Durante la última década la sociedad mexicana ha exigido transparencia en el manejo de los recursos públicos y el combate enérgico a la impunidad. Para tal efecto se ha ampliado la legislación sobre el derecho a la información que obliga a las instituciones públicas proporcionarla y a establecer institutos de acceso a al información. La consecución de la transparencia y el fin de la impunidad son acciones críticas para que los recursos públicos sean usados en beneficio del público y para el fortalecimiento de las instituciones públicas. Inclusive ha llegado a ser una propuesta central de los Bancos Mundial y el Interamericano de Desarrollo para la Segunda Generación de Reformas a raíz de la corrupción e ineficiencia detectadas en las reformas privatizadoras. El combate a la corrupción es un tema de la ética en la función pública pero es ante todo esencial para recuperar miles de millones de pesos y para proporcionar los beneficios a los que tienen derecho los ciudadanos. Por ello, es un tema central de política social.
El incremento del presupuesto del sector salud, particularmente al Seguro Popular (SP) se presenta como un gran logro de la política de esa área. Sin embargo, visto desde el ángulo de la transparencia y la impunidad de los funcionarios que lo manejan, aparecen problemas graves que han sido denunciados por ciudadanos y confirmados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En noviembre de 2006 un grupo ciudadano pidió información a la Secretaría de Salud (SSa) sobre la contratación de un sistema de credencialización de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a Image Technology. Desde la primera solicitud ha sido nula la disposición de la SSa de proporcionar la información solicitada y en 12 ocasiones los solicitantes han tenido que quejarse ante el IFAI, que ha resuelto a su favor.
En mayo de 2007 la Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el presunto daño patrimonial por 368.5 millones de pesos en esta contratación; denuncia que fue ampliada en diciembre de 2007 por un incremento en el contrato en 24.9 millones de pesos, así como por el monto de 558.6 millones de pesos de otro contrato en 2006. Es decir, entre ambos contratos el monto asciende a 952 millones de pesos. A pesar del tiempo trascurrido la SFP no ha dictaminado el caso y los titulares en turno de esta secretaría, Germán Martínez y Salvador Vega, han encubierto a los altos funcionarios.
La impunidad continúa a pesar de que la ASF confirma graves irregularidades en el cumplimiento del contrato de la CNPSS con Image Technology en su revisión de la Cuenta Pública de 2006, hecha pública en mayo de este año. En su auditoría no encontró evidencias de la correcta entrega de los bienes contratados ni la documentación probatoria requerida.
En cambio, están las pruebas de que la Comisión pagó 443.7 millones de pesos a esta empresa entre abril de 2006 y mayo de 2007 a cuenta del contrato de 2006. Además había pagado a esta empresa 119.4 millones de pesos en diciembre de 2005 y marzo de 2007 correspondientes al contrato de 2005. Por tanto, el Seguro Popular ha pagado, por medio de la CNPSS un total de 553.1 millones de pesos por servicios tecnológicos y credenciales sin utilidad ninguna. La ASF no relata que el contrato de 2006 estaba bajo investigación por la SFP y que se rescindió anticipadamente dos días después de un pago por 104.0 millones de pesos.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2005 la ASF ya había encontrado anomalías serias en el ejercicio de los recursos del SP. Todavía hoy, dos años y medio después, están en investigación 327 millones de pesos de cuotas, que el SP debería haber pagado a las entidades federativas y la documentación probatoria de otros 1,116 millones de pesos. Además sin mayor explicación la ASF dio por buena la aclaración sobre el déficit de 11,560 millones de pesos para prestar los servicios ofrecidos en el SP.
Las irregularidades y la probable corrupción han quitado al presupuesto de salud casi dos mil millones y están en la impunidad absoluta los funcionarios responsables. La nueva legislación y las nuevas instituciones no han cambiado nada respecto de la corrupción y la impunidad, pero nos cuestan mucho dinero a cargo del gasto social.
