Las imágenes difundidas por el diario guanajuatense El Heraldo de León, en las que se observa a elementos del Grupo Especial Táctico (GET) de esa ciudad torturar a algunos de sus compañeros bajo las instrucciones de un extranjero, dan cuenta de una situación ilegal, inhumana, vergonzosa y condenable, que se agrava con los ominosos intentos de justificación que las autoridades locales han proporcionado al respecto.
Diversos funcionarios del ayuntamiento leonés –emanado de las filas de Acción Nacional– han desestimado las críticas suscitadas por la difusión de esas imágenes y aseguran que se trata de un “curso” establecido desde 2007 para preparar a los efectivos de la corporación ante “situaciones extremas”. El secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Álvar Cabeza de Vaca, llegó al colmo de afirmar que en estos hechos “no hay ninguna violación de garantías individuales”, que tales prácticas son necesarias para combatir al crimen organizado con “táctica e inteligencia” y que las condiciones de dicha instrucción fueron aceptadas por todos los elementos participantes, quienes “sabían de qué se trataba”. En tanto, el alcalde de León, Vicente Guerrero Reynoso, añadió que si bien los policías reciben entrenamiento en “tácticas de tortura”, éstas no son para aplicarse con la ciudadanía, sino “para que ellos puedan resistir y hacer frente a esas situaciones”, y el director general de la policía municipal de la capital guanajuatense, Carlos Tornero Salinas, afirmó que se trata de “sensibilizar a los oficiales” a fin de que éstos dejen “de vivir en fantasías”, “maduren” y eviten caer abatidos por los criminales.
Tales afirmaciones, sin embargo, pasan por alto un elemento central que es motivo de alarma e indignación: que una corporación legal, como es la policía de León, no puede incurrir en prácticas ilegales y mucho menos institucionalizarlas entre sus miembros. Cabe recordar que la tortura es, en cualquiera de sus expresiones y sin importar a quién se le aplique, tipificada como un delito en los ámbitos estatal y federal, y proscrita por la legalidad internacional en acuerdos de los que nuestro país es signatario.
Por lo demás, el cinismo exhibido por las autoridades leonesas ante una flagrante violación a la legalidad, a la vigencia del estado de derecho y a las consideraciones humanitarias más elementales, da cuenta del cariz autoritario e irrespetuoso de las garantías individuales del grupo que detenta el poder. El “curso” del GET y sus justificaciones recuerdan, de manera inevitable, los vericuetos conceptuales elaborados por el gobierno de George W. Bush para legalizar la tortura en Estados Unidos mediante regresiones judiciales que permiten, entre otras cosas, la aplicación de tormentos “moderados” a ciudadanos de cualquier país que sean discrecionalmente considerados “combatientes enemigos”, y cuyo reflejo más atroz –pero no el único– es el trato infrahumano que han recibido los prisioneros de guerra en las cárceles de Guantánamo y de Abu Ghraib.
La presente administración federal –carente de una política en materia de derechos humanos– no sólo no ha sancionado los abusos de servidores públicos perpetrados durante el gobierno anterior, sino que ha permitido que se susciten otros, muchos de ellos cometidos por elementos policiales y militares en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. El hecho del que se da cuenta en los videos referidos revela, por añadidura, que algunas autoridades del país no sólo toleran la comisión de la tortura sino que la propician, al proporcionar la capacitación para llevarla a cabo. Con ello, adicionalmente, se otorga la razón a organismos humanitarios como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han calificado como “desolador” el panorama de México en materia de derechos humanos y han denunciado la persistencia –al amparo de la impunidad– de prácticas tan deleznables como las desapariciones forzadas y la propia tortura.
En suma, un gobierno que permite, tolera y promueve la comisión de delitos graves y que pretende justificarlos con argumentos como los mencionados es sencillamente impresentable ante el conjunto de la sociedad. Cabe exigir, pues, que las autoridades correspondientes no pasen por alto estas prácticas atroces y que las eviten, en lo sucesivo, conforme a las normativas nacionales e internacionales.
