Terminaron ayer los 21 foros organizados por el Senado de la República para analizar y debatir la propuesta de reformas legales enviada por el Ejecutivo federal para abrir la industria petrolera nacional al capital privado. En días recientes, la realización de tal ejercicio de reflexión, por demás imprescindible, fue motivo de encomio por parte de prácticamente todos los sectores políticos e institucionales del país, incluidas la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. No debiera olvidarse, sin embargo, que la realización del debate senatorial fue impuesta en abril pasado por una movilización ciudadana que fue, en ese momento, descrita por el oficialismo y sus aliados priístas como un “desafío antidemocrático de una minoría sin proyecto de futuro” y como una “siembra de odio, división y cizaña”. Andrés Manuel López Obrador, dirigente del movimiento en defensa del petróleo, fue comparado con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta por haber “clausurado el Congreso”, en un espot realizado por panistas y filopanistas y difundido en el noticiario estelar de Televisa.
Cabe recordar que, ante las muestras de rechazo popular generadas por la presentación de las iniciativas del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, el coordinador de los diputados blanquiazules, Héctor Larios, se manifestó por “solicitar el auxilio de la fuerza pública” contra tales manifestaciones y el priísta Francisco Labastida Ochoa opinó que no se requería de mucho tiempo para poner a debate la pretendida reforma porque el del petróleo es “un tema conocido que se ha discutido durante muchos meses y años”.
Sin embargo, en los foros mismos ha quedado demostrada la necesidad del debate, lo poco informada que estaba la propia clase política, de los contenidos e implicaciones de la propuesta privatizadora calderonista, así como la improcedencia de aprobar al vapor –como se pretendía– una reforma que trastocaría de manera grave e irremediable la conformación misma del México contemporáneo. El mérito por haber obligado al Legislativo a hacer bien su trabajo, a escuchar las distintas voces y a ventilar un tema en el que están implicados, además, asuntos de soberanía nacional, de política fiscal, de manejos del dinero público y de horizontes de desarrollo, corresponde a un movimiento ciudadano que, desde las calles, detuvo, por primera vez en la historia, un intento de albazo para aprobar una iniciativa presidencial y logró que sus representantes en Xicoténcatl y San Lázaro actuaran en consecuencia e impidieran, mediante la toma de las tribunas de ambos recintos, la disolución de la propiedad pública más importante del país.
En el curso de los foros que concluyeron ayer se pusieron de manifiesto dos clases contrastadas de discursos: los del gobierno y sus adherentes, por una parte, han sido abundantes en descalificaciones personales, repeticiones de frases huecas (“fortalecer a Pemex”), peticiones de principio (es necesario incrementar la producción petrolera) y hasta en argumentos tan disparatados como la fábula oficial del “tesoro escondido en aguas profundas”. Las intervenciones a favor de la reforma pretendida se han enredado en las inconsecuencias del propio gobierno, el cual ha intentado, en todo momento, negar que la apertura de la industria de hidrocarburos a la inversión privada signifique una privatización.
Quienes se oponen a la reforma en los términos en que fue formulada por Calderón Hinojosa han sido, en cambio, prolijos en hechos, cifras y reflexiones de alcance general; han realizado una crítica demoledora de la iniciativa en los terrenos jurídico, económico, técnico, político, financiero, institucional y social, y han obligado a poner atención en el verdadero fondo del empeño privatizador: la creciente dependencia del grupo gobernante de los recursos procedentes de la factura petrolera, sus compromisos con intereses financieros e industriales trasnacionales y la prisa por permitir que el alza actual de las cotizaciones de los hidrocarburos en los mercados internacionales se convierta en oportunidades de negocio para consorcios energéticos extranjeros y para sus gestores locales. Una excelente síntesis de las razones por las cuales la iniciativa debe ser rechazada se encuentra en el documento Las 13 líneas rojas de la reforma, elaborado por el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo y publicado el pasado día 16 en estas páginas.
La sociedad ha conseguido una victoria adicional a las referidas, que es la realización de la consulta ciudadana que comenzará el domingo próximo, y que dará oportunidad a la población en general de manifestar su acuerdo o su rechazo con la entrega de los segmentos principales de la industria petrolera a manos privadas. Denostada en un principio, al igual que la exigencia del debate en el Senado, y calificada de “ilegal” por la Secretaría de Gobernación, esa consulta ha ido ganando legitimidad hasta el punto de que hoy el partido en el gobierno difunde propaganda en la que invita, de manera velada, a participar en ella. En suma, y al margen de lo que ocurra en las semanas y meses próximos con la iniciativa calderonista o con posibles sucedáneos, los foros que concluyeron ayer, su gestación y su continuación en el ejercicio ciudadano que empieza el domingo constituyen logros democráticos inestimables para el país.
