El destino de la reforma energética debió haberse resuelto en un referéndum. El Ejecutivo debió presentar desde el principio su iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, que permitiría la inversión privada nacional y extranjera en Pemex. Debió defender sin dobleces su propuesta. La oposición debió cuestionar la iniciativa. Debió haber un amplísimo debate en el Congreso y en los medios. Al final, las diferencias entre las dos posiciones debieron resolverse consultando a los ciudadanos. De esa manera se hubieran decidido los alcances de la reforma y se habría resuelto en definitiva el conflicto político.
En vez de ese camino, se ha recorrido el contrario. No estar dispuesto a dar la cara por lo que se cree. Afirmar que habría iniciativas, para después negarlo y al final cambiar de nuevo de opinión. Negarse al debate en el Senado, para terminar aceptándolo. Controlar los medios y repartir dinero en grandes cantidades, para después quejarse de que la oposición hace propaganda.
Todos los argumentos que ha dado el régimen para oponerse a la consulta sobre la reforma energética se le han venido abajo. Que no lo permite nuestra Constitución, cuando el propio PAN introdujo la iniciativa de reforma para establecer las figuras de democracia directa y podría haberlas impulsado meses atrás, y cuando el artículo 26 habría permitido al Ejecutivo convocar a una consulta no vinculante. Que si el FAP hacía la consulta estaría sesgada, cuando se les ofreció que el FAP pararía su consulta si el PAN (y el PRI), decidían participar en ella y cuando los partidos del FAP han entregado la autoridad de la consulta a un consejo ciudadano y a unos auditores ciudadanos independientes.
El gobierno no sólo ha errado en sus posicionamientos, sino también en su estrategia de negociación. Primero, al nombrar a Juan Camilo Mouriño secretario de Gobernación, encargado de la negociación de la reforma energética, cuando se sabía de sus conflictos de interés. Posteriormente al dejar a Santiago Creel la negociación, para después defenestrarlo. Más tarde al nombrar a Gustavo Madero, con su apuesta a la división de la bancada priísta, para concluir con el te uso (para la reforma) y te tiro (para 2009).
En un asunto tan desgastado y revuelto, la mejor apuesta es a favor del veredicto de la opinión pública. Que los ciudadanos opinen y puedan influir en la decisión final. Es preferible una consulta que carezca de organización y recursos materiales, a la cerrazón con la que responde el régimen a un 80% de ciudadanos que quieren ser consultados. La oposición a la consulta del 27 de julio tiene una explicación sencilla: el régimen sabe que perdió la batalla de la opinión. Que su reforma no cuenta con la confianza de la sociedad. Su temor a ser acusados de privatizadores, les impidió ganar la iniciativa. Su temor a la opinión contraria, ha hecho que ésta crezca.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista
