Hay malas noticias para el campo mexicano. El Congreso de Estados Unidos recientemente aprobó la Ley de Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008, conocida como Farm Bill. El 15 de mayo pasado los legisladores de ese país autorizaron un presupuesto de casi 300 mil millones de dólares para programas agrícolas y de ayuda alimentaria hasta el año 2012. Destinarán, en promedio, alrededor de 60 mil millones de dólares anuales a estas actividades.
La desigualdad de los recursos destinados al agro en ambos países es abismal. Y ello es malo para México porque sus relaciones comerciales agrícolas no son de cooperación y complementación comercial, sino de competencia.
Los apoyos que reciben los grandes agricultores y compañías agroindustriales en ese país les permitirán seguir conquistando el mercado mexicano, que antes era abastecido por los productores nacionales, y evitar que los mexicanos sean competitivos en territorio del Tío Sam.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 acordado en México es de alrededor de 250 mil millones de dólares. Esto significa que el gasto rural y de apoyo a la nutrición de nuestro vecino del norte será equivalente a poco menos de una cuarta parte de todo el dinero destinado al funcionamiento del Estado mexicano.
A pesar del enorme déficit fiscal que sacude la administración pública estadunidense, y de vivir una época de gran prosperidad gracias a los altos precios de los productos agrícolas, la nueva ley agrícola fue apoyada tanto por el candidato demócrata Barak Obama como por el republicano John McCain.
La Farm Bill 2008 destinará alrededor de 43 mil millones a subsidios agrícolas para el cultivo de arroz, algodón, caña de azúcar, maíz, soya, trigo, entre otros. Según Chuck Connor, secretario de Agricultura de Estados Unidos, las subvenciones aprobadas en esta legislación “incrementan las distorsiones al comercio en 17 de los 25 productos que abastecemos”.
La ley mantiene los altos subsidios a la fabricación de etanol a partir del maíz, desviando la cuarta parte de su cosecha a este propósito. Entre las consecuencias inmediatas de esta medida está incrementar el precio del grano y el de la carne de pollo y res. Además, presiona a reconvertir los terrenos sembrados con pastos nativos en maizales, lo cual destruirá importantes hábitats que son el hogar de numerosas formas de vida silvestre en peligro de extinción.
La ley agrícola incrementa los precios de apoyo a la caña de azúcar y garantiza que 85 por ciento del mercado doméstico sea abastecido por la producción local. El gobierno desembolsará para ello 130 millones de dólares al año y los consumidores deberán pagar alrededor de 2 mil millones de dólares anuales más por el azúcar que consuman. Simultáneamente se limitan las posibilidades de que otras naciones sembradoras de caña exporten el dulce a Estados Unidos.
La norma no sólo incrementa los subsidios que ya recibían productos, sino que otorga subvenciones a otros nuevos. Los productores de espárragos, por ejemplo, recibirán 15 millones de dólares. Los criadores de caballos de carrera de Kentucky tendrán exenciones fiscales por 93 millones de dólares.
La nueva legislación aprobó también 23 mil millones de dólares por concepto de ayudas para asegurar las cosechas. Mientras la inmensa mayoría de los productores mexicanos –y del resto del mundo– deben afrontar solos la incertidumbre del mal tiempo o de las plagas o, si tienen suficiente capital, contratan con su dinero seguros para resguardarse de posibles desgracias, los agricultores estadunidenses recibirán de su gobierno los recursos para hacerlo.
En un momento de hambrunas, la Farm Bill 2008 no ayudará a combatir el hambre en el mundo. Menos de uno por ciento del presupuesto se destinará a proporcionar ayuda alimentaria a otras naciones. Además, la mayoría de la que se otorgue deberá ser adquirida de productores estadunidenses y trasladada en transportes que pertenezcan a compañías de Estados Unidos, lo cual permitirá librarse de superávits y erosionar los mercados y la capacidad de producción locales. Los recursos acordados para compras en efectivo por este rubro fuera de este país son de apenas 15 millones de dólares.
Contra lo que pudiera suponerse, los subsidios agrícolas no están dirigidos exclusivamente hacia los agricultores familiares. Pueden recibir pagos directos aquellas personas que hayan obtenido ingresos agrícolas hasta de 750 mil dólares anuales, o hasta de millón y medio de dólares, en caso de que se trate de un matrimonio de granjeros. Presentadores de televisión como David Letterman y herederos como David Rockefeller, que tienen granjas, recibirán estos recursos.
La Ley de Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008 será una catástrofe para el campo mexicano. Sin políticas de protección comercial para defender a los productores nacionales, la competencia por los mercados agrícolas será mayor y más desigual.
La única veladora que los funcionarios agropecuarios y comerciales mexicanos prendieron fue para que se alcanzara un acuerdo internacional agrícola que baje los subsidios en el marco de la ronda de Doha. Pero esa veladora se apagó. No habrá acuerdo. Ahora no tienen dispuesto plan alternativo alguno.
¿Qué ha hecho la Secretaría de Agricultura para enfrentar lo que la revista The Economist llamó “la cosecha de la desgracia”?
Alberto Cárdenas, el encargado del despacho, declaró tímidamente, a comienzos de este año, junto a su colega canadiense, que la nueva ley tendría consecuencias negativas para el comercio regional. Pero fuera de eso no se conoce crítica o protesta alguna, mucho menos medidas para blindar a los productores nacionales.
¿Qué ha hecho el Congreso de la Unión? Que se sepa, nada.
Vivimos una grave crisis alimentaria mundial. La nueva Farm Bill agravará sus efectos en México. ¿Se darán cuenta de ello nuestros políticos?
