Ayer, en su exposición en el foro senatorial sobre la reforma petrolera privatizadora propuesta por el actual gobierno, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó un diagnóstico demoledor e indignante que deja al descubierto la inmoralidad, la ineficiencia y el desorden que imperan en la administración de Pemex: opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, incoherencias entre el plan de negocios de la paraestatal y el Plan Nacional de Desarrollo, relación turbia con la dirigencia charra que controla el sindicato de trabajadores petroleros y completo descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas de Pemex. Asimismo, el funcionario puso el dedo en la llaga al señalar que en vez de elaborar planes para seguir exprimiendo a la industria petrolera de propiedad nacional, el gobierno calderonista tendría que mejorar la eficiencia de la recaudación, ampliar el padrón de causantes, incorporar a éste el sector informal, combatir el contrabando, reducir los regímenes especiales y simplificar la tramitología hacendaria.
Los señalamientos del auditor sobre la opacidad con que se maneja la relación entre Pemex y sus contratistas privados se comprueba plenamente con el fallo emitido antier por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el que se ordena a la dirección de la paraestatal que haga públicos los 108 contratos firmados con empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y que realice una “búsqueda exhaustiva” de documentos de esta clase. Como se recordará, tanto la administración de Pemex, encabezada por Jesús Reyes Heroles, como el propio Mouriño, habían asegurado en distintos momentos que los únicos contratos entre ambas partes eran los 16 que dio a conocer hace unos meses el dirigente del movimiento en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de que esta relación inescrupulosa siga deteriorando la credibilidad del gobierno calderonista e inhabilitando en la práctica a Mouriño como un funcionario confiable, lo dicho por González de Aragón y la resolución del IFAI representan serios reveses adicionales a la pretensión del gobierno en turno de entregar a corporaciones privadas, a contrapelo del artículo 27 constitucional, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la perforación, y de presentar tales privatizaciones como parte de un esfuerzo por “fortalecer a Pemex”.
Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir ayer en la demanda de que se apruebe su iniciativa de reformas legales, esta vez con el argumento de buscar una “soberanía energética” que se vería gravemente vulnerada precisamente si llegara a aprobarse su propuesta, en la medida en que con ella se otorgaría al menos parte del control de los hidrocarburos a los grandes consorcios energéticos trasnacionales.
Por añadidura, el gobernante afirmó que “producir más y mejor petróleo, gas, gasolinas, petroquímicos o refinados” es un “propósito que todos compartimos”, lo cual es falso: desde que el desaparecido Heberto Castillo señalara, hace tres décadas, los peligros de hacer depender las finanzas públicas de la exportación petrolera y la improcedencia de depredar reservas de hidrocarburos que pertenecen también a las próximas generaciones de mexicanos, muchos conocedores del tema se han manifestado en contra del incremento de la producción de crudo, incremento que no tiene más razón que satisfacer los siempre crecientes apetitos presupuestales de una burocracia cupular acostumbrada al derroche, de una dirigencia sindical antidemocrática y jurásica y de una casta de contratistas privados –de la que forman parte los Mouriño– siempre ansiosa de nuevas oportunidades de negocio. En cambio, los astronómicos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y de los altos precios mundiales del crudo no se han traducido en una mejora perceptible en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, en una reactivación económica ni en una consolidación de las perspectivas de desarrollo del país.
Significativamente, Calderón formuló tales declaraciones acompañado por Carlos Romero Deschamps, su aliado político y cabeza del clan sindical que ha medrado con la opacidad y la corrupción de Pemex.
En suma, en el foro senatorial que está por concluir ha quedado de manifiesto que, antes que tocar los fundamentos jurídicos de la industria petrolera nacional, el gobierno debe poner en marcha una política recaudatoria fiscal mínimamente justa y equitativa –cobrar impuestos a las grandes empresas–, combatir la devastadora corrupción que campea en sus oficinas y establecer una administración eficiente y honesta en Petróleos Mexicanos. En ausencia de tales acciones, la iniciativa enviada al Senado el pasado 8 de abril carece de credibilidad y, como se ha visto durante el debate en curso, de argumentos sólidos y presentables.
