicas el jueves y antes de ese día. Quiero señalar que estos propuestos cambios a las leyes están dentro de las Trece líneas rojas que hizo públicas el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, como aquellos puntos inaceptables del citado proyecto.
