El informe Estímulos fiscales para el fomento de la investigación científica y la tecnología en México, elaborado por la Academia Mexicana de Ciencias, da cuenta del favoritismo con que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante su programa de estímulos fiscales (PEF), ha beneficiado a corporaciones trasnacionales con grandes sumas de recursos públicos, sin que ello se traduzca en fomento a los “proyectos de investigación y desarrollo tecnológico”, y sí, en cambio, en una gran oportunidad de negocio para esas compañía, que “usan ese programa como una manera de evadir impuestos”.
Como botón de muestra, debe mencionarse que las cuatro principales empresas beneficiarias del PEF –Controladora General Motors, Chrysler de México, L.C. Terminal Portuaria de Contenedores y Volkswagen de México– sumaron mil 58 millones de pesos durante 2007, cifra equivalente a 24 por ciento del total del programa, que fue de 4 mil 500 millones de pesos. Para ponderar la importancia de tal monto, ha de señalarse que supera en 400 millones de pesos a la cantidad que el propio Conacyt ejerció el año pasado para el desarrollo de la ciencia básica de todo el país.
Paradójicamente, el sostenido incremento en los recursos destinados al programa –de 415 millones de pesos en 2001, año en que inició el programa, a 4 mil 500 en 2007– se ha dado en forma paralela a una caída en el registro y solicitud de patentes mexicanas, rubro en el que nuestro país se mantiene por debajo de los estándares internacionales: para 2006 la cifra subió a 15 mil, un incremento raquítico si se toma en cuenta que casi tres décadas atrás, en 1977, se solicitaron 10 mil 531; asimismo, el índice de crecimiento de éstas bajó de 2 por ciento en 2002 a 1.4 en 2006.
Los datos mencionados revelan, por un lado, el nulo compromiso con el desarrollo tecnológico del país por parte de las corporaciones beneficiarias –que en el PEF sólo ven oportunidad de negocio– y, por el otro, la falta de capacidad, o de voluntad, de las autoridades para fiscalizar el empleo de esos recursos en un país en el que rubros esenciales para el desarrollo, como la educación pública, se encuentran en situación de abandono.
Por lo demás, esta circunstancia es una contravención mayúscula al sentido original del Conacyt, que tiene entre sus metas el “consolidar un sistema nacional de ciencia y tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población”, y en cuya Ley Orgánica se consagra como una de sus obligaciones el “impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional”. Por el contrario, la forma parcial y tendenciosa en que se han otorgado los recursos del PEF contribuye a agrandar la brecha entre México y el extranjero en materia tecnológica –al subsidiar a empresas que cuentan con grandes inversiones, en perjuicio de sectores que sí necesitan ese estímulo–, merma las expectativas de avance en esa materia y condena al país a seguir dependiendo de la importación de conocimiento científico y tecnológico, en vez de crear condiciones para generarlo en el ámbito nacional.
Por añadidura, este manejo de los recursos públicos es indicativo de la orientación de los gobiernos federales panistas, cuyo propósito, durante los ocho años en que el blanquiazul se ha mantenido en el poder, ha sido servir a los intereses trasnacionales, aunque ello implique desatender las necesidades del país. En esencia, la misma actitud que ha privado en el reparto de subsidios por conducto del PEF del Conacyt puede observarse también en la iniciativa de reforma petrolera, comprometida con los intereses de los gigantes energéticos trasnacionales, y en la política fiscal del actual gobierno, que se ensaña con los sectores productivos y los pequeños contribuyentes y da trato de privilegio a los grandes capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. En suma, la situación descrita constituye una radiografía de la orientación general y de las prioridades de un gobierno ceñido a los designios y a los intereses de los grandes grupos empresariales, ajeno a las necesidades del desarrollo de México y a la urgencia de resolver los exasperantes rezagos sociales que padece el país.
