jueves, 31 de julio de 2008

Opinión de Octavio Rodríguez Araujo en La Jornada

La consulta

Un plebiscito es, de acuerdo con Gladio Gemma (en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino, Diccionario de política, Siglo XXI Editores), una votación popular sobre temas de relevancia constitucional. Es una de las formas conocidas de democracia directa. Es sinónimo de referéndum. Se acepta, generalmente, que éste es de legitimidad jurídica en tanto que el plebiscito es más de legitimidad política. Empero, según destacan Martínez Silva y Salcedo Aquino (Diccionario electoral, INEP), el plebiscito es por etimología una resolución del pueblo. Es, pues, una consulta popular, y no tenemos que discutir mucho el concepto.

La consulta del domingo pasado fue eso: una consulta y el pueblo se pronunció. Sus organizadores han dicho que participaron un poco más de un millón y medio de ciudadanos. Lo acepto. Esto quiere decir que alrededor de 2 por ciento de los mexicanos en edad de votar participaron, ligeramente menos que quienes participaron en la consulta de 1995, promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta última tuvo más éxito que la del domingo pasado, pues se hizo con escasísimos recursos y más que todo con el entusiasmo de la gente, en tanto que en la del domingo hubo apoyos partidarios y gubernamentales (de los partidos del Frente Amplio Progresista y sobre todo del Gobierno del Distrito Federal).

Sin embargo, a diferencia de la consulta zapatista de 1995, en la relativa al futuro de nuestros energéticos hubo una masiva contrapropaganda desde los gobiernos estatales (no perredistas) y federal, además de oposición de los principales medios y sus plumas de derecha, pagadas o voluntarias. La consulta zapatista no tuvo oposición generalizada, aunque sí fue ignorada por las fuerzas reales del poder en México. Esto también hace una diferencia: si los gobiernos panistas y priístas (y sus cajas de resonancia conocidas como televisión y radio) hubieran ignorado la consulta promovida por el Frente Amplio Progresista y algunos gobiernos perredistas, lo más probable es que hubieran acudido más votantes. La otra cuestión fue la redacción de las preguntas, poco clara para muchísima gente, error que cometieron también los zapatistas en las preguntas 4 y 5 de la consulta ya mencionada. En los dos casos se prestaron a confusiones.

Con todos sus defectos y a pesar de la contrapropaganda, sobre todo gubernamental y panista (lo mismo), la expresión popular se manifestó el domingo pasado y, como correctamente encabezara La Jornada en su primera plana del 28 de julio, el no fue y es una realidad, el no a la privatización del petróleo.

Los que estuvieron a favor de que se privatice de una u otra manera también tuvieron oportunidad de expresarse, fueron a las urnas y perdieron. En la democracia, como sabemos todos, se gana o se pierde incluso por un voto. Perdieron los que están de acuerdo con las iniciativas gubernamentales sobre la materia y, en cierto sentido, también los del Revolucionario Institucional.

Se dirá que participaron pocos, que el 2 por ciento de la ciudadanía es una cantidad muy pequeña, poco significativa. Lo es, pero no menos cierto es que pudieron participar todos los 76 millones de mexicanos en edad de votar, pero no lo hicieron. ¿El que calla otorga? Con toda la pena, así es la democracia: de la misma manera que un candidato único, en un sistema pluripartidista, puede ganar con un voto (el suyo propio), en este caso el no ganó con pocos votos, y en ambos casos no está en cuestión la democracia, sino que los partidos de oposición no presentaran candidatos (elección presidencial de 1976) o que los ciudadanos no quisieran asumir su derecho a participar políticamente (27 de julio de 2008).

Por lo demás, no es de dudarse que la gente del gobierno federal y sus partidarios hubieran querido que perdiera el no, y hasta es probable que invitaran (bajita la mano) a pronunciarse por el sí Si lo hicieron, la población no les respondió. Si no lo hicieron se equivocaron al subestimar la consulta. Y se equivocaron porque con “poca” participación y todo lo que se quiera, quienes asistieron a las urnas votaron en mayoría por el no. Los que se abstuvieron y se quedaron en su casa o desdeñaron la invitación cometieron el error de todos los abstencionistas: dejar que los que sí participan decidan por ellos.

Cierto es, como ha señalado Carlos Payán, que la consulta del domingo no es vinculatoria para hacer obligatorio que los resultados se acaten, es sólo indicativa. Éste es el principal dato y la primera lección de la consulta que queda ahora en manos de la representación política. Ignorarlo sería irresponsable o querer hacerle al tonto. Hay una voluntad expresada a partir de una convocatoria.

Quien no quiso votar está otorgando y aceptando a priori los resultados. Ni “es estéril” (Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador de Guanajuato), ni es “información adicional a la mucha con la que se cuenta” (Georgina Kessel, secretaria de Energía). Es una consulta que el gobierno federal debió haber impulsado (pues es de interés de la nación), pero no lo hizo como otras tantas cosas que debería hacer si de veras le interesara la opinión del pueblo y la democracia.